Foto cedidaGiorgio Carlino, responsable del área multigestión de Mediolanum International Funds.
Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ha anunciado el nombramiento de Giorgio Carlino como nuevo responsable del Área Multigestión. Según indica la firma, Carlino estará ubicado en Dublín y dependerá directamente de Christophe Jaubert, Chief Investment Officer (CIO) de MIFL.
Giorgio Carlino será responsable de dirigir tanto el equipo de selección de gestores, que identifica y supervisa a los mejores gestores del mercado, como el equipo de carteras multigestor, que se encarga de construir carteras mediante una combinación de diferentes gestores delegados para diferentes productos, a través de una variedad de estrategias de inversión para lograr rentabilidades ajustadas al riesgo para los clientes. Además, formará parte del comité de Inversión de MIFL, contribuyendo a la visión de la casa.
Este profesional, que cuenta con 22 años de experiencia en el sector, ha desempeñado diversas funciones a lo largo de su carrera, entre ellas la de gestor de fondos para Commerzbank y gestor para RAS Asset Management en Milán. Además, ha desempeñado múltiples funciones en Allianz Global Investors, incluida, más recientemente, la de director global de inversiones para estrategias multiactivos.
Giorgio sucede en el cargo a Bish Limbu, que ha realizado importantes contribuciones al equipo del área multigestión durante su mandato. Según indican desde la gestora, Limbu seguirá siendo asesor de MIFL y colaborará estrechamente con Giorgio y el resto del equipo.
La firma también ha anunciado el nombramiento de Jason Samons como nuevo responsable de Investigación de gestores. Samons sustituirá a Inma Conde y reportará directamente a Giorgio Carlino. Inma Conde, por su parte, se convierte en la nueva responsable de ESG, un puesto de reciente creación, ya que la firma quiere continuar ampliando su oferta de ESG. Inma reportará directamente a Christophe Jaubert.
“La ambición de Mediolanum, su constante inversión en recursos humanos y tecnología, su variada oferta de productos y su atención al consumidor final hacen que este sea un gran momento para unirme a la empresa. Tengo muchas ganas de contribuir a la historia de éxito de MIFL a la hora de ofrecer una rentabilidad superior sostenida a nuestros clientes a través de sus diversas estrategias”, ha destacado Giorgio Carlino, responsable del área multigestión.
Por su parte, Christophe Jaubert, CIO de MIFL, ha declarado: “Estoy encantado de que Giorgio se una a nuestro equipo en Dublín, ya que será fundamental para la próxima fase de crecimiento de la empresa. Giorgio aporta un impresionante historial de resultados en diferentes estrategias, y nos beneficiaremos enormemente de su experiencia y conocimientos en materia de inversión”.
Foto cedidaDaniel Lilliehöök, socio de Alantra para liderar la práctica de tecnología en los países nórdicos.
Alantra ha reforzado sus capacidades globales de banca de inversión tecnológica en los países nórdicos con el nombramiento de Daniel Lilliehöök como socio con sede en Estocolmo. El equipo de Alantra en los países nórdicos está dirigido por Jonas Bauréus y Sebastian Hougaard y ha firmado más de 40 transacciones por un valor total de más de 7.000 millones de euros en los últimos cuatro años.
“Estoy muy emocionado de unirme al equipo y espero fortalecer las capacidades de Banca de Inversión de Alantra en los países nórdicos y aprovechar la excelente y creciente plataforma global de Alantra”, ha señalado Daniel Lilliehöök, socio de Alantra.
Lilliehöök cuenta con más de 18 años de experiencia en finanzas corporativas y asesoramiento sobre capital de crecimiento en la región nórdica, con especial atención a las empresas y los fondos de capital riesgo nórdicos. Tiene una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones públicas y privadas, adquisiciones a largo plazo, ECM y ampliaciones de capital. Antes de incorporarse a Alantra, Daniel trabajó en GP Bullhound y, con anterioridad, pasó más de 15 años en Nordea Corporate Finance.
