Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) colocaron 1.657 millones de pesos en su primer bono de biodiversidad, un instrumento de deuda etiquetado que busca financiar prácticas agrícolas sostenibles y reducir la presión sobre los suelos. La operación forma parte de una emisión total de 6,298 millones de pesos (alrededor de 350 millones de dólares), distribuida en tres tramos, y representa el primer bono de esta naturaleza emitido por una entidad gubernamental en América Latina.
El título de biodiversidad se colocó a cinco años, a tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo, con un diferencial de 40 puntos base. De acuerdo con Alberto Lara, funcionario de FIRA, la institución cuenta con calificación AAA y logró un costo competitivo pese a no disponer de garantía soberana.
Los otros dos tramos de la operación correspondieron a un instrumento a tres años, por 1.614 millones de pesos, y otro a un plazo de 1,6 años, por 3.027 millones. En conjunto, los tres títulos sumaron los 6.298 millones de pesos anunciados.
El bono de biodiversidad cuenta con la etiqueta de bono verde y una opinión de segunda parte (Second Party Opinion), mecanismo que respalda la evaluación de los proyectos elegibles conforme a los criterios aplicables a este tipo de instrumentos.
Más allá de su dimensión financiera, la operación busca vincular el ahorro institucional con la preservación del capital natural del país. El objetivo inmediato es reducir el uso excesivo de fertilizantes químicos en determinadas regiones agrícolas, mediante financiamiento, incentivos económicos, asistencia técnica y seguimiento de las prácticas productivas.
Afores y bancos financiarán la transición agrícola
La operación también representa un nuevo paso en la conexión entre el mercado de valores y el financiamiento agropecuario. Alan Elizondo, director general de FIRA, explicó que los recursos captados en las subastas provienen de inversionistas como Afores, bancos, casas de bolsa, fondos de inversión y entidades gubernamentales, entre otros participantes.
Una vez recibidos, los recursos se canalizan hacia las regiones y actividades donde se han identificado prácticas de sobrefertilización. Para llegar a los productores, FIRA utiliza intermediarios financieros como bancos, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), así como empresas que agrupan a agricultores y comercializan sus cosechas.
Elizondo destacó que este modelo no está limitado necesariamente a grandes productores. En algunas regiones, agricultores con superficies de seis o siete hectáreas pueden beneficiarse cuando participan en esquemas de acopio o trabajan con empresas que funcionan como intermediarias para acceder al financiamiento y los insumos.
El programa se concentra inicialmente en regiones donde existen referencias técnicas que permiten identificar aplicaciones de fertilizantes superiores a las necesidades agronómicas de los cultivos. En el caso del maíz, FIRA estima que alrededor de 66% de la producción nacional presenta algún grado de sobrefertilización.
La institución busca reducir las aplicaciones de nitrógeno de aproximadamente 400 a 280 unidades por hectárea, al tiempo que promueve el uso de biofertilizantes, elaborados con microorganismos y otros componentes que contribuyen al aprovechamiento de los nutrientes y a la recuperación de los suelos.
Para evitar que la reducción de fertilizantes afecte los rendimientos, el esquema contempla incentivos económicos y asistencia técnica. Entre los mecanismos mencionados por FIRA figura una reducción de hasta tres puntos porcentuales en la tasa de interés, condicionada a los compromisos de adopción de prácticas elegibles. La institución también supervisará que los productores reduzcan efectivamente las aplicaciones químicas y utilicen adecuadamente los biofertilizantes.
El programa ya tuvo una primera fase piloto durante el ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026, en el que se incorporaron alrededor de 22.000 hectáreas. Para el ciclo 2026-2027, FIRA prevé más que triplicar la superficie atendida, una vez que la mecánica operativa ha sido probada y presentada en algunas de las principales zonas productoras.
Los 1.657 millones de pesos del bono se destinarán exclusivamente a este esquema. Elizondo estimó que los recursos podrían utilizarse durante aproximadamente un año y medio, equivalente a unos tres ciclos agrícolas, y señaló que la institución evaluaría una nueva emisión si la demanda de financiamiento y los resultados justifican ampliar el programa.
El reto de convertir la inversión en resultados ambientales
La relevancia de la emisión se entiende a la luz de los desafíos que enfrenta el sector agroalimentario. José Luis Negrín, director general de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, advirtió que los riesgos climáticos y la pérdida de biodiversidad constituyen riesgos sistémicos para la economía mexicana.
México ocupa el quinto lugar entre los países megadiversos, alberga más de 12% de las especies del planeta y cuenta con más de 60 tipos de ecosistemas. Sin embargo, la degradación de los suelos, la pérdida de hábitats y la presión sobre los recursos naturales amenazan tanto la conservación ambiental como la productividad agrícola.
De acuerdo con las cifras expuestas por Negrín, 64% del territorio nacional presenta algún nivel de degradación de suelos. Entre sus consecuencias figuran la pérdida de fertilidad, la erosión, la menor capacidad de retención de agua y una mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos, factores que también pueden incrementar los riesgos de crédito e impago en las cadenas agroalimentarias y la infraestructura rural.
