A medida que los marcos regulatorios en Estados Unidos, Europa, Asia y el Golfo se desarrollan y comienzan a converger en su tratamiento de los activos digitales, los inversores están replanteando no solo la asignación de activos, sino también su domicilio legal. La cuestión ya no es únicamente qué activos mantener, sino en qué jurisdicción puede basarse, bancarizarse y reportarse la actividad cripto bajo estándares de supervisión cada vez más exigentes. Es un hallazgo del informe global «Crypto Secure Jurisdictions: Where Crypto Actually Works», elaborado por Global Citizen Solutions (“GCS”), firma internacional especializada en planificación de ciudadanía y residencia.
El informe analiza cómo 22 jurisdicciones están integrando los activos digitales en sistemas fiscales, regímenes de licencia y marcos bancarios a medida que las criptomonedas evolucionan hacia una infraestructura financiera regulada.
“La residencia o la ciudadanía determinan cómo se gravan, se reportan y se sostienen los activos digitales dentro del sistema bancario”, afirmó Artur Saraiva, COO de GCS. “A medida que se amplía la supervisión de las criptomonedas, la movilidad se convierte en una cobertura estructural.”
Mercados con diferentes características
El informe identifica tres características compartidas por las jurisdicciones cripto resilientes: claridad regulatoria, entendida como un tratamiento jurídico definido y supervisión formal; infraestructura institucional, que incluye exchanges regulados, custodios y acceso bancario; y un tratamiento fiscal y de cumplimiento predecible.
En lugar de identificar una única “mejor” jurisdicción, el estudio agrupa los países según su función. Jurisdicciones institucionales de referencia como Suiza, Singapur, Alemania, el Reino Unido y Canadá priorizan la certeza jurídica y la integración en los mercados de capitales. Centros de estructuración y movilidad como Portugal, Malta, Estonia y los Emiratos Árabes Unidos combinan alineación regulatoria con marcos de residencia y planificación fiscal. Estados Unidos sigue siendo el mercado de capitales cripto más profundo del mundo, aunque bajo un perímetro regulatorio definido por múltiples agencias.
El informe sostiene que la migración por inversión actúa hoy como una forma de opcionalidad jurisdiccional, permitiendo diversificar exposición regulatoria y estructurar operaciones bajo marcos jurídicos más previsibles, especialmente para inversores con operaciones transfronterizas.
En América Latina, Brasil se mantiene como uno de los mercados de mayor adopción cripto en la región y a nivel global, y atraviesa un proceso de formalización regulatoria. Bajo la coordinación del Banco Central de Brasil —con participación de otras autoridades cuando corresponde— el país ha avanzado en la definición de requisitos aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales, reforzando los estándares de supervisión y cumplimiento.
El Salvador mantiene un modelo estatal singular respaldado por su Ley de Activos Digitales y un regulador específico. Su enfoque integra cripto en la estrategia económica nacional, aunque con un perfil institucional diferente al de centros financieros tradicionales y más consolidados.
Más allá de la región, “las naciones caribeñas con programas de ciudadanía por inversión están adoptando un enfoque deliberado, integrando los activos digitales dentro de los marcos existentes de AML/CFT, preservando la credibilidad institucional mientras se adaptan a la innovación financiera”, explicó Saraiva. “A diferencia de los centros de negociación institucional, la propuesta de valor de Portugal radica en la combinación de residencia, movilidad y un entorno fiscal que respalda la gestión del patrimonio digital”, añadió.
A medida que la tokenización se acelera y las stablecoins se integran en los sistemas de pago y liquidación, los activos digitales convergen con las finanzas tradicionales. En este entorno, las jurisdicciones capaces de ofrecer auditabilidad, exigibilidad jurídica y conectividad institucional estarán mejor posicionadas para atraer flujos de capital más duraderos que aquellas que dependen de regímenes permisivos o fragmentados.
Wikimedia CommonsCuadro “The South Sea Bubble”, de Edward Matthew Ward
La fiebre por la inteligencia artificial y los rallys que ha generado en los mercados accionarios –especialmente el de Estados Unidos– han vuelto a poner el debate sobre las valorizaciones sobre la mesa. Mientras algunos postulan que se trata de una tecnología tan revolucionaria que da el ancho para aguantar todos los sueños de los inversionistas, otros ven una promesa demasiado abultada para poder cumplir con las onerosas expectativas del mercado. Si bien la pregunta de si hay una burbuja en las acciones asociadas a la IA sigue sin respuesta, de momento, la historia de los mercados financieros contiene algunos ejemplos relevantes.
Uno de estos es la llamada burbuja del Mar del Sur, que tuvo como protagonista a una compañía británica que encontró sucesivas nuevas alturas en base al entusiasmo que generaba su respaldo real y el negocio de esclavos. En cosa de meses, la acción se infló a niveles insostenibles y cuando la burbuja reventó, el escándalo llegó hasta las puertas del Parlamento inglés.
Fundada en 1711 como una alianza público-privada, orientada a consolidar, controlar y reducir la deuda nacional y a ayudar al Reino Unido a participar en el lucrativo negocio de los esclavos, The South Sea Company despertó el interés de los inversionistas de la época.
En 1713 consiguieron el monopolio para el comercio de africanos esclavizados en el mar del Sur del Pacífico, entre las colonias españolas en las Américas. El documento conocido como el “asiento de negros”, un contrato de monopolio firmado entre la Corona española y comerciantes de otros países, funcionó como marco para el negocio. Esto porque la monarquía española prefería no participar directamente en la práctica, sino que subcontrataba servicios de otras potencias europeas.
Empieza la fiebre
Considerando lo rentable que había sido el comercio de esclavos en los dos siglos pasados, la expectativa era que la operación fuera altamente lucrativa. El entusiasmo se vio impulsado por la idea de que el comercio exterior se iba a normalizar tras el fin de la Guerra de Sucesión Española, en 1713.
Este prospecto, junto con la confianza que generaba el respaldo real a la compañía, atrajo a una variedad de inversionistas ingleses. Incluso hay reportes de que el físico y matemático Sir Isaac Newton participó en esta moda financiera, invirtiendo el equivalente actual a millones de libras esterlinas.