Por su parte, Jonas Bauréus, Socio Director de Alantra en Estocolmo, ha declarado: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Daniel en un periodo de crecimiento de nuestra división de Banca de Inversión. Estamos seguros de que sus conocimientos y experiencia serán una valiosa incorporación a nuestro equipo y desempeñará un papel clave en la consecución de nuestras ambiciones de crecimiento en la región”.
El régimen de los fondos de inversión a largo plazo europeos (ELTIF) fue introducido por el Reglamento 2015/760 de la UE, de 29 de abril de 2015, relativo a los ELTIF. El siguiente paso llegó el 25 de noviembre de 2021, cuando la Comisión Europea presentó su paquete de medidas sobre la Unión de los Mercados de Capitales, que incluía la revisión del citado Reglamento. ¿En qué punto estamos ahora?
El 7 de diciembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento de la UE acordaron provisionalmente un proyecto de paquete de compromiso global para el Reglamento por el que se modifica el Reglamento ELTIF, conocido como ELTIF 2.0. Según explican desde la Asociación de la Industria de Fondos de Luxemburgo (Alfi, por sus siglas en inglés), este texto ha sido posteriormente aprobado por la comisión ECON del Parlamento de la UE el 12 de enero de 2023, y puede consultarse aquí.
“El texto sigue estando sujeto a la aprobación formal individual de los colegisladores de la UE. El Parlamento de la UE ha previsto indicativamente mediados de febrero de 2023 para aprobar el ELTIF 2.0.”, matizan desde la asociación profesional. Mientras el sector espera con impaciencia la revisión de la normativa sobre los FILPE, los gestores de activos se están preparando para empezar a actualizar su oferta de productos con el ELTIF 2.0.
Sobre la base del acuerdo provisional publicado por el Parlamento Europeo, desde Alfi destacan varios cambios importantes:
Se han ampliado los activos e inversiones admisibles y se han relajado los umbrales (véanse los artículos 10 y 11 ELTIF 2.0)
Se permiten las coinversiones con arreglo a las normas sobre conflicto de intereses (véase el artículo 12 del ELTIF 2.0);
Se han flexibilizado los requisitos de composición y diversificación de la cartera (véase el artículo 13 ELTIF 2.0);
Se han flexibilizado las normas de préstamo de efectivo (véase el artículo 16 ELTIF 2.0);
Se han mejorado considerablemente las normas de reembolso (véase el artículo 18 ELTIF 2.0);
Se han mejorado considerablemente las normas de comercialización y distribución (véanse las modificaciones de los artículos 29 y 30 del ELTIF 2.0).
Alfi considera que el ELTIF 2.0 beneficiará a los gestores de activos en relación con los ELTIF existentes y nuevos. “Los cambios previstos en el ELTIF 2.0 son un avance excelente para allanar el camino hacia un futuro éxito del ELTIF. En el futuro esperamos que más gestores de activos consideren el ELTIF como un producto para los inversores minoristas, ofreciéndoles acceso a activos privados con las necesarias salvaguardias de protección del inversor”, afirma David Zackenfels, asesor jurídico principal de Alfi. Además, desde la organización matizan que aunque los trabajos del proceso legislativo de la UE están llegando a su fin, la labor del sector de gestión de activos y de las autoridades nacionales competentes seguirá intensificándose.
“Luxemburgo sigue siendo el principal domicilio de ELTIF, con una cobertura de mercado por número de fondos de aproximadamente el 57%”, destaca Emmanuel Gutton, director jurídico y fiscal de Alfi. Concluye que «el sector de los fondos de inversión luxemburgueses espera con impaciencia los cambios en el régimen de los ELTIF y está preparado para aplicar las nuevas normas lo antes posible desde el punto de vista técnico».
Lo que partió a principios de diciembre del año pasado como manifestaciones de descontento por la destitución del expresidente Pedro Castillo y su reemplazo por la vicepresidenta Dina Boluarte, ha ido escalando con el pasar del tiempo. Ahora, con el conflicto llegando a la capital, Lima, y la temperatura subiendo, el mercado mira con atención la situación.