La apuesta de FIRA parte de una contradicción productiva: durante las últimas seis décadas, la producción mundial de cereales pasó de 877 millones a 3.133 millones de toneladas, un incremento de aproximadamente 3,6 veces, mientras la superficie utilizada aumentó apenas 15%, de 648 millones a 745 millones de hectáreas.
La innovación tecnológica permitió elevar la producción y alimentar a una población creciente, pero el uso excesivo de determinados insumos también ha contribuido al deterioro de los recursos que sostienen esa productividad. Para Elizondo, el desafío consiste en corregir esas prácticas sin comprometer la producción de alimentos.
El director general de FIRA subrayó que el problema no radica necesariamente en el uso de fertilizantes, sino en su aplicación por encima de las necesidades de los cultivos. La institución busca modificar los incentivos económicos para que los productores adopten prácticas que reduzcan la presión sobre los suelos y favorezcan la recuperación progresiva de su biodiversidad.
No obstante, el propio funcionario hizo una precisión importante: reducir la fertilización química no restablece por sí sola la biodiversidad. La disminución de la presión sobre los suelos, acompañada del uso de biofertilizantes, puede iniciar un proceso de recuperación cuyos beneficios ambientales requerirán varios años para materializarse.
FIRA refuerza su presencia en el mercado de deuda
El nuevo instrumento se suma a una trayectoria de financiamiento de FIRA a través del mercado de valores. Desde 2012, el Fondo Especial de Financiamientos Agropecuarios (FEFA) ha realizado 194 emisiones por un monto superior a 216.000 millones de pesos, de acuerdo con las cifras presentadas por el presidente del Consejo de Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez.
Por su parte, representantes de FIRA señalaron que el saldo en circulación de su deuda ronda los 100.000 millones de pesos y que, considerando las emisiones públicas y privadas, de corto y largo plazo, la institución acumula cerca de 500.000 millones de pesos emitidos desde 2012.
Elizondo explicó que el financiamiento del campo ha evolucionado desde un modelo sustentado principalmente en recursos gubernamentales hacia otro en el que el mercado de valores y el ahorro institucional tienen una participación determinante. En ese proceso, las Afores se han convertido en una fuente relevante de recursos de largo plazo para financiar actividades productivas.
Sin embargo, el funcionario reconoció que no toda la deuda en circulación tiene una finalidad temática. Estimó que entre una cuarta parte y una tercera parte corresponde a instrumentos con objetivos específicos de sostenibilidad, lo que deja margen para ampliar el financiamiento vinculado a metas ambientales.
La operación se produce, además, en un contexto en el que los emisores mexicanos enfrentan el reto de mantener el interés de los inversionistas por los bonos sostenibles. Alberto Lara señaló que la discusión internacional sobre sus costos de estructuración y la dificultad para medir sus beneficios ambientales ha influido en la evolución de este mercado, mientras que Elizondo destacó la tensión que enfrentan los inversionistas institucionales entre ofrecer rendimientos a los ahorradores para el retiro y asignar recursos a proyectos con impacto social y ambiental.
En ese sentido, el diferencial de 40 puntos base y la colocación de 1.657 millones de pesos a cinco años constituyen elementos financieros relevantes para evaluar el resultado de la operación. Elizondo consideró que ampliar la participación de emisores y desarrollar una clase de activos reconocible para estos instrumentos será importante para consolidar el mercado.
Cartera de FIRA crecería hasta 285.000 millones de pesos
Durante la presentación, Elizondo también informó que la cartera de crédito de FIRA alcanzó un saldo histórico de 270.000 millones de pesos antes del inicio del ciclo agrícola otoño-invierno. La institución prevé que el monto cierre 2026 entre 280.000 y 285.000 millones de pesos, lo que representaría un crecimiento aproximado de 5% respecto al año anterior.
El funcionario señaló que la cartera vencida se mantiene por debajo de 2%, aunque reconoció que los productores todavía resienten los efectos de ciclos agrícolas anteriores. De los 270.00 millones de pesos de cartera reportados, estimó que entre 85.000 y 90.000 millones cuentan con algún tipo de garantía, incluidos mecanismos de cobertura parcial y esquemas de primeras pérdidas.
De cara al nuevo ciclo, FIRA confía en que la disponibilidad de agua, los apoyos públicos y los instrumentos de estímulo a las tasas de interés, las primas de seguros agropecuarios y las coberturas de precios contribuyan a sostener la actividad productiva, pese a los riesgos climáticos.
El bono de biodiversidad introduce así una dimensión adicional en la estrategia de financiamiento de la institución: además de respaldar la producción agropecuaria, busca que una parte de los recursos del mercado de deuda contribuya a modificar prácticas que pueden deteriorar los recursos naturales.
El reto será demostrar que esa asignación de capital se traduce en cambios verificables en el uso de fertilizantes, la salud de los suelos y la conservación de la biodiversidad. La medición de esos resultados será determinante para evaluar el impacto del instrumento y, eventualmente, sustentar nuevas emisiones.



