La mañana del 25 de junio de 2025 el sistema financiero mexicano descubrió que, en ciertas ocasiones, la diferencia entre una acusación y una sentencia puede ser apenas un comunicado de prensa. Sin saberlo, ese día quedaría marcado en la historia del país y de las finanzas en la región, mientras que CI Banco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco ya no verían un día más sin la sombra de la sospecha, era el principio del fin.
La medida fue histórica por dos razones:
- Fue la primera vez que Estados Unidos utilizó las facultades otorgadas por la legislación derivada de la lucha contra el fentanilo para actuar directamente contra instituciones financieras mexicanas.
- Aunque técnicamente no se trató de una sanción tradicional de la Office of Foreign Assets Control, sí implicó restricciones a ciertas transferencias y operaciones con el sistema financiero estadounidense, lo que en la práctica provocó un severo deterioro de la confianza del mercado
La suerte de las instituciones acusadas estaba echada; no hubo esposas, cateos ni órdenes judiciales. Tampoco una resolución firme de tribunales mexicanos o estadounidenses, bastó un documento emitido desde Washington por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— comenzaran a recorrer el camino hacia su desaparición como actores del sistema financiero nacional.
La acusación era demoledora: facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y a organizaciones criminales mexicanas. La herramienta utilizada tampoco era menor. Por primera vez, Washington recurría a las facultades otorgadas por la legislación diseñada específicamente para combatir las finanzas del tráfico de opioides sintéticos.
A partir de ese momento dejó de importar si existían procesos judiciales abiertos, si habría pruebas adicionales o si las instituciones podrían defenderse. En los mercados financieros la presunción de inocencia rara vez sobrevive a la pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense.
Los clientes comenzaron a retirar recursos, los corresponsales internacionales revisaron relaciones comerciales, además las contrapartes, fiduciarios, fondos y proveedores activaron protocolos de contingencia. La pregunta dejó de ser si las tres entidades podrían demostrar su inocencia y pasó a ser cuánto tiempo podrían seguir operando bajo sospecha.
El gobierno mexicano respondió exigiendo pruebas y defendiendo la solidez del sistema financiero nacional. Las autoridades insistieron en que no existían elementos suficientes para acreditar operaciones ilícitas y optaron por intervenciones temporales destinadas a preservar la estabilidad y proteger a los clientes. Pero el mercado ya había emitido su propio veredicto.
Porque en las finanzas globales existen instituciones demasiado grandes para quebrar, pero también existen instituciones demasiado señaladas para sobrevivir.
Un año después, el caso de Vector, Intercam y CIBanco dejó una lección incómoda para México y para cualquier economía integrada al sistema financiero internacional: el dólar no sólo es la moneda de reserva del mundo; también es una herramienta de política exterior y un mecanismo de disciplina financiera capaz de cruzar fronteras sin necesidad de sentencias judiciales.
La historia no trata únicamente de tres instituciones mexicanas. Trata del inmenso poder que conserva Estados Unidos sobre la infraestructura financiera global y de cómo, en determinadas circunstancias, una acusación emitida desde Washington puede tener efectos más profundos y más rápidos que cualquier resolución judicial emitida en otro país. Hace un año el Departamento del Tesoro acusó, mientras que el mercado, los clientes y las contrapartes hicieron el resto.
La «Muerte financiera»
El 25 de junio de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recordó al mundo una verdad que los mercados conocen desde hace décadas pero que pocas veces se observa con tanta crudeza: en las finanzas globales se puede sobrevivir a una mala inversión, a una crisis de liquidez e incluso a una recesión, pero es prácticamente imposible sobrevivir a quedar fuera del sistema financiero estadounidense.
Con el señalamiento de Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra las mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones de «preocupación principal» en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y a organizaciones criminales en el país, se inauguraban de manera oficial las nuevas facultades derivadas de la legislación estadounidense diseñada específicamente para combatir las finanzas del negocio del fentanilo, contra empresas del sector financiero de un país socio comercial.