Con una marcha masiva convocada para este jueves y focos de protesta también en distintas regiones del país, los inversionistas supervisan la situación. Los activos locales no reflejan un impacto, pero los actores locales no descartan que la situación podría traer más volatilidad en el futuro.
Los benchmark accionarios S&P Lima Select y S&P Lima General han subido 4,04% y 3,82%, respectivamente, desde que empezó la segunda ola de protestas, el pasado 4 de enero. Desde que destituyeron a Castillo, las alzas han sido de 5,16% y 3,82%, en esos períodos. El dólar ha visto algo de impulso, pero leve: ha subido 0,51% desde que empezó el conflicto y 0,12% desde inicios de enero.
¿Por qué la firmeza de los activos locales? “Tenemos una buena posición económica y las manifestaciones aún no la han afectado de gravedad”, indica Julio Villavicencio, portafolio manager y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, agrega, el precio de los metales es favorable.
Hacia delante, eso sí, eso podría cambiar. “Eso no significa que no haya volatilidad. Este es un proceso que recién empieza”, advierte.
Con todo, la visión del mercado ha ido cambiando desde la salida de Pedro Castillo de la Casa de Pizarro, luego de un fallido “autogolpe”. “Los primeros días del cambio de gobierno, el mercado lo tomó como algo positivo, pero en la medida en que la situación ha comenzado a agravarse, efectivamente hemos visto un mercado con mayor preocupación”, relata Klaus Kaempfe, director de Portfolio Solutions de Credicorp Capital.
En esa línea, el ejecutivo explica que los activos de los precios no sufrieron porque “el mercado está muy descontado ya desde hace un tiempo”, incorporando un “escenario político difícil”. Lo que no está incorporado, advierte, es “un escalamiento desordenado”.
Optimismo y cautela
Si bien las alertas están prendidas, los capitales están esperando que las tensiones se reduzcan en el país, ordenando el panorama.
“El mercado tiene como escenario base que el episodio de conflictividad social se controlará y se producirá un adelanto de elecciones generales en abril 2024”, comenta Luis Ramos, encargado de Estrategia de Acciones de Perú y Colombia en LarrainVial Research.
Los fundamentos de esta visión, explica, están en que, si bien la presidenta Boluarte tiene un capital político “frágil”, ha logrado “tender puentes” con los partidos de centro y derecha en el Congreso peruano. Esto, agrega, fue clave para alcanzar los dos tercios necesarios para adelantar las elecciones.
“Asimismo, existe la percepción que la presidenta Boluarte ha sido capaz de controlar una primera ronda de conflictividad social a finales del año pasado y tendría argumentos para manejar este escenario de protestas. De manera similar a lo visto en diciembre de 2022, estas no son generalizadas, sino más bien concentradas y dirigidas a activos estratégicos”, delinea Ramos.
Villavicencio, por su parte, comparte el optimismo. “El tema político es un camino largo por recorrer. Al inicio, es muy sinuoso, pero al final llegaremos a un equilibrio sustentado en una sólida posición fiscal y monetaria”, indica el portfolio manager, agregando que “estos días son claves para tener una buena conjetura de los impactos”.
En esa línea, destacó que el tema de laasamblea constituyente –una de las demandas de los grupos de manifestantes– será clave, de una forma similar a lo ocurrido en Chile. En ese país, las protestas que estallaron en octubre de 2019 derivaron en un proceso constituyente que sigue en proceso.
De todos modos, la alarma existe. A mediados de diciembre del año pasado, la clasificadora de riesgo internacional S&P Global Ratings revisó a “negativa” su perspectiva para la deuda soberana. El argumento, señalaron en un reporte, incluye “la incertidumbre sobre la estabilidad institucional de Perú y su capacidad para mantener la continuidad en políticas económicas clave y respaldar el crecimiento económico”.
Además, las protestas en sí mismas tendrán un impacto económico. El Área de Estudios Económicos del BCP, uno de los principales bancos de Perú, señaló en un informe reciente que si se prolongan las manifestaciones y bloqueos de carreteras en distintas zonas del país, la proyección de crecimiento de 2,3% para el PIB para 2023 podría revisarse a la baja. Además, agregaron, podría amortiguar la caída en la inflación y sus expectativas.
