El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprobaron la semana pasada una directiva que modifica MiFID II y las directivas de empresas de servicios de inversión, para rebajar ciertos requisitos con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis del COVID-19. Estas modificaciones se conocen como “quick fix”.
Según destacan desde finReg360, estas modificaciones tienen una doble intención. Por un lado, reducir la complejidad regulatoria y los costes del cumplimiento normativo de las empresas de servicios de inversión, y, por otro lado, eliminar las distorsiones de la competencia, siempre que, al mismo tiempo, se preste suficiente atención a la protección de los inversores.
“La directiva aprobada está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Se prevé que los Estados transpongan esta directiva a su ordenamiento jurídico en un plazo de nueve meses y empiecen a aplicarla a los 12 meses de la entrada en vigor”, destacan desde compañía especializada en regulación financiera.
Fruto de esta directiva, son varias las modificaciones introducidas. Entre ellos, en las exenciones de los requisitos sobre gobernanza de productos, se añaden a ellas dos más:
cuando el servicio de inversión se refiera a bonos sin más derivados implícitos que una cláusula de reintegración, y cuando los instrumentos financieros se comercialicen o distribuyan exclusivamente entre contrapartes elegibles. Además, respecto a la entrega previa de información sobre costes y gastos, se modifica y ahora se podrá entregar esta información sin demora tras concluir la operación, cuando se utilice un medio de comunicación a distancia para la distribución de instrumentos financieros que impida su entrega previa.
Sobre el envío de la información en formato electrónico, se añade que “se debe entregar con este formato, salvo cuando el cliente o cliente potencial sea un cliente minorista y solicite recibirla en papel, que se le facilitará en este formato gratuitamente”.
Las modificaciones realizadas también afectan a otros aspectos, como por ejemplo a las obligaciones de unbundling (separación de costes de análisis y ejecución). A partir de ahora, no será necesario cumplir con ellas cuando, entre otros requisitos, el análisis se refiera a emisores cuya capitalización bursátil durante el período de treinta y seis meses naturales anteriores no haya sido superior a 1.000 millones de euros. Esta no es la única novedad que se introduce sobre los análisis de costes y beneficios, hay uno más: “En casos de recomendaciones de inversión de venta y compra simultáneas, se añade la obligación de comunicar al cliente si los beneficios del cambio son superiores a los costes que ese cambio lleva aparejados o no.
Desde finReg306 destacan algunas otras modificaciones relevantes, por ejemplo sobre la publicación de los datos sobre la calidad de la ejecución de las operaciones y el centro de ejecución de la orden. “Se exime de estas obligaciones a los centros de ejecución y las empresas de servicios de inversión durante dos años, desde la entrada en vigor de esta directiva. Y durante este período, la Comisión revisará exhaustivamente estas obligaciones para valorar su adecuación”, destacan.
Por último, hay dos modificaciones más que afectan a las obligaciones de información cuando el cliente al que se prestan los servicios de inversión sea profesional o contraparte elegible y a las exenciones de la autorización como empresa de servicios de inversión. Sobre la primera, se rebajan estas obligaciones, y se eliminan otras cuando se le considere profesional o contraparte elegible. Respecto al segundo ámbito, se aclara esta exención cuando se trate de personas que negocian profesionalmente con derivados sobre materias primas o derechos de emisión o derivados sobre estos, cuando su actividad de negociación sea auxiliar con respecto a su actividad principal, y, asimismo, se prevé un desarrollo por la ESMA de normas que permitan fijar los límites de posiciones sobre determinados derivados.
Por Funds Society, Madrid