Inicialmente, la firma ofrecía un interés del 6 % a quienes compraban la acción, pero la efervescencia de la acción las llevó a un peak en 1720. Y la acción mantenía la fuerza, a pesar de que no se materializó ningún boom de comercio de esclavos después de la firma delTratado de Utrecht, que puso fin a la guerra.
Los españoles le dieron una porción limitada del negocio a los británicos e incluso se quedaron con parte de las ganancias, pusieron impuestos a la importación de esclavos y pusieron estrictas restricciones en las flotas de barcos que podían mandar. Esto le restó prospectos de rentabilidad al negocio.
Sin embargo, el precio de la acción siguió escalando, apoyado por un espaldarazo real. En 1718, el Rey Jorge I de Gran Bretaña asumió la gobernación de The South Sea Company, lo que generó más confianza en el público inversionista, levantando más los precios y llegando a generar un interés del 100 % en las acciones.
El principio del fin
Como sucede con muchas burbujas, los precios se separaron de los fundamentos del negocio. Considerando que el comercio de africanos esclavizados no estaba generando los ingresos necesarios para justificar el auge bursátil, el rally empezó a tambalear.
Es más, la compañía estaba transando cada vez más de sus propias acciones y estaba empezando a participar en prácticas poco recomendables. Hay registros de que personas de la compañía presionaban –o sobornaban– a sus amigos y conocidos a comprar acciones, manteniendo las valorizaciones altas, e incluso hubo sobornos y otros actos de corrupción con ministros y oficiales británicos.
En 1720, el año en que cayó el castillo de cartas, el Parlamento británico le permitió a The South Sea Company comprar la deuda nacional. La compañía desembolsó 7,5 millones de libras en adquirir una deuda de 32 millones de libras. El plan era usar las ganancias de la venta de acciones para pagar los intereses de la deuda.
Fue en este momento cuando el precio de la acción llegó hasta su punto máximo. El título de la compañía pasó de unas 100 libras esterlinas en 1719 a 128,5 libras en enero de 1720. Desde ese punto, el entusiasmo generalizado del mercado lo llevó sobre las 1.000 libras en agosto de ese año.
Poco después, el precio se desplomó a poco más de su precio de IPO.
El dilema del modelo que creó The South Sea Company es que era una especie de carrusel financiero, donde el valor agregado esperado por el comercio de esclavos no se concretó. En cambio, la compañía estaba inflando el precio de su acción con operaciones bursátiles propias contra la deuda pública que adquirió.
El pinchazo
El punto de quiebre fue en septiembre de 1720, cuando las acciones empezaron a caer. Una vez que se instaló la duda, los inversionistas empezaron a perder la fe y vender la acción, desplomando los precios. El papel de la compañía británica terminó retrocediendo a 124 libras en cuestión de días, acumulando una baja de más 80% desde su punto más alto.
El fin de la burbuja trajo fuertes pérdidas con él y, a la par, indignación en el público inversionista. Como el desplome sucedió en los albores del mercado accionario inglés –la creación de The Royal Exchange data de 1571, impulsada por la reina Isabel I–, no había explicaciones disponibles para el nivel de especulación que generó la burbuja en primer lugar.
Un número relevante de personas perdieron mucho dinero, al punto que la tasa de suicidios aumentó, según reportes de la época, y los afectados llegaron a la esfera política demandando explicaciones. Así, el Parlamento lanzó una investigación que destapó las malas prácticas de la compañía, convirtiéndose en un escándalo financiero y político.
En respuesta, los legisladores pasaron la Bubble Act de 1720, prohibiendo la creación de sociedades anónimas como The South Sea Company, sin un permiso especial por carta real.
Eso sí, si bien el efecto fue altamente publicitado, no tuvo un impacto mayor en la economía general y no generó una recesión, como otras burbujas famosas de la historia.
La compañía, por su parte, siguió transando hasta 1853, pasando entremedio por una restructuración.
Vanguard ha anunciado la ampliación de su gama de ETF UCITS de renta variable global de bajo coste con el lanzamiento de tres nuevos fondos: el Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF, el Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF y el Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS ETF. Los ETF cotizarán en la Bolsa de Londres, Deutsche Börse, Euronext Ámsterdam, Borsa Italiana y SIX Swiss Exchange.
El ETF Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS está diseñado para ofrecer a los inversores en un único fondo una amplia exposición a la totalidad del mercado de renta variable en el que se puede invertir, incluyendo empresas de gran, mediana y pequeña capitalización, tanto de mercados desarrollados como emergentes.
El ETF Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ofrece una forma específica de incorporar exposición global a compañías de pequeña capitalización, mientras que el ETF Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS puede ser una alternativa para los inversores que ya posean, o deseen gestionar por separado, su exposición a la renta variable estadounidense, así como para cualquier inversor que desee una amplia exposición a los mercados desarrollados y emergentes fuera de EE. UU.
Los nuevos ETF se suman al FTSE All-World UCITS ETF ya existente de Vanguard, que ofrece exposición a empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados y emergentes, y forman parte de la ampliación general de la gama de ETF UCITS de Vanguard prevista para 2026. Esto se produce tras el lanzamiento en julio de los ETF Russell centrados en EE. UU. y de los ETF de renta variable europea a principios de este año, así como tras la reciente reducción de las comisiones del FTSE All-World UCITS ETF de Vanguard.
En conjunto, estas novedades reflejan el enfoque de Vanguard en seguir ampliando su gama de ETF UCITS de bajo coste, con el fin de responder a la necesidad de los inversores de contar con componentes básicos sencillos para construir carteras de renta variable diversificadas a nivel mundial, al tiempo que se mantiene la flexibilidad necesaria para ajustar las exposiciones por región y por capitalización bursátil.
Jon Cleborne, responsable de Vanguard Europa, comentó: «Los inversores buscan carteras de renta variable global que sean sencillas de construir, de bajo coste y lo suficientemente flexibles como para responder a diferentes necesidades de asignación». Con casi la mitad de todos los activos de la categoría de ETF de renta variable global UCITS, Cleborne destaca la consolidación de Vanguard como una de las principales opciones para los inversores que buscan una diversificación global sencilla y de bajo coste. «Estos nuevos ETF se apoyan en esa fortaleza para ofrecer a los inversores más opciones a la hora de acceder a los mercados globales, ya sea a través de una amplia exposición a todas las capitalizaciones, una exposición específica a las pequeñas capitalizaciones globales o una amplia exposición a los mercados desarrollados y emergentes fuera de EE.UU.», añade.
