Quien pensara que la aprobación de la reforma al sistema de pensiones de Colombia, en 2024, iba a terminar con las discusiones en torno al asunto se equivocó. Y es que a meses de que los tribunales locales suspendieran la implementación de la ley por un supuesto vicio legislativo, se está escribiendo un nuevo episodio de esta teleserie, con las AFPs y el gobierno de Gustavo Petro trenzados en un tenso episodio relacionado con un billonario traslado de recursos desde el sistema previsional privado.
Entre decretos cruzados y medidas legales, las tensiones han estado elevándose recientemente. El objetivo del dilema: 5 billones de pesos colombianos (alrededor de 1.370 millones de dólares) del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) a Colpensiones, el fondo estatal.
El gobierno ordenó el traspaso de estos recursos desde el sistema privado al ente estatal, pero el Consejo de Estado suspendió la medida. Ahora, la administración de Petro –a través de una variedad de reparticiones estatales, incluyendo los ministerios de Hacienda y Trabajo y la Superintendencia Financiera, entre otras– está investigando a las gestoras locales. Por su parte, las AFPs defienden la decisión, asegurando que están velando por la protección de los ahorros de los trabajadores y que el traslado se ajuste a la ley y a criterios técnicos.
Este enfrentamiento está levantando preocupaciones en distintos frentes locales, con acusaciones cruzadas de actuar indebido. Para el Ejecutivo, las AFPs están reteniendo ilegalmente recursos que deberían fluir a Colpensiones para pagar pensiones de personas que cumplen con los criterios. Para el mundo privado, la presión del ejecutivo, en un contexto en que la reforma previsional aún no se zanja, pinta un panorama de intervención complicado.
Por Funds Society
