La economía mexicana enfrenta un deterioro creciente en sus finanzas públicas, que ha reducido significativamente el margen para conservar el grado de inversión soberano, un escenario que podría traducirse en mayores costos de financiamiento, salidas de capital y menor inversión extranjera en los próximos años.
En su Examen de la Situación Económica de México del segundo trimestre de 2026, Banamex advirtió que el aumento del déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública y el encarecimiento del servicio financiero del gobierno han comenzado a encender señales de alerta entre las agencias calificadoras internacionales.
La advertencia se produce después de que Standard & Poor’s modificara en mayo la perspectiva de la deuda soberana mexicana de estable a negativa, mientras que Moody’s redujo la calificación del país desde Baa2 hasta Baa3, apenas un escalón por encima de perder el grado de inversión.
El deterioro de las métricas fiscales explica buena parte de la preocupación. Los Requerimientos Financieros del Sector Público cerraron 2025 en 4,9% del Producto Interno Bruto, por encima incluso de las previsiones oficiales, mientras que la deuda neta del gobierno alcanzó 52,7% del PIB, el nivel más elevado en cuatro décadas.
A ello se suma un incremento acelerado en el costo financiero del endeudamiento. Para 2026 se estima que el pago de intereses de la deuda pública ascenderá a 1,5 billones de pesos (alrededor de 83.000 millones de dólares), equivalente a 4,1% del PIB, una cifra que comienza a competir directamente con el gasto destinado a infraestructura, salud o educación.
Banamex señala que el espacio fiscal del gobierno también se ha reducido por la necesidad de subsidiar los precios de las gasolinas para contener el impacto del incremento internacional del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente.
La Secretaría de Hacienda reactivó durante este año los estímulos al IEPS, lo que permitió mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro, pero implicó un costo fiscal estimado en 15.800 millones de pesos (878 millones de dólares) menos de ingresos tributarios para el gobierno federal.
Las consecuencias de una eventual pérdida del grado de inversión podrían ser profundas para la economía mexicana. Entre los principales riesgos destacan ventas forzadas de bonos mexicanos por parte de fondos con mandatos exclusivos para deuda con grado de inversión, una posible exclusión de índices globales de referencia, presiones sobre el tipo de cambio y un incremento en los costos de financiamiento para bancos, empresas y gobiernos locales.
El escenario ocurre además en un momento de menor dinamismo económico. Banamex estima que el PIB mexicano se contrajo 0,6% trimestral durante el primer trimestre del año y prevé un crecimiento de apenas 1,3% para todo 2026, lo que implicaría tres años consecutivos de expansión por debajo del promedio histórico del país.
La institución considera que México todavía cuenta con fortalezas importantes, entre ellas la independencia del banco central, el régimen cambiario flexible y la integración comercial con Estados Unidos. Sin embargo, advierte que restaurar la confianza de los inversionistas y estabilizar la trayectoria de la deuda pública se han convertido en los principales desafíos económicos de corto plazo.
La revisión del T-MEC, la incertidumbre geopolítica internacional y un entorno global de menor crecimiento añaden presión adicional sobre una economía que, aunque mantiene estabilidad macroeconómica, comienza a mostrar señales de vulnerabilidad fiscal que hace apenas unos años parecían lejanas.
Por Funds Society, México