La agenda climática del sector financiero está entrando en una nueva etapa. Luego de varios años centrados en desarrollar metodologías para medir las emisiones financiadas, bancos, aseguradoras y gestores de activos comienzan a utilizar esa información como herramienta estratégica para gestionar riesgos, orientar la asignación de capital y fortalecer la toma de decisiones.
Así lo refleja el PwC Financed Emissions Benchmark Report 2026, que analiza las divulgaciones realizadas durante 2025 por 57 instituciones financieras líderes de distintos mercados y muestra un avance significativo en la madurez de la información climática dentro del sistema financiero.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la consolidación de estándares comunes para la medición de emisiones financiadas. El 96% de las instituciones analizadas utiliza la metodología PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), posicionándola como el marco de referencia predominante para cuantificar el impacto climático de las carteras de financiamiento e inversión.
El informe también muestra que la gestión de esta información comienza a integrarse cada vez más en la estrategia de las organizaciones. En ese sentido, el estudio muestra que los bancos avanzan en la divulgación de objetivos y progreso vinculado a emisiones financiadas, aunque todavía existen diferencias relevantes en el alcance, nivel de detalle y comparabilidad de esas metas.
En este sentido, también el estudio detalla que la medición de emisiones financiadas dentro del sector se encuentra en un proceso de consolidación, ya que el 82 % de las instituciones financieras relevadas cuantifica el impacto climático de sus carteras y, entre quienes realizan estas mediciones, el 91 % utiliza emisiones financiadas como indicador de referencia. Esto evidencia que la discusión ya no se concentra únicamente en la relevancia de medir, sino en cómo mejorar la calidad, consistencia y utilidad de la información generada para la gestión del negocio.
Por otra parte, el informe señala que existe una creciente convergencia entre las agendas de emisiones financiadas y finanzas sostenibles, ya que mientras las primeras permiten comprender dónde se concentran los riesgos y las exposiciones vinculadas a la transición climática dentro de las carteras, las estrategias de finanzas sostenibles muestran cómo las instituciones responden a esos desafíos mediante la asignación de capital, el desarrollo de productos, el apoyo a los clientes y el financiamiento de iniciativas de transición. Es así como esta integración comienza a consolidarse como un factor clave de las decisiones estratégicas del sector.
«Durante los últimos años, gran parte del esfuerzo estuvo puesto en responder cómo medir las emisiones financiadas. Hoy la conversación está cambiando: el desafío es cómo utilizar esa información para gestionar riesgos, orientar la asignación de capital y respaldar una mejor toma de decisiones», señaló Diego López, socio de PwC Argentina a cargo de la práctica de Sostenibilidad y Cambio Climático.
El estudio muestra además que las revisiones de la información climática comienzan a ser parte del proceso de maduración del reporting. Es así como, según el informe, el 47 % de los bancos y 32 % de las aseguradoras de vida y gestores de activos reformularon sus emisiones financiadas, lo que refuerza la importancia de contar con metodologías, controles y procesos de gobernanza sólidos
Al mismo tiempo, la presión regulatoria y las expectativas del mercado continúan elevando los estándares de divulgación. Las organizaciones ya no deben limitarse únicamente a reportar información climática, sino que también deben demostrar que esos datos son comparables, trazables y suficientemente robustos para respaldar decisiones estratégicas.
El informe identifica además desafíos destacados para el sector, como la evolución de las políticas de finanzas sostenibles, la necesidad de fortalecer la credibilidad de los objetivos climáticos y la mejora continua de las metodologías y de la calidad de los datos utilizados para medir las emisiones financiadas.
En este contexto, la transparencia comienza a convertirse en un factor diferencial para el acceso al financiamiento. A medida que bancos, inversores y aseguradoras incorporan variables climáticas en sus procesos de evaluación, la calidad de la información, la claridad metodológica y la credibilidad de los planes de transición de las compañías adquieren un rol cada vez más determinante para la generación de valor de largo plazo.
«La información climática ya no es solamente un requisito de divulgación. La transparencia metodológica, la robustez de los datos y la credibilidad de los planes de transición se están convirtiendo en elementos clave para fortalecer la confianza de los mercados y facilitar el acceso al capital», agregó Belén Zermatten, directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Argentina.
Según el análisis de PwC, esta evolución refleja una transformación más amplia de la agenda de sostenibilidad en el sector financiero. Las emisiones financiadas comienzan a consolidarse como una herramienta de gestión que permite integrar consideraciones climáticas en el negocio, fortalecer la evaluación de riesgos y respaldar decisiones de inversión y financiamiento en un contexto de crecientes exigencias regulatorias y de mercado.
Durante la última década, Europa parecía condenada a un menor crecimiento, menos innovaciones y ofrecer rentabilidades más modestas. Sin embargo, este consenso comienza a revertirse. La mejora del ciclo económico, el aumento del gasto en infraestructuras y defensa, el impulso a la reindustrialización y el desarrollo de nuevas tecnologías están devolviendo a Europa al radar de los inversores. Lazard, Edmond de Rothschild, MFS, Aberdeen y Neuberger coinciden en que el continente atraviesa un punto de inflexión en el que se abren oportunidades de inversión tanto en bolsa como en renta fija, aunque advierten de que el potencial no reside tanto en los índices como en los sectores y compañías capaces de beneficiarse de este nuevo ciclo.
El cambio de percepción no responde únicamente a un mejor comportamiento económico. Detrás hay una mejora de los fundamentales económicos que empieza a respaldar la tesis de inversión. Benoit Anne, estratega de MFS Investment Management, destaca que el crecimiento de la eurozona ha sorprendido positivamente durante las últimas semanas y que los indicadores adelantados apuntan a una recuperación más sólida de lo previsto. En concreto, subraya que el Citi Economic Surprise Index de la eurozona se encuentra en su nivel más alto desde principios de 2023, una señal de que la resiliencia de la economía europea está siendo mayor de la anticipada por el mercado. En su opinión, este contexto refuerza el atractivo tanto de la renta variable como del crédito europeo.
Esa mejora macroeconómica coincide con un cambio estructural que varias gestoras consideran uno de los principales motores de inversión para los próximos años. Desde Edmond de Rothschild Asset Management sostienen que Europa atraviesa una «revolución silenciosa» impulsada por el aumento de la inversión en infraestructuras, defensa, electrificación e inteligencia artificial. A diferencia de otros ciclos, explican, el potencial no se limita a un puñado de grandes compañías, sino que alcanza a toda la cadena de valor industrial, con especial protagonismo para las empresas de pequeña y mediana capitalización.
La reindustrialización deja de ser un discurso para convertirse en una oportunidad
En este sentido, Craig Wright, Head of European and Asia-Pacific Real Estate Investment Research en Aberdeen, habla de la nueva política global europea «Made in Europe». Esta iniciativa, cuyo objetivo es elevar la industria manufacturera hasta el 20% del PIB para 2035, está impulsando un cambio estructural que exigirá enormes inversiones en fábricas, logística, farmacéuticas, energía o semiconductores, en opinión de Wright.
Según el gestor de Aberdeen, algunas cifras son muy llamativas, como que, por ejemplo, para alcanzar el objetivo de que la industria represente el 20% del PIB europeo en 2035 será necesario construir unos 20 millones de metros cuadrados de espacio industrial y logístico cada año durante una década. Además, solo el gasto en defensa podría generar demanda para 37 millones de metros cuadrados adicionales y a ello habría que sumar el crecimiento del comercio electrónico.
El dinero también mira a la renta fija europea
Bennoit Anne, de MFS, considera que en concreto, el segmento high yield en euros es actualmente la clase de activo más atractiva de la renta fija global desde la perspectiva del carry ajustado al riesgo. Paul Grainger, Managing Director and Senior Portfolio Manager, Fixed Income en Neuberger por su parte, introduce el contrapunto: Europa sigue siendo más sensible a los tipos y el crecimiento aún presenta debilidades, pero precisamente por ello considera que la renta fija europea vuelve a ofrecer oportunidades interesantes.
«Los rendimientos reales europeos también han subido a medida que el BCE ha subido los tipos y ha seguido orientando o permitiendo que el mercado descontara nuevas subidas de tipos; actualmente, el mercado descuenta dos subidas más durante el próximo año, lo que situaría los tipos oficiales en el 2,75 %. El impacto en el gasto en IA parece ser menor en Europa, pero aun así debemos tener en cuenta la correlación positiva y los vínculos entre los principales mercados de bonos de los países desarrollados», ha explicado Grainger.
El gran catalizador: más gasto público
El aumento del gasto en infraestructuras y defensa puede convertirse en uno de los principales motores del crecimiento europeo durante los próximos años, siempre que el contexto geopolítico no deteriore de forma significativa la economía. A raíz de esto, Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, ha explicado que la guerra con Irán ha penalizado las previsiones de crecimiento de la zona euro más que las de cualquier otra gran economía desarrollada este año.
«Aun así, mantengo una visión optimista y creo que el PIB de la región se acelerará de cara a 2027, impulsado por el mayor gasto en infraestructuras y defensa. Mientras la guerra continúe, la inflación de la zona euro seguirá expuesta a la volatilidad de los precios energéticos. Sin embargo, hay pocos indicios de contagio de la energía al resto de la economía, lo que me da confianza en que la inflación remitirá en 2027″, subraya Ronald.
Sin duda que, en palabras de los expertos, Europa se presenta como una gran oportunidad de inversión de cara al próximo ciclo económico. En un contexto tan ambiguo en cuanto a la geopolítica internacional, es cierto que esto puede cambiar en cualquier momento, no obstante, los expertos se muestran muy optimistas.
Los inversores anticipan un escenario macro de color de rosa – al menos en la apariencia- para los próximos doce meses: según los últimos resultados de la encuesta que realiza mensualmente Bank of America a inversores europeos para pulsar el sentimiento del mercado. En concreto, la encuesta muestra que un 79 % de los inversores globales descartan que la economía global caiga en una recesión en los próximos doce meses, un 1 % menos que en el mes anterior; en el caso de los inversores europeos, hasta el 97 % descarta este escenario a doce meses vista para Europa (desde el 86 % anterior), un dato que no se veía en esta encuesta desde abril de 2007.
Otra muestra del optimismo de los inversores europeos frente al dato global está en la previsión de crecimiento: mientras que el 14 % de los inversores globales esperan que el crecimiento global se acelerará a 12 meses vista – frente al 21 % anterior-, en el caso de los europeos hasta el 50 % se han pronunciado en esta dirección, si bien supone una reducción del 4 % respecto a la lectura anterior de la encuesta.
Si acortamos ese horizonte temporal a lo que puedan hacer las economías en los próximos meses, las cifras son otras: un 35 % de inversores creen que el crecimiento económico europeo se acelerará, frente a tan solo un 6 % que espera lo mismo de Estados Unidos. Es más, un 6 % de los inversores anticipan que el crecimiento económico de China se desacelerará.
Tipos altos aún para más tiempo
En conjunto, desde Bank of America describen un escenario de tipos más altos por más tiempo,pero sin contracción económica, en el que los principales estímulos alcistas para el crecimiento global serían la caída de los precios de la energía y la moderación de la inflación (53 % de respuestas); otro 12 % citó el incremento de las ganancias en la productividad impulsadas por la IA.
En el caso particular de Europa, se ha duplicado el número de inversores europeos que anticipan una desescalada en los riesgos geopolíticos como principal catalizador para el crecimiento europeo (del 17 % al 38 %), incluyendo el final de la guerra de Ucrania. En cambio, la percepción de una mayor expansión fiscal europea se ha reducido drásticamente, del 57 % del mes anterior al 29 % de la última lectura.
Se mantienen como principales riesgos a la baja un shock de los precios de la energía y presiones inflacionarias renovadas, con un 41 % de respuestas frente al 34 % del mes anterior. También ha aumentado el número de inversores que citan como riesgo una mayor debilidad del consumo en EE.UU., que pasan del 14 % al 21 %.
Desde la entidad indican que el porcentaje de inversores que anticipan un régimen “higher for longer” ha repuntado notablemente en tan solo un mes, del 23 % al 65 %. El número de inversores que anticipa un escenario de estanflación se mantiene en un señalable 21 %, un punto porcentual más que en la lectura anterior de la encuesta.