Formalmente no era una sentencia judicial. En la práctica, sí lo fue. Porque en el sistema financiero internacional existe una figura no escrita, pero perfectamente reconocible: la muerte financiera. Con el simple anuncio del Departamento del Tesoro la suerte de CI Banco, Vector e Intercam estaba echada y su desaparición solo fue cosa de tiempo.
La muerte financiera no implica el cierre inmediato de oficinas ni la desaparición automática de la licencia bancaria. Tampoco requiere una orden de liquidación o una resolución judicial definitiva, pero ocurre cuando las contrapartes dejan de contestar llamadas, los corresponsales cancelan relaciones, los clientes comienzan a retirar recursos y el resto del mercado decide que el costo reputacional de seguir haciendo negocios es demasiado alto.
Eso fue exactamente lo que ocurrió; en cuestión de horas comenzaron las preguntas de clientes institucionales, fideicomitentes, empresas exportadoras, administradores de fondos y tesorerías corporativas. El problema no era si las acusaciones eran ciertas o falsas. El problema era mucho más simple: ¿qué ocurre si mañana esta institución pierde acceso a dólares?
En un sistema financiero globalizado, esa sola pregunta basta para provocar una estampida. Las autoridades mexicanas reaccionaron defendiendo la fortaleza del sistema financiero nacional y exigiendo a Washington pruebas concretas sobre las acusaciones. La respuesta oficial fue clara: si existían delitos, México actuaría; pero las imputaciones debían acompañarse de evidencia verificable.
Sin embargo, los mercados rara vez esperan a los tribunales. El negocio financiero funciona sobre una materia prima extremadamente escasa: la confianza.
Pero la confianza tiene una característica incómoda: tarda décadas en construirse y apenas unas horas en desaparecer. La intervención administrativa de las tres instituciones por parte de las autoridades mexicanas buscó contener el riesgo sistémico y proteger a ahorradores e inversionistas, al tiempo que confirmó algo que muchos participantes del mercado entendieron desde el primer día: el problema ya no era jurídico, sino reputacional y operativo.
Durante meses se produjo una lenta pero constante migración de clientes, activos y negocios de las instituciones acusadas hacia otras empresas del sector. Los depósitos disminuyeron, las relaciones comerciales se deterioraron y comenzó el proceso de desmantelamiento de buena parte del negocio que durante décadas habían construido las tres entidades.
La pregunta que permanece abierta un año después es incómoda para México: ¿Puede un gobierno extranjero destruir, de facto, a instituciones financieras mexicanas sin una sentencia emitida por tribunales del país? La respuesta del último año parece ser: sí.
No porque Estados Unidos tenga jurisdicción sobre México, sino porque posee algo posiblemente más poderoso: el control de la moneda de reserva global, del sistema de pagos internacional y del acceso al dólar. Quedar fuera del sistema financiero estadounidense equivale, para muchas instituciones a perder acceso al oxígeno.
La paradoja es evidente. Durante décadas se habló de globalización financiera como un proceso de integración y eficiencia. El caso de Vector, Intercam y CIBanco mostró la otra cara del fenómeno: la centralización del poder financiero mundial en unas cuantas infraestructuras críticas controladas directa o indirectamente por Estados Unidos.
SWIFT, la banca corresponsal, la compensación en dólares y los mercados internacionales forman una red cuya puerta principal sigue estando en Washington y Nueva York. Y quien controla la puerta controla, en buena medida, quién entra y quién sale. Por eso el caso probablemente será estudiado durante años en facultades de economía, derecho y relaciones internacionales.
No solamente por las acusaciones de lavado de dinero y no solamente por el combate al fentanilo, sino porque constituyó una demostración práctica del alcance geopolítico del dólar en el siglo XXI. Hace un año el Departamento del Tesoro emitió una acusación, pero el mercado emitió la sentencia, y quizá esa sea la lección más importante de toda la historia.
Por Funds Society, México
Por Antonio Sandoval