En materia de regulación, el año 2024 tendrá dos partes muy diferenciadas. Hasta las elecciones europeas, que se realizarán a mediados de año, las autoridades se centrarán en alcanzar acuerdos en las normas abiertas, lo que podría traducirse en avances importantes en muchos campos. Después de esa fecha hay más incertidumbre sobre la agenda de trabajo que definirán las nuevas autoridades europeas, pero es de prever que su actividad siga una línea continuista.
En concreto, las principales áreas de trabajo que refleja el estudio de BBVA serán dos, digital (el Reglamento MiCA, la inteligencia artificial, Open finance, PSD3 y pagos instantáneos) y sostenibilidad (Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ (CSDDD) y greenwashing).
Criptoactivos
Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA y ESMA) seguirán trabajando en el desarrollo de la normativa de segundo nivel del Reglamento MiCA, que entrará en vigor entre junio y diciembre de 2024, aunque los proveedores que presten servicios de criptoactivos con anterioridad tendrán hasta finales de 2025 para adaptarse.
Esta nueva normativa aportará certidumbre y claridad regulatoria a los mercados de criptoactivos y protección a los inversores, asegurando por ejemplo que los “stablecoins” o criptomonedas estables, en castellano, son realmente estables y que los criptoactivos bajo custodia están adecuadamente protegidos.
Por otra parte, en el ámbito prudencial, el marco transitorio acordado por la Unión Europea para las exposiciones a criptoactivos empezará a aplicarse en junio de 2024, mientras que el Comité de Basilea realizará previsiblemente este año también ajustes a su estándar de criptoactivos, cuya fecha de implementación es enero de 2025.
Inteligencia artificial
Después del acuerdo provisional en trílogos, los co-legisladores europeos trabajarán durante los primeros meses de 2024 en la finalización del nuevo reglamento de inteligencia artificial (IA), que debería aprobarse formalmente antes de las elecciones europeas. Es un reglamento pionero a nivel mundial por su alcance, ya que regula tanto casos de uso específicos designados como de alto riesgo (por ejemplo, el análisis crediticio de personas físicas), como modelos de inteligencia artificial de propósito general como ChatGPT.
En España, la nueva Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial y el sandbox regulatorio de IA empezarán a dar sus primeros pasos, y a nivel internacional, continuarán las iniciativas para promover la coordinación en la gobernanza y la regulación de la IA, a distintos niveles (UE-EEUU, G7, ONU…).
Open finance y PSD3
Los co-legisladores europeo, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, seguirán negociando en 2024 la propuesta de la Comisión Europea para una nueva regulación sobre acceso a datos financieros, denominada ‘Financial Data Access Framework Regulation (FIDA), que obligaría a los bancos y otras entidades financieras a permitir a los clientes compartir con terceros los datos de un amplio abanico de productos y servicios (crédito, ahorro, inversión, seguros…).
La compartición de datos del ámbito de pagos seguirá estando regulada por un marco separado, el que introdujo la PSD2 en forma de requisitos de “open banking”, y que ahora está en proceso de revisión en base a las propuestas de la Comisión Europea para una nueva directiva de servicios de pago (PSD3) y un nuevo reglamento (PSR). Los legisladores están negociando ambas normas, que también introducen novedades relevantes en el ámbito de fraude, y podrían producirse avances significativos en 2024.
Fuera del sector financiero, las obligaciones de compartición de datos siguen siendo limitadas, a pesar de que esta ha sido una reivindicación del sector financiero para maximizar las posibilidades de innovación basada en datos y para equilibrar el terreno competitivo. No obstante, en 2024 se producirá algún avance en esa dirección con la implementación de la ‘Digital Markets Act’, que incluye obligaciones de acceso a datos para las grandes plataformas digitales.
Euro digital
Las autoridades europeas también seguirán trabajando en el proyecto del euro digital en dos ámbitos: por un lado, la negociación en el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo del marco legal que regularía las principales características de un posible euro digital; y, por otra parte, el Banco Central Europeo continuará con sus trabajos de preparación, más técnicos, y que incluyen por ejemplo el desarrollo de un ‘rulebook’ para el esquema del euro digital.
La emisión de una moneda digital de banco central de uso minorista tendría implicaciones significativas para el funcionamiento del sistema financiero y para las infraestructuras y el mercado de pagos que deberán seguir analizándose en profundidad y con cautela a lo largo de los próximos años.
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)
La directiva CS3D, para la que se que se alcanzó un acuerdo en diciembre pasado, tendrá que publicarse y se conocerá todo su detalle. Su objetivo es que todas las empresas tengan que monitorizar (hacer un ‘due diligence’) las actividades de su cadena de valor, tanto a los proveedores como a los clientes, para asegurarse de que sus actividades no van en contra de los derechos humanos o del medioambiente. En el caso del sector financiero, se acordó que esta obligación sólo afecte por ahora a los proveedores, dada la especial posición de los bancos en las cadenas de valor al ser puros intermediarios.
En 2024 se trabajará en la trasposición del texto en cada país, momento en el que es fundamental que las discrepancias sean mínimas para no desequilibrar el marco competitivo.
Es también importante vigilar los efectos extraterritoriales de la norma, ya que si una empresa de fuera de la UE factura en nuestro territorio más de un cierto importe, estaría obligada a monitorizar todas sus cadenas de valor, aunque éstas no se encuentren en la UE.
Greenwashing
Se conoce como greenwashing o ecopostureo, el hacer declaraciones sobre lo sostenible que es el negocio propio que resulten falsas o exageradas. Las tres autoridades europeas de banca, mercados y seguros (EBA, ESMA y EIOPA) emitieron en junio de 2023 un primer informe de progreso con una definición de alto nivel de lo que se considera greenwashing. En contra de la opinión de la industria, en esa definición no se requiere que haya ningún tipo de intencionalidad ni de negligencia, ni que haya habido un daño para alguien, para considerar que ha habido greenwashing. En mayo de 2024 las autoridades emitirán sus informes definitivos, en los que podrían introducirse requisitos formales para las compañías.
Este tipo de iniciativas podrían estar generando como efecto no deseado el llamado greenhushing o silencio verde, por el que las empresas tiendan a no comprometerse a compromisos voluntarios relacionados con la sostenibilidad o a no comunicarlos al mercado para no arriesgarse a ser acusadas de greenwashing.
Regulación financiera: Basilea III y ‘Crisis management’ (CMDI)
Las autoridades europeas han llegado a un acuerdo para la transposición del estándar de Basilea conocido como la finalización de Basilea III, que se refiere al marco prudencial de capital. El texto final debería firmarse a finales de este año, y entraría en vigor a principios de 2025.
Se trata de un texto equilibrado que respeta las líneas maestras del acuerdo y al mismo tiempo adapta el estándar internacional a las peculiaridades europeas. Es una buena noticia que Europa haya conseguido cerrar este paquete legislativo tan importante. Su principal objetivo era limitar los beneficios en términos de capital que algunos bancos venían obteniendo por la utilización agresiva de modelos internos para calcular el riesgo de sus carteras.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) tiene alrededor de 140 mandatos con origen en esta norma. Durante 2024, se espera que vayan realizándose las consultas públicas que desembocarán en la regulación de desarrollo correspondiente.
Además, las autoridades europeas están discutiendo una propuesta de la Comisión Europea para reformar el marco de gestión de crisis bancarias. El objetivo fundamental es conseguir que el marco europeo de resolución de crisis se utilice más, especialmente por bancos de tamaño medio, y que se deje de acudir tanto a los heterogéneos marcos de insolvencia nacionales.
Sin embargo, el que más bancos vayan por resolución genera el problema de cómo financiarlo. La propuesta opta por un mayor uso de los FGD nacionales, e incluso que lo que se utilice de ellos cuente de cara al 8% de absorción interna de pérdidas por la entidad (el bail in) que daría acceso al fondo único de resolución europeo (el FUR). Esto tiene sentido, pero genera varios problemas, como el que una entidad europea (el SRB) decida sobre fondos nacionales (los FGD) o que los bancos grandes, que son los mayores contribuyentes al FGD y al FUR acaben financiando las crisis de los más pequeños.
Pero los mayores problemas de esta propuesta radican en lo que no tiene. Y es que no tiene un fondo de garantía de depósitos común, un EDIS. Tampoco existe en Europa un mecanismo de liquidez en resolución potente, como los utilizados en las crisis recientes de EEUU o Suiza, y donde el BCE debería jugar un papel fundamental. Por último, la propuesta no soluciona los problemas del riesgo de litigios que afronta la entidad compradora por las acciones pasadas de la entidad comprada.
En cualquier caso, las negociaciones del paquete CMDI en Europa están siendo muy difíciles, y previsiblemente continuarán en todo el 2024.
Por Funds Society, Madrid