Se mantiene la cautela en el asset allocation
En consecuencia, aunque los inversores se muestren optimistas con la trayectoria del crecimiento, han optado por mantener la cautela en sus asignaciones: según la encuesta, hasta el 42 % de los inversores está sobreponderado en cash, el nivel más elevado desde febrero de 2023.
Un 56 % cree que la tasa de depósito del BCE será más elevada a un año vista, mientras que el 38 % también anticipa un repunte en las tires de los bonos de gobiernos de la zona euro y otro 41 % identifica que el mayor catalizador para una corrección de la renta variable sería una reacción ‘hawkish’ de los bancos centrales para atajar sorpresas inflacionarias.
A pesar de estas percepciones, la encuesta de BofA revela que el 53 % de los inversores anticipan que las acciones europeas irán al alza en los próximos 1 a 3 meses, y esperan un rendimiento del 5,7 % para el año que viene, frente al 6,3 % de la lectura de julio.
Este crecimiento estará sostenido por la solidez de los fundamentales más que por una expansión de múltiplos, según el 76 % de encuestados. Yendo más al detalle, los encuestados anticipan un crecimiento del BPA del 7,4 % en los próximos doce meses, muy cercano al máximo visto en febrero de 2026; el 41 % de los inversores europeos creen que el crecimiento será el principal impulsor de los beneficios, mientras que un 29 % cree que se verán impulsados por la disciplina de costes. Además, el 38 % considera el impacto más probable de la IA sobre la renta variable en los próximos doce meses será vía la expansión de márgenes gracias a los ahorros en costes.
En resumen, el 47 % de participantes en la encuesta cree que la renta variable europea tendrá un rendimiento superior a la estadounidense a 12 meses vista, frente al 26 % que sigue confiando en el predominio de la bolsa estadounidense. Dicho esto, desde BofA puntualizan que, “aunque los inversores europeos se están poniendo más positivos con Europa, las asignaciones globales siguen favoreciendo a EE.UU.”.
Los bancos siguen siendo los favoritos
En línea con esa posición cautelosa descrita en párrafos anteriores, desde BofA constatan un posicionamiento favorable al riesgo, pero de forma selectiva, donde la banca sigue siendo la mayor sobreponderación del consenso. El sector industrial registra la mayor mejoría en términos de posicionamiento, aunque el sentimiento en torno a las small caps también ha mejorado “materialmente”.
En el otro lado de la balanza, el sector automovilístico se mantiene como el más infraponderado en las carteras. El sentimiento hacia el sector de turismo y ocio se ha deteriorado, convirtiéndos en una infraponderación.
Por países, Francia registra un máximo como mercado menos preferido por los inversores, “incluso aunque se haya incrementado la preferencia por mercados de la zona euro”, apuntan desde BofA.
Finalmente, a pesar del rol clave de la energía para determinar el escenario macro a corto plazo, los inversores se mantienen infraponderados en un 18 %, y ninguno anticipa que sea el de mejor comportamiento en Europa en los próximos doce meses, lectura que se repite por tercer mes consecutivo.
Foto cedidaStephen Yiu, CIO y fundador de Blue Whale Capital LLP.
El próximo jueves 3 de septiembre a las 11:00 (hora peninsular española), Stephen Yiu, CIO y co-gestor de Blue Whale Growth Fund, compartirá en inglés las conclusiones del equipo, explicará el posicionamiento actual del fondo y detallará los últimos cambios realizados en la cartera. La intervención durará aproximadamente 45 minutos.
La recuperación del fondo en las últimas semanas empieza a reflejar lo que el equipo ha defendido: que los fundamentales de las compañías en cartera permanecen por lo general intactos. El análisis de los resultados trimestrales es una parte crucial del proceso de inversión de Blue Whale Growth Fund, una estrategia de renta variable global quality growth.
Si está interesado en escuchar la intervención puede registrarse a través de este enlace.
Foto cedidaHanna Loikkanen, directora de inversiones de Finnfund
El atractivo de la inversión de impacto entre los inversoresprivados está en auge, con un número creciente que busca no solo rentabilidad financiera, sino también un impacto positivo en la sociedad. Según Global Impact Investing Network, los activos gestionados por inversores de impacto han aumentado a una tasa de crecimiento anual compuesta del 21% durante los últimos seis años, con un incremento del 11% en el último año, una señal de confianza sostenida en el mercado.
«Aunque gran parte de la financiación de impacto sigue procediendo de bancos nacionales y multinacionales e instituciones de financiación del desarrollo, el crecimiento es un claro indicador de la confianza del mercado entre los inversores privados», afirma la directora de inversiones de Finnfund, Hanna Loikkanen. La cartera del inversor de impacto estatal finlandés Finnfund abarca actualmente alrededor de 200 empresas en 55 países, con un total de 1.200 millones de euros en inversiones y compromisos.
El cambio climático se ha convertido en un tema definitorio en la inversión de impacto. «Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a adaptarse al cambio climático a través de nuestras inversiones, porque sus efectos afectan a todos los aspectos del entorno empresarial», señala Loikkanen.
Las empresas de la cartera de Finnfund afrontan riesgoscrecientes: incendios forestales, sequías e inundaciones amenazan cada vez más las inversiones agrícolas y forestales. En algunos casos, los fenómenos meteorológicos extremos pueden paralizar por completo las operaciones.
Sin embargo, los riesgos más graves son políticos y macroeconómicos. La inestabilidad política, los golpes de Estado, las guerras civiles y los conflictos abiertos pueden afectar a los objetivos de inversión de Finnfund. Los conflictos actuales en Ucrania y Myanmar ejemplifican estos desafíos. Incluso los países relativamente estables no son inmunes, ya que acontecimientos globales —como los aranceles impuestos por Estados Unidos en la primavera de 2025— pueden tener efectos en cadena.
Navegar el riesgo
La estrategia de inversión de Finnfund no es para los débiles de corazón.
«Operamos en mercados en desarrollo, invirtiendo en empresas privadas que pueden no contar todavía con prácticas empresariales bien establecidas. Los desafíos son diversos y los riesgos pueden materializarse de muchas maneras», explica Loikkanen.
No obstante, la resiliencia es una característica distintiva de la cartera de Finnfund. «Las empresas han demostrado capacidad para adaptarse a los desafíos y han logrado hacer crecer su negocio de forma rentable», añade.