Escenarios posibles
De todos modos, se espera que el ritmo de los mercados locales los dicte la evolución de las tensiones políticas.
Por un lado, una estabilización del conflicto y una salida institucional podría beneficiar a los activos locales. Es más, agrega Kaempfe, de Credicorp Capital, eso dejaría al mercado peruano “en buen pie para capturar las ventajas de la reapertura en China”.
El escenario base de LarrainVial es que las elecciones se adelanten a abril de 2024, lo que traería de la mano un camino ordenado hacia un nuevo proceso electoral. “Podríamos ver eventualmente algunas reformas políticas, que en el mejor de los casos incrementarían la capacidad de control político del Congreso”, agrega Ramos.
En este escenario, los activos peruanos no sufrirían mayor presión y quedarían determinados por la evolución de las presiones inflacionarias y cómo la economía enfrente la dinámica de ajuste del crecimiento global, explica.
En la otra cara de la moneda está el escenario de riesgo: que el conflicto siga enardeciéndose.
Una situación en que las elecciones se convoquen antes de abril de 2024, con un escalamiento en la conflictividad social que lleve a la renuncia de Boluarte o un Congreso que opte por acelerar el proceso, arrojaría más incertidumbre sobre los activos locales.
“Este escenario devengaría en un proceso desordenado de transición hacia el siguiente proceso electoral que incrementaría los riesgos de cola en los activos peruanos, principalmente por la incorporación de mayores riesgos político-institucionales”, señala Ramos. Esto, agrega, “dada la posibilidad de la aparición de candidatos radicales y/o la búsqueda de cambio en la actual constitución”.
Este escenario afectaría la variable de la liquidez del mercado. Un agravamiento, comenta Kaempfe, probablemente haría caer aún más la liquidez, la que también se verá afectada por las decisiones políticas tomadas sobre los fondos de pensiones, con la aprobación de una nueva ventana de retiros.
Las protestas
La inestabilidad política no es una novedad para Perú, a estas alturas. Durante el período presidencial que se extendió entre 2016 y 2021, el país andino tuvo cuatro presidentes y el Congreso se disolvió una vez. Pero el último round empezó con las difíciles relaciones entre un Congreso fragmentado y el gobierno de Castillo, que derivó en tres mociones de destitución en su contra.
El evento que gatilló “la toma de Lima” –como algunos llaman a la marcha en la capital peruana– fue la destitución del ex mandatario y la sucesión de Boluarte, el 7 de diciembre del año pasado. Esto luego de que Castillo anunciara la disolución del Congreso.
El descontento se concentró en las comunidades indígenas y agrupaciones vecinales y estudiantiles, principalmente al sur del país, con manifestaciones que se extendieron desde ese día hasta el 22 de diciembre.
Las principales demandas son la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones. Considerando lo heterogéneo de los manifestantes, otras demandas incluyen la creación de una nueva constitución y la liberación de Castillo, que actualmente está detenido.
Los enfrentamientos en las regiones llegaron a un punto particularmente crudo el 10 de enero, en el departamento de Puno –el más afectado por el conflicto–, con la muerte de 19 personas en la ciudad de Juliaca. Las manifestaciones suman actualmente 52 fallecidos.
Las denuncias de uso indiscriminado de armas por parte de la policía y violación a los derechos humanos llevó las protestas a la capital, convocando a limeños y otras cientos de personas que llegaron desde las regiones. Además, otras manifestaciones estaban convocadas fuera de la capital.
Distintas organizaciones se han ido uniendo al movimiento contra el gobierno, incluyendo la Confederación General de Trabajadores del Perú, uno de los principales sindicatos del país, que convocó un paro general para este jueves.
Y desde el gobierno, el mensaje ha sido claro: Boluarte no va a renunciar.
Alex Brown, la división de Raymond James, anunció la incorporación de Daniel “Danny” Laiter en Miami.
“Me alegra mucho anunciar que Danny Laiter se ha unido a la familia Alex Brown / Raymond James”, publicó en LinkedIn,Eric Termini, Managing Director para la oficina regional del sur de Florida.
