Quien pensara que la aprobación de la reforma al sistema de pensiones de Colombia, en 2024, iba a terminar con las discusiones en torno al asunto se equivocó. Y es que a meses de que los tribunales locales suspendieran la implementación de la ley por un supuesto vicio legislativo, se está escribiendo un nuevo capítulo de esta teleserie, con las AFPs y el gobierno de Gustavo Petro trenzados en un tenso episodio relacionado con un billonario traslado de recursos desde el sistema previsional privado.
Entre decretos cruzados y medidas legales, las tensiones han estado elevándose recientemente. El objetivo del dilema: el traspaso de 5 billones de pesos colombianos (alrededor de 1.370 millones de dólares) del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a Colpensiones, el vehículo estatal.
El gobierno ordenó el traspaso de estos recursos desde el sistema privado al ente estatal, pero el Consejo de Estado suspendió la medida. Ahora, la administración de Gustavo Petro –a través de una variedad de reparticiones estatales, incluyendo los ministerios de Hacienda y Trabajo y la Superintendencia Financiera, entre otras– está investigando a las gestoras locales. Por su parte, las AFPs defienden la decisión, asegurando que están velando por la protección de los ahorros de los trabajadores y que el traslado se ajuste a la ley y a criterios técnicos.
Este enfrentamiento está levantando preocupaciones en distintos frentes locales, con acusaciones cruzadas de actuar indebido. Para el Ejecutivo, las AFPs están reteniendo ilegalmente recursos que deberían fluir a Colpensiones para pagar pensiones de personas que cumplen con los criterios establecidos. Para el mundo privado, la presión del ejecutivo, en un contexto en que la reforma previsional aún no se zanja, pinta un panorama de intervención complicado.
El origen de esta saga está en la reforma de pensiones, que incluyó una oportunidad excepcional para que las personas que estuvieran a menos de diez años de jubilarse pudieran trasladarse al sistema público.
Los 5 billones de la discordia
Esta ventana quedó consagrada en el artículo 76 de la legislación que busca transformar el sistema previsional, la ley 2381 de 2024. Además de establecer esto, el documento indica que los recursos de las cuentas individuales seguirán siendo gestionados por las AFPs hasta el momento de consolidarse la prestación pensional.
Más adelante, la Corte Constitucional colombiana falló el año pasado –como parte de una revisión a la constitucionalidad de la reforma– por la suspensión de la entrada en vigencia de la ley, con dos excepciones: los artículos 12 y 76.
Considerando estas excepciones y basándose en ellas, el gobierno emitió en abril el Decreto 415 de 2026, un documento que –a través de su sexto capítulo– ordenó que los recursos de las cuentas de ahorro individual de las personas que se acogieron al traslado fueran transferidos a Colfondos.
Este decreto involucra aproximadamente 25 billones de pesos (cerca de 6.870 millones de dólares), incluyendo los 5 billones que ya fueron reclamados por los afiliados, que es el foco de la disputa actualmente.
En respuesta, la entidad gremial Asofondos –que reúne a las cuatro AFPs que operan en el país: Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia– anunció inmediatamente que tomarían acciones legales.
Unas semanas después, consiguieron el respaldo del Consejo de Estado. Según señalaron en sus autos del 28 de abril y el 11 de mayo, la entidad determinó suspender el traslado de los recursos hasta que se zanje el futuro de la reforma, que actualmente está en una especie de limbo jurídico. Según el tribunal, el gobierno excedió sus facultades con su decreto, al modificar el destino de esos recursos al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), que aún no se crea. Este asunto, fallaron, está reservado al Congreso.
Entonces, la situación tomó más ribetes políticos cuando el gobierno respondió con el anuncio de una investigación. A través de la Directiva Presidencial número 4, dirigida a una colección de entidades estatales y con carácter de urgente, el Ejecutivo llamó a las reparticiones a coordinarse y actuar para asegurar el traslado.
Petro también disparó contra el magistrado del Consejo, acusándolo de favorecer los intereses de la industria financiera con su fallo y pidiendo que lo demanden penalmente por prevaricación.
Las AFPs contra el gobierno
La Superintendencia Financiera estará a cargo de revisar la trazabilidad de recursos, derechos de afiliados e impactos del sistema, según solicitaron el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en una misiva. En ella, los secretarios de Estado acusan inconsistencias en las cifras y el número de afiliados reportados por las AFPs.
Según estimaciones de Hacienda, la suspensión del traslado de recursos previsionales a Colpensiones perjudicaría particularmente a unos 20.000 pensiones colombianos.
“Las investigaciones anunciadas permitirán tomar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero colombiano”, acotó el regulador en un comunicado posterior.
Por su parte, la industria se mantiene firme en su postura: la ley señala que los recursos se quedan en las carteras privadas hasta que se consolide la pensión, momento en que serían transferidos al FAPC, según lo determinó el mismo gobierno. Si no se ha creado este fondo –ligado al Banco de la República–, la norma establece que se queden en gestión de las AFPs, recalcaron desde Asofondos.
“El llamado es a que todas las actuaciones relacionadas con el sistema pensional se desarrollen en estricto cumplimiento de la ley, respetando la seguridad jurídica y la destinación específica de unos recursos que pertenecen a millones de trabajadores colombianos y que tienen naturaleza de ahorro de largo plazo”, recalcó Andrés Velasco, presidente de la entidad, en un comunicado reciente.
La asociación también cuestionó el mensaje gubernamental de que la suspensión del traslado de estos recursos está afectando la continuidad de las pensiones, dadas las mesadas que debe otorgar a las personas que ya establecieron su pensión.
Según sus estimaciones, hay más de 100.000 personas cotizando activamente en el régimen público, aportando más de 600.000 millones de pesos (165 millones de dólares) al año. Esto, aseguran, supera con margen el valor de las mensualidades pagadas a los 20.000 pensionados en el corazón del conflicto, que suman alrededor de 450.000 millones (124 millones de dólares) anuales.
Por Funds Society