Un ejemplo destacado es EthioChicken, una empresa etíope que sigue creciendo y prosperando a pesar de la guerra civil. Finnfund también respalda compañías que construyen torres de telecomunicaciones en zonas de conflicto, infraestructuras que a menudo se respetan en tiempos de guerra porque todas las partes dependen de las comunicaciones.
«Estas situaciones exigen una capacidad de adaptación extraordinaria. Buscamos empresas con un liderazgo sólido y modelos de negocio robustos que puedan resistir condiciones extremas», afirma Loikkanen.
Creciente demanda de financiación
Invertir en paísesendesarrollo requiere tolerancia a la incertidumbre y la imprevisibilidad. Para mitigar el riesgo, los financiadores suelen buscar instrumentos con mecanismos de protección. Finnfund, por ejemplo, ha negociado con la Unión Europea un instrumento de garantía para su nuevo fondo digital, con el respaldo de la Comisión Europea para cubrir una parte de las inversiones.
A pesar de los obstáculos, Loikkanen ve un enorme potencial en los mercadosemergentes. «Estos son los mercados del futuro. El Sur Global está experimentando el crecimiento económico más rápido del mundo, impulsado por una demografía favorable. Esto abre cada vez más oportunidades para desarrollar negocios con impacto», destaca.
El saltotecnológico es otra fuente de oportunidades. Los países en desarrollo pueden adoptar directamente las tecnologías más recientes, como los bancos que pasan a operar en línea sin haber establecido nunca sucursales físicas.
La experiencia finlandesa, en demanda
El equipo de 36 personas de Finnfund, liderado por Loikkanen, busca empresas en las que las inversiones puedan generar tanto impacto como rentabilidad financiera. Finnfund concede préstamos y participa en el capital de empresas en cinco sectores: agricultura y silvicultura sostenibles, energías renovables y transición verde, instituciones financieras, soluciones digitales e infraestructuras.
«Nos aseguramos de que nuestras empresas crezcan y tengan éxito. Con el tiempo, salimos de la inversión en el momento adecuado y reinvertimos los beneficios en nuevas iniciativas», concluye Loikkanen.
Más de la mitad de las aseguradoras prevé aumentar su exposición al crédito privado en los próximos 12 a 24 meses, por delante de la renta fija pública de grado de inversión, citada por un 48% de los participantes. Son datos de la Encuesta Global de Activos de Seguros 2026 elaborada por Mercer (parte de Marsh) que corroboran que la demanda de las aseguradoras por el crédito privado se mantiene sólida. Así, los resultados del estudio de 2026 contrastan significativamente con los de la encuesta de 2024, cuando el 37% y el 32% de las aseguradoras planeaban incrementar sus asignaciones a renta fija y crédito privado, respectivamente.
No obstante, el estudio refleja que, si bien la demanda se mantiene, las aseguradoras cada vez son más selectivas. Así, dentro del crédito privado, las prioridades de asignación se centran en direct lending, emisiones privadas con grado de inversión, crédito estructurado de grado de inversión, financiación respaldada por activos, préstamos sobre el valor neto de los activos (NAV lending) y financiación de fondos.
“El crédito privado representa una oportunidad atractiva para las aseguradoras, especialmente en assets back space. Permite diversificar el riesgo corporativo y acceder a rentabilidades superiores respecto a bonos públicos de grado de inversión con calificaciones similares”, afirma David Morrow, Global Insurance Proposition Leader en Mercer.
El estudio detecta que el apetito por el crédito privado es especialmente fuerte en Norteamérica. En Estados Unidos, el 65 % de los encuestados planea aumentar sus asignaciones, cifra que asciende al 74 % en Canadá. Sin embargo, en Europa solo la mitad de las aseguradoras tiene planes de incrementar su exposición, porcentaje que baja al 46 % en Reino Unido.
El interés es más acusado entre las aseguradoras de mayor tamaño: el 81 % de las que gestionan más de 25.000 millones de dólares prevé incrementar su exposición, frente al 46 % de aquellas con activos inferiores a esa cifra. Por segmentos, las entidades de vida muestran mayor propensión a invertir en crédito privado que las de salud y las de no vida.
Alineados con los riesgos del crédito privado
Las aseguradoras son plenamente conscientes de los riesgos que implica el crédito privado. Según el estudio de Mercer, las principales preocupaciones señaladas son la reducción de la prima por iliquidez y el estrechamiento de los diferenciales, lo que refleja el deseo de estar adecuadamente compensadas por las restricciones de liquidez. Otros aspectos señalados son el deterioro de los criterios de concesión y covenants, así como el incremento de impagos, ampliación de diferenciales o estructuras de pago en especie (PIK), factores asociados al estrés de los prestatarios o a un posible relajamiento de los estándares de préstamo a medida que el mercado madura.
“Aprovechar los beneficios del crédito privado exige a las aseguradoras un proceso riguroso de selección de gestores, eligiendo aquellos con capacidad acreditada en originación, análisis, construcción de cartera y gestión de situaciones especiales para afrontar la próxima fase del ciclo crediticio”, apunta Amit Popat, Global Head of Financial Institutions en Mercer.
Brecha de capacidades en mercados privados
La encuesta evidencia una brecha clara entre el interés de las aseguradoras en los mercados privados y su preparación para aprovechar oportunidades. Solo el 30 % afirma disponer de “la mayoría” de las capacidades necesarias para invertir con confianza, mientras que el 29 % reconoce contar solo con “algunas” de ellas.
Esta falta de recursos limita la capacidad de las aseguradoras para asignar capital, diversificar suficientemente en mercados privados y mantener asignaciones adecuadas con la debida diligencia continua. Ante este contexto, crecen las alianzas de inversión para obtener el asesoramiento necesario en análisis de gestores, modelización de flujos de caja, tratamiento del capital, gestión de liquidez y apoyo a la ejecución.
“Incluso las aseguradoras de mayor tamaño reconocen no disponer internamente de todas las capacidades o recursos de originación, por lo que buscan gestores externos especializados en crédito privado para cubrir carencias y mejorar las rentabilidades ajustadas al riesgo”, señala Josh Zwick, socio en la práctica de Seguros y Gestión de Activos de Oliver Wyman. “Todas quieren fortalecer sus capacidades, y eso a menudo implica contar con socios para navegar la complejidad de los distintos segmentos del diversificado mercado de crédito privado”, añade.