Laiter proviene de Merrill Lynch y está especializado en clientes mexicanos, aclaró Termini.
El advisor con más de 23 años, comenzó en Lehman Brothers en 1997 en New York. Posteriormente, en 2001, Donaldson Lufkin & Jenrette Securities Corporation, tanto en New York y Miami.
Entre 2003 y 2006 trabajó en Credit Suisse, también en las dos ciudades para luego volver a Lehman Brothers donde estuvo hasta el 2008, según su perfil de BrokerCheck.
Según los registros de Finra, Laiter se registró por Merrill Lynch en 2008 y continúa registrado para la firma.
Tampoco se encuentra el nuevo movimiento del advisor en su perfil de LinkedIn.
Foto cedidaRicardo Miró-Quesada, socio y responsable de Private Equity del área de gestión de activos alternativos de Arcano Partners
Arcano Asset Management, el área de gestión de activos de Arcano, ha anunciado el cierre de Arcano Secondary Fund XIV (ASF XIV), con compromisos de capital de 450 millones de euros de inversores de España, Italia, norte de Europa y Latinoamérica, tanto institucionales como de banca privada.
De esta manera, el programa ha logrado exceder su objetivo de captación original de 300 millones de euros. Hasta la fecha, y aprovechando el contexto actual, el fondo ha completado más de 30 inversiones a descuentos atractivos a través del mercado secundario. ASF XIV es el cuarto programa de private equity lanzado por Arcano específicamente dedicado a completar transacciones en el mercado secundario, tanto de compras de participaciones (LP stakes) como de soluciones a gestores (GP-leds). El fondo se centra en completar inversiones en el segmento de mid-market buyouts en Europa y Estados Unidos, en activos que operen en sectores defensivos y con modelos de negocio resilientes.
El fondo está enfocado en transacciones pequeñas, donde hay menos competencia, a descuentos atractivos. Al igual que los fondos predecesores, ASF XIV destaca por su atractivo perfil rentabilidad-riesgo, lo que ha propiciado que el fondo supere su objetivo de captación con creces.
Líderes a nivel global en fondos de secundarios de private equity
Recientemente, Arcano ha sido galardonada como la única gestora española, en el top 10 del reconocido ranking de HEC París-Dow Jones, en la categoría de fondos secundarios de private equity. Esta clasificación, enumera las principales gestoras de fondos secundarios de private equity a nivel global, en términos de rentabilidad y consistencia de los más de 200 fondos captados entre 2008 y 2017. Con el cierre de ASF XIV, Arcano Partners refuerza más aun su liderazgo en el mercado de private equity a nivel global y específicamente en la gestión de fondos de secundarios.
Ricardo Miró-Quesada, socio y responsable de Private Equity del área de gestión de activos alternativos, ha señalado: “En Arcano, llevamos más de catorce años invirtiendo en secundarios de private equity, comprometidos en ofrecer a nuestros clientes una estrategia que ofrece retornos atractivos con un perfil de riesgo muy bajo. La apuesta por sectores y modelos de negocios resilientes ha sido siempre un pilar de nuestra estrategia centrada en análisis fundamental de empresas y estándares muy altos en materia de ASG. Por esta razón, estamos muy orgullosos, y agradecidos con nuestros inversores, de poder anunciar el cierre final de ASF XIV, habiendo superado ampliamente nuestros objetivos en un año tan complicado para los mercados”.
En años recientes, las inversiones socialmente responsables y ambientalmente sostenibles han capturado la imaginación del gremio financiero. La herramienta ASG (basada en factores ambientales, sociales, y de gobernanza, o ESG, por sus siglas en inglés)ha heredado todos los esfuerzos de responsabilidad social, con décadas de ser una ambición de académicos y empresarios y, que pretende desarrollar una medida estandarizada que compare estos factores entre empresas, en su intento de «mejorar el mundo y aun así ser rentables».
