El presidente de Ecuador, Rafael Correa, remitió el pasado miércoles a la Asamblea Nacional un proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero que propone cambios a la estructura de control bancario a través de la formación de la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera. La propuesta es de carácter urgente por lo que los legisladores tienen 30 días plazo para dar trámite y deliberar sobre el proyecto de ley.
La Junta estará integrada por miembros de la función ejecutiva: Los ministros de responsables de la política económica, la producción, finanzas públicas, el titular de planificación y un delegado del presidente de la República. Funcionarios como el superintendente de Bancos, el gerente general del Banco Central, superintendente de Compañías, y el presidente de la Corporación de Seguro de Depósitos, participan en las deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, informa PanAm Post con información de La Hora, La República y El Universo.
Entre las facultades de la Junta se encuentran las de formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera; regular mediante normas las actividades financieras de las entidades del sistema, y aprobar la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que se alineará al programa económico del gobierno.
El Código tiene el propósito de fomentar el acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito. También plantea ajustes a la legislación fiscal para la eliminación de las preasignaciones, regulaciones para que el Estado recupere los instrumentos de política monetaria. Además pretende adoptar medidas para reordenar el Sistema Financiero Nacional; incrementa las medidas de control y supervisión, regula la concesión del crédito, entre otras.
El texto, que prevé reducir una serie de normativas económicas a un solo documento, deroga más de 30 leyes, entre ellas la de Cheques, la General de Instituciones del Sistema Financiero, la de Régimen Monetario y Banco del Estado.
Reacción de la Asociación de bancos privados de Ecuador (Abpe)
El presidente de la Asociación de bancos privados de Ecuador (Abpe), César Robalino, sostuvo que el proyecto de ley, enviado con carácter urgente por Correa a la Asamblea, tiene algunos elementos que no son compatibles con el esquema de dolarización. Para Robalino se crea «cierta incertidumbre en los mercados, no en los banqueros, sino en los agentes económicos y en los depositantes, que es la parte más importante de la banca privada”.
El segundo cuestionamiento tiene que ver con una reducción drástica de la libertad y del espacio que tienen los banqueros para evaluar riesgos de sus créditos. Es más, lo califican como grave, ya que en el futuro los bancos privados tendrán que hacer lo que le diga el poder público en materia de crédito, inversiones, liquidez y política crediticia, informa el diario ecuatoriano Hoy Digital en su página web.
“En banca hay varios cosas importantes como son la confianza en los depositantes, pero también la facultad que se tiene, de manera seria, de evaluar los proyectos de créditos -precisó Robalino-. No es cuestión de dar créditos por darlos”.
De hecho, alertó que lo único que intentaría el Gobierno de Correa es convertir a la banca privada en un servicio público. Sobre todo, cuando el proyecto busca direccionar el crédito, lo cual para el sector resulta grave y llevaría a un fracaso seguro tal como ha ocurrido en otras naciones. Y puso como ejemplo, Venezuela.
Allí destacó que un Código, como el presentado, es grave y ofensivo para el sector que en la actualidad desempeña adecuadamente sus funciones. Además, generaría una serie de inconvenientes, pues la banca se debilitaría porque no van a crecer los patrimonios. Además dijo que si se aprueba tal como está el proyecto será una “cuasi estatización de la banca”, porque solo deberán recibir órdenes desde el Gobierno.
Mientras que el último cuestionamiento tiene que ver con la responsabilidad. ¿Cuál sería la actitud que tenga el Gobierno cuando empiece hacer una serie de cosas que afecta las políticas de crédito?
Las preocupaciones del sector fueron ante la Comisión Económica y Tributaria de la Asamblea Nacional, en una sesión celebrada este martes en Guayaquil, con el fin de socializar el proyecto ante los banqueros de sector público y privado, además de algunos representantes de los empresarios.
Por Fórmate a Fondo