La medida tributaria más vistosa –sin duda, la más discutida en la opinión pública– de la megarreforma económica que impulsa el gobierno de José Antonio Kast en Chile es la reducción del impuesto corporativo, pero los inversionistas de alto patrimonio pueden encontrar otro ítem llamativo en el proyecto. Se trata de una propuesta para abrir una nueva ventana de repatriación de capitales, la que sería la tercera habilitada en la historia reciente del país, que podría ofrecer una oportunidad interesante, según profesionales locales de gestión patrimonial.

La propuesta apunta a ofrecer una tasa más favorecedora para que los inversionistas informen de capitales no declarados en el extranjero. Esta sería de 10% sobre el valor de los activos y una aún más baja, de 7%, para quienes efectivamente ingresen sus recursos a Chile en los tres años desde la entrada en vigencia y se queden al menos cinco años en inmuebles o instrumentos con activos subyacentes situados en el país.

Esta ventana, establece el proyecto legislativo, se extendería por 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la llamada Ley de Reconstrucción Nacional, cuando se publique en el Diario Oficial.

“Tener activos fuera de Chile no declarados al SII (Servicio de Impuestos Internos) es más común de lo que se reconoce en voz alta. La Ley de Reconstrucción abre una puerta para ordenar esa situación pagando un impuesto único acotado, por un tiempo limitado”, indica el abogado Esteban Sáez, socio fundador del estudio especializado NSS Legal & Tax.

En el mundo de la gestión patrimonial, destacan la iniciativa como positiva para la dinámica del negocio, pero se preguntan sobre el alcance que pueda tener. ¿Va a seguir el camino de la primera repatriación, que superó ampliamente las expectativas en 2015, o el de la segunda, que se quedó corta?

Luces y sombras

“Es una medida que va en la dirección correcta, en la medida que establece una ventana extraordinaria para que los contribuyentes puedan regularizar activos mantenidos en el exterior y, eventualmente, repatriar parte o la totalidad de esos recursos al país”, señala Sebastián Sánchez, socio fundador de Andes Advisors, a Funds Society.

En el caso de un proceso bien diseñado e implementado, explica, “esta medida puede incentivar la inversión, contribuir a fortalecer el mercado de capitales local, y generar una recaudación tributaria extraordinaria”.

Por su parte, el gerente general de SP Capital SFO, Patricio Parra, concuerda con el diagnóstico es positivo, para quienes quieran solucionar asuntos pendientes con el Fisco. Sin embargo, también hace hincapié en que hay un grado de incertidumbre respecto a cuánta gente se acogerá al beneficio.

“Es difícil pronosticar cuántas personas lo harán, porque ya se hizo un proceso bastante exitoso el 2015 y desconocemos cuántos quedaron pendientes, que estén dispuestos a tomarlo esta vez”, indica. Y el proyecto todavía tiene que pasar por muchos filtros, agregando a esta incógnita, ya que se está tramitando actualmente en el Congreso chileno.

Además, no todo es positivo. Si bien rescata el beneficio que pueda traer a ciertos inversionistas y la iniciativa de ofrecer un incentivo adicional a reinvertir el capital en la economía local, Mario Traub, socio fundador de AT Legacy Partners, ve aspectos negativos en la medida: “Desde una perspectiva de políticas públicas es una mala política. Es una pésima señal para los contribuyentes que cada cinco años existan amnistías tributarias, pues incentiva el incumplimiento y castiga al contribuyente cumplidor”.

Las experiencias anteriores

“En materia de repatriación de capitales, Chile ya cuenta con experiencias previas relevantes”, recalca Sánchez. El primer proceso, los actores de banca privada concuerdan, fue un éxito rotundo. Mientras que el gobierno aspiraba a captar unos 90 millones de dólares con la operación, la recaudación superó los 1.500 millones de dólares.

“Entre los factores que explican este resultado se encuentra una tasa reducida de 8%, un plazo de implementación de 12 meses y, principalmente, el hecho de que en ese período aún no se encontraba vigente el intercambio automático de información bajo el estándar Common Reporting Standard (CRS), el cual obliga a las instituciones financieras a reportar información de clientes con residencia tributaria en otras jurisdicciones”, explica el profesional de Andes Advisors.

El proceso siguiente, realizado en 2014 tuvo un desempeño muy inferior.  En esa ocasión, recuerda Traub, la repatriación de capitales “recaudó 94 millones de dólares, siendo que el monto proyectado era de 602 millones de dólares; es decir, sólo el 15,6% del monto proyectado”.

Esto lo atribuyen desde la industria a condiciones menos atractivas en la iniciativa. La duración del proceso fue mucho más corta, de unos dos meses, y la tasa era más alta a lo propuesto este año, de 12%.

De todos modos, desde la industria de gestión patrimonial le ven potencial a la medida propuesta este año, pero las condiciones en las que se realice –junto con una variedad de factores, de distinta índole– determinará el nivel de éxito de la propuesta, en caso de que sea aprobada por los parlamentarios.

Prospectos para el nuevo proceso

“La decisión no dependerá exclusivamente de la tasa del impuesto, la ventana temporal o la amplitud de bienes declarables. También influirán factores como las perspectivas económicas del país, las oportunidades de inversión disponibles, la estabilidad institucional y la confianza en el marco regulatorio de largo plazo”, señala Sánchez.

Para el ejecutivo, los factores que más influirían serían la confianza en el marco tributario y el carácter verdaderamente excepcional de la medida; la competitividad de las alternativas de inversión en Chile; y la claridad y certeza jurídica que el régimen de a los contribuyentes.

En esa línea, la relación con el Fisco –y las entidades con las que se relacionan personas y empresas con él– se vuelve relevante. “Es importante entender que en estos procesos hay mucha interacción con fiscalizadores del SII y que, para sea exitoso, deben ser personas que permita que esto fluya”, indica Parra, de SP Capital MFO.

De todos modos, las estimaciones que ha difundido el gobierno han levantado dudas, especialmente los 277.000 millones de pesos chilenos (alrededor de 300 millones de dólares) que auguran recaudar en la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Para Traub, de AT Legacy Partners, esta proyección es “excesiva”. “Si se aprueba, creemos que será un proceso beneficioso para muchos contribuyentes, pero somos escépticos de que alcance la recaudación esperada”, comenta. Eso sí, el profesional agrega que no descartan que el proceso dé una sorpresa.