Estudios recientes han demostrado que los índices ESG pueden preparar al inversionista mejor para una recesión o un crash de bolsa y que son un buen añadido al portafolio para lograr mejor diversificación y reducción del riesgo. Muchos de estos trabajos se centran en los EE.UU. y Asia, en donde el volumen de empresas certificadas es amplio, aunque la evidencia también causa escepticismo entre académicos, argumentando que las mediciones de cada criterio no son consistentes al cien por ciento.
Un nuevo estudio de la Sociedad CFA de México y el Think Tank Financiero de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, titulado “Diversifying Risk and Beating the Market through ESG Evidence from Latin-America” revela que las estrategias de inversión basadas en ESG son alternativas de inversión viable y con un peril atractivo de retorno ajustado al riesgo para renta variable en Estados Unidos y algunos países de América Latina.
El artículo examina la inversión en empresas que aplican eficientemente las políticas prescritas por la herramienta ESG, comparando los índices construidos con esos criterios -y que produce la empresa Standard and Poor Dow Jones para la mayoría de los países de Latinoamérica y de Estados Unidos- contra el índice general de las bolsas de cada país, en el período que comprende de septiembre de 2015 a diciembre de 2022.
El objetivo central del estudio es responder a las siguientes preguntas: ¿Pueden los índices ESG presentar mejores retornos ajustados por riesgo que el de los índices generales del mercado?; ¿Son estos índices más volátiles que los del mercado en general?; ¿Es la inversión en ESG valiosa en los mercados latinos (Brasil, México, Chile, Perú y Colombia)? Y, ¿Qué factores macroeconómicos pudieran explicar los diferenciales -si los hubiera- entre la inversión en índices ESG y el índice general de cada país?
El estudio encuentra que de hecho hay eco en los mercados por el tema de ESG en el período estudiado, pero los resultados son mixtos para los países latinos. En particular encuentra que del 2015 al 2021 Estados Unidos, México y Colombia presentan retornos favorables para los índices ESG comparados con el mercado en general, pero en Brasil, Chile y Perú más bien la ganancia mayor se da en el índice del benchmark. Más aún, cuando se añade el año 2022, el retorno ajustado por riesgo acumulado para todo el período ya no favorece a Colombia, sino solamente a Estados Unidos y a México.
El estudio también encuentra que no hay una diferencia estadísticamente relevante en la volatilidad que presentan estos índices, y por lo mismo, los efectos de diversificación que pudieran lograrse son indistinguibles de la que se percibe invirtiendo en el benchmark de cada país, creando solamente un efecto proporcional en las medidas de riesgo del portafolio, indicando con ello, que no hay una mejoría o deterioro claro en la diversificación cuando se aplican los filtros ESG en países latinos.
Tratando de encontrar también sentido económico en cuanto a los factores detrás de este resultado, el estudio encuentra un pobre poder explicatorio de variables como el riesgo país, el precio del oro, el dólar, el factor calidad o la inflación, por lo que los autores proponen la “hipótesis del hábitat” como viable para explicar por qué algunos índices ESG mejoran a sus benchmarks, y en ella, se plantea que hay acciones dentro de la composición del índice ESG cuya exposición a ciertos factores de éxito les permite contabilizar su desempeño favorable, por lo que también pudiera esperarse un comportamiento cíclico en los diferenciales positivos que surjan, toda vez que estos factores de éxito entran y salen de la preferencia de los mercados según corresponda al momento del ciclo económico.
A la luz de lo anterior, puede corroborarse que el año 2022, que mostró grandes ganancias para el sector energía, debido a la guerra rusa en Ucrania, propició un reacomodo de las inversiones del mercado hacia ese sector, el cual cumple muy de lejos con los criterios de ESG, siendo ésta quizás la mejor explicación de porqué muchos de los países que estuviesen muy expuestos a ese sector, mostrarían un peor desempeño en tales índices cuando se les compara contra su benchmark.
En conclusión, el estudio encuentra que si hay cierta relevancia en la inversión en índices ESG, pero ésta no es consistente a lo largo del continente americano y el argumento de la diversificación no se sostiene con solidez; también, las razones de esta mejora podrían deberse a los sectores que habitan tales índices, en el énfasis que se logra contra lo que tiene un índice tradicional, pero esto no se puede corroborar con certeza por no ser aún transparente el contenido detallado de cada uno.