La IA tiene un papel aún limitado en la inversión de las aseguradoras
La brecha de capacidades se refleja también en la adopción de la inteligencia artificial. Más de la mitad de las aseguradoras asegura no utilizar la IA de manera significativa. Menos de un tercio la emplea en el análisis de datos y estudios de inversión alternativa. Las aplicaciones más inmediatas de IA en los equipos de inversión son la integración de datos, la generación de escenarios, la revisión de documentos, el seguimiento de gestores y el análisis de riesgos.
Finalmente, el estudio señala que la escala es determinante: el 75 % de las entidades que gestionan más de 100.000 millones de dólares declara utilizar la IA de manera significativa, frente a apenas un 10% de las que gestionan menos de 1.000 millones.
Venezuela está dejando atrás, al menos parcialmente, uno de los mayores aislamientos financieros en la historia de América Latina. La flexibilización gradual de las sanciones de Estados Unidos ya no se limita al sector petrolero.
Washington y Caracas comenzaron a abrir espacios para servicios financieros, asesoría de deuda, operaciones bancarias y determinadas transacciones vinculadas con PDVSA, creando las condiciones para que el país intente regresar a los mercados internacionales de capital.
El movimiento es particularmente relevante para los inversionistas de renta fija. Venezuela y su petrolera estatal PDVSA acumulan alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en incumplimiento, mientras que el monto total de obligaciones potencialmente involucradas en la reestructuración podría situarse entre 200.000 y hasta 240.000 millones de dólares cuando se agregan intereses vencidos, préstamos bilaterales, reclamaciones de empresas y laudos arbitrales.
Cálculos de analistas consultados por agencias internacionales señalan que solamente los reclamos sobre los bonos, incluidos intereses atrasados, podrían alcanzar unos 102.000 millones de dólares.
El cambio regulatorio comenzó a adquirir una dimensión financiera concreta el 5 de mayo, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) emitió la Licencia General 58, que permite determinados servicios legales, financieros y de consultoría relacionados con una eventual reestructuración de la deuda venezolana y de PDVSA. La licencia, sin embargo, no autorizó todavía el pago o liquidación de la deuda ni las negociaciones directas entre Caracas y sus acreedores.
Ese matiz es fundamental para los mercados porque Washington no abrió de golpe el mercado venezolano sino que comenzó a retirar uno de los principales obstáculos regulatorios para que pudiera lograrse una salida financiera.
Mercado de bonos, el primero en reaccionar
La reacción de los bonos venezolanos muestra hasta qué punto los inversionistas estaban esperando una normalización de la situación financiera en Venezuela luego de los años de aislamiento.
Cuando Estados Unidos autorizó en marzo determinadas operaciones con PDVSA, el bono soberano venezolano con vencimiento en 2031 subió hasta 50,25 centavos de dólar, mientras que el PDVSA 2027 avanzó hasta 35,35 centavos, de acuerdo con datos de LSEG citados por Reuters.
El movimiento no fue un simple reflejo de mejores perspectivas petroleras. El mercado comenzó a descontar la posibilidad de una reestructuración ordenada y, sobre todo, de que Venezuela pudiera volver a generar ingresos suficientes para respaldar algún tipo de recuperación para los acreedores.
Para mediados de julio, el bono Venezuela 2031 llegó a negociarse alrededor de 56 centavos de dólar, aunque posteriormente retrocedió hacia la zona de 54-55 centavos. Los registros de mercado muestran que el instrumento se encontraba muy por encima de sus niveles de comienzos de año.
La señal es clara: el mercado está asignando un valor mucho mayor a una deuda que durante años fue prácticamente un activo congelado.
El paso siguiente fue la decisión de Caracas de iniciar formalmente la reestructuración de su deuda externa y la de PDVSA.
El gobierno venezolano anunció en mayo un proceso que calificó de “integral y ordenado”, con el objetivo de reducir el peso de las obligaciones acumuladas. En paralelo, contrató a Centerview Partners como asesor financiero para conducir el proceso.
La decisión fue recibida positivamente por los mercados, pero también abrió una discusión mucho más compleja: ¿cuánto vale realmente Venezuela?
La ausencia de información financiera actualizada es uno de los principales obstáculos. Reuters señaló en julio que Venezuela llevaba años sin publicar estadísticas completas de deuda y que el universo de obligaciones podría alcanzar 240.000 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones previas de entre 150.000 y 200.000 millones.
El problema no es solamente el tamaño de la deuda sino que también está la composición de la misma.
Venezuela debe aproximadamente 25.000 millones de dólares a acreedores bilaterales; unos 8.690 millones corresponden al Club de París y entre 13.000 y 15.000 millones serían obligaciones con China, según estimaciones citadas por Reuters.
A ello se agregan cerca de 4.000 millones de dólares con bancos multilaterales como CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de más de 20.000 millones en reclamaciones arbitrales y judiciales.
La complejidad aumenta por las obligaciones corporativas: Repsol ha señalado que Venezuela le adeuda alrededor de 4.550 millones de euros, mientras que ENI reportó unos 3.300 millones de dólares de cuentas vencidas de PDVSA al cierre de 2025.
Una oportunidad para los fondos de deuda distressed
Para la industria de asset management, el caso venezolano puede convertirse en una de las operaciones más interesantes de deuda distressed (o deuda en dificultades), de la década.
La razón es sencilla: existe un volumen enorme de deuda cotizando con descuentos profundos, un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y un cambio geopolítico que está reduciendo progresivamente las barreras de acceso al sistema financiero.
Pero también existe un conjunto excepcional de riesgos: la magnitud real de la deuda, la calidad de la información financiera, la incertidumbre jurídica, las reclamaciones de acreedores, la situación de Citgo, la capacidad de producción de PDVSA y la posibilidad de que el proceso de reestructuración se prolongue. En otras palabras, Venezuela vuelve a ser invertible antes de volver a ser normal.
Ese matiz puede convertirse en la clave para los gestores especializados. La oportunidad no está necesariamente en comprar deuda venezolana como si se tratara de un bono emergente tradicional, sino en valorar escenarios de recuperación, jerarquía de acreedores, garantías, activos subyacentes y probabilidad de normalización.
La banca privada también mira con interés el regreso y la reapertura financiera empieza, además, a modificar la posición de la banca venezolana.
Entidades privadas como Banesco y Banco Nacional de Crédito continúan operando en el mercado local de divisas y publicando información financiera durante 2026, mientras el sistema bancario se adapta a un entorno de mayor utilización de divisas y a una eventual normalización de las relaciones financieras internacionales.
En este sentido, existe evidencia de que la banca internacional está preparando el terreno: JPMorgan y Jefferies evaluaron visitas a Caracas ante el creciente interés de inversionistas por la recuperación económica y la reestructuración de deuda, aunque ambos bancos declinaron comentar públicamente sus planes.
Pero, la historia parece que todavía tiene varios capítulos por contar, al menos eso es también lo que dicen algunos actores relevantes globales.
El verdadero regreso será cuando vuelva el mercado primario
El mayor cambio para Venezuela no será que sus bonos existentes suban de precio. Será que el país pueda volver a emitir deuda nueva en condiciones normales, y parece que dicho momento todavía está lejos.
La eliminación de las sanciones secundarias o la autorización de operaciones sobre deuda existente puede mejorar la liquidez y el precio de los instrumentos antiguos, pero el regreso pleno al mercado primario exige mucho más con factores como: estadísticas confiables, auditorías, un marco macroeconómico creíble, una reestructuración aceptada por los acreedores, reconocimiento legal de las obligaciones y capacidad demostrable para pagar.
La reanudación de las relaciones con el FMI y el Banco Mundial constituye otro componente relevante. Ambas instituciones retomaron relaciones con Caracas en abril después de varios años de interrupción, abriendo la puerta para la asistencia técnica y eventualmente al uso de aproximadamente 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) que Venezuela mantiene sin utilizar.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió, sin embargo, que Venezuela todavía tiene “un camino muy difícil” para recuperar la estabilidad macroeconómica y financiera.
La evolución regulatoria estadounidense muestra precisamente esa gradualidad.
OFAC mantiene numerosas restricciones sobre Venezuela y sus entidades estatales. Incluso después de las nuevas licencias, no todas las operaciones de deuda, acciones, activos de PDVSA o entidades sancionadas están autorizadas.
Un ejemplo particularmente importante es el bono PDVSA 2020 con cupón de 8,5 %, respaldado por una participación accionaria en Citgo. OFAC ha emitido licencias específicas para determinadas operaciones relacionadas con este instrumento, lo que demuestra que Washington está avanzando mediante excepciones y permisos específicos, más que mediante una desaparición general e inmediata del régimen de sanciones.
Ese mecanismo tiene una consecuencia directa para los inversionistas: el riesgo regulatorio sigue siendo parte del precio.
Por eso, aunque los bonos venezolanos hayan dejado atrás sus mínimos, todavía no pueden tratarse como deuda emergente convencional.
El petróleo es la llave del mercado de capitales
La recuperación de Venezuela depende en buena medida de su capacidad para convertir sus enormes reservas petroleras en flujo de caja.
Reuters reportó en julio que las compañías petroleras y refinadoras están retomando acuerdos directos con PDVSA a medida que se flexibilizan las sanciones. Phillips 66, Valero, Reliance Industries y Tipco Asphalt se encuentran entre las empresas que han retomado o preparado compras directas de crudo venezolano, mientras Chevron, Repsol y Eni amplían operaciones vinculadas con Venezuela.
Actualmente, la producción petrolera venezolana se ubica alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, según Reuters, con expectativas de alcanzar 1,37 millones hacia finales de 2026.
Para los mercados de deuda, esa evolución es crucial. Una mayor producción significa más ingresos externos, mayor capacidad fiscal y, potencialmente, una fuente de recursos para sostener una reestructuración.
Pero también existe un riesgo: que los mercados descuenten demasiado rápido una recuperación petrolera que requiere inversiones, infraestructura, tecnología y estabilidad jurídica.
Salir de las «sombras» del sistema financiero
La propia autoridad monetaria de Venezuela ha descrito el cambio como una oportunidad para regresar al sistema financiero internacional.-
Luis Pérez, presidente interino del Banco Central de Venezuela, dijo a Reuters en mayo que la reestructuración de la deuda de la República y PDVSA permitiría sacar al país “de las sombras” del sistema financiero global.
Pérez también sostuvo que Estados Unidos tiene un papel central en el levantamiento de las restricciones y destacó el acercamiento entre el banco central venezolano y el Tesoro estadounidense. Washington había autorizado previamente al Banco Central de Venezuela a realizar determinadas operaciones con entidades extranjeras.
La declaración es significativa porque refleja el cambio de percepción dentro de Caracas: el levantamiento de sanciones ya no se observa solamente como una cuestión diplomática o petrolera, sino como la condición necesaria para reconstruir los canales financieros que permitan refinanciar deuda, atraer inversión y eventualmente regresar al mercado internacional de capitales.
Quizás, el cambio más importante consiste en que Venezuela está dejando de ser exclusivamente un problema geopolítico para convertirse nuevamente en una tesis de inversión.
El levantamiento gradual de las sanciones ha reactivado el precio de los bonos, ha puesto a PDVSA nuevamente en el radar de los inversionistas internacionales y ha abierto una carrera entre bancos, fondos distressed, asesores financieros y acreedores para determinar cuánto puede recuperarse de una deuda que podría superar los 200.000 millones de dólares.
Pero el mercado también está enviando un mensaje: la primera etapa de la normalización puede producir grandes ganancias para quienes compraron deuda a precios de crisis, pero la segunda —la reconstrucción de un mercado de capitales venezolano funcional— requerirá algo mucho más difícil que una licencia de OFAC. Requerirá confianza y el precio de esta ni siquiera se mide en términos monetarios, o no por completo.
Esa confianza deberá construirse con transparencia financiera, reglas jurídicas previsibles, producción petrolera sostenible y una reestructuración de deuda que los acreedores consideren creíble.
Por ahora, Washington ha abierto la puerta y los inversionistas ya están entrando al vestíbulo; pero, el verdadero regreso de Venezuela a Wall Street todavía depende de que Caracas consiga demostrar que puede volver a ser un emisor y no solamente un activo distressed.