Columna de la CFA Society México, escrita por Jorge Arturo Martínez-González, CFA
Foto cedidaCarmen Basagoiti, presidenta de Harmon Corporate Affairs; Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, Juan Bernal, presidente de SpainNAB y director general de CaixaBank AM; y César Cantalapiedra, socio en Afi
SpainNAB, el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España; Harmon Corporate Affairs, primera consultora especializada en España en estrategias de no-mercado; y Afi, compañía española líder en consultoría y formación independiente, han organizado recientemente en el Congreso de los Diputados una jornada para trasladar a la esfera política y a las Administraciones Públicas la necesidad de avanzar en el diálogo y en la colaboración público-privada para alcanzar una “economía de impacto”.
Durante la jornada, bajo el título ‘Economía de impacto y Sector Público. Repensando la inversión con el impulso de la Administración’, se ha trasladado este nuevo modelo económico al poder legislativo a través de diferentes mesas de diálogo sobre qué es la inversión de impacto y qué retos y oportunidades presenta.
Meritxell Batet, presidenta del Congreso, ha realizado la apertura del acto, señalando que “estamos en un contexto en el que la preocupación por la sostenibilidad cada vez es más crucial y atraviesa todos los campos de la acción colectiva. Replantear las lógicas del mercado desde una perspectiva del impacto medioambiental y social de la actividad de las empresas constituye un reto clave para que la economía juegue a favor de la creación de un mundo mejor”. Además, ha destacado que “las sinergias que se pueden producir entre el sector público y privado en esa dirección es una cuestión de máxima actualidad”. “Desde mi punto de vista, creo que estamos obligados todos aquellos que ostentamos una representación política pero también desde el sector privado a reflexionar y a pasar a la acción lo más rápido posible”, ha finalizado.
El encuentro ha reunido a más de 150 asistentes, entre representantes de instituciones públicas, responsabilidades del Gobierno y de los principales partidos políticos, así como personalidades del sector privado y de la sociedad civil. La inversión de impacto se centra en dar solución a los retos sociales y medioambientales, generando un impacto positivo, medible y transparente a través de la utilización responsable, eficaz y eficiente de los recursos disponibles. Para lograrlo, resulta imprescindible reforzar la colaboración público-privada, y que esta impulse la movilización de financiación hacia esa nueva tendencia económica.
Juan Bernal, presidente de SpainNAB y director general de CaixaBank AM, ha destacado en la inauguración del acto que “la transición hacía una economía de impacto como instrumento transformador no es cuestionable y el sector público tiene un rol fundamental para lograrlo con éxito”. Además, Bernal ha incidido en que “SpainNAB es hoy una organización multisectorial que cuenta con el compromiso de todos los aliados estratégicos del sector privado y que debemos aspirar a que también sea transversal a todo el arco parlamentario que representan al conjunto de la sociedad española”.
Incrementar la inversión con implicación público-privada
Según el estudio “La inversión de impacto en España en 2021”, elaborado por SpainNAB y el Esade Center for Social Impact, el capital para la inversión de impacto en España sumó un total de 2.398,6 millones de euros de activos bajo gestión al cierre de 2021, un 12% más que en 2020. Estos datos muestran el potencial del sector en su papel esencial para contribuir a la construcción de un nuevo modelo económico, pero también evidencian la necesidad de seguir incrementando dichos recursos financieros.
Carmen Basagoiti, presidenta de Harmon, ha afirmado que “eventos como el de hoy ayudan a que existan puntos de encuentro entre las diferentes fuerzas políticas y a aportar desde la sociedad civil un ángulo de colaboración institucional”. Además, ha lanzado la petición de que “necesitamos encontrar un impulso y una voluntad firme en el sector público para conseguirlo” y ha concluido que “solo nos faltaba poner en la agenda pública la economía de impacto y hoy hemos evidenciado el primer paso”.
La Administración Pública representa un agente imprescindible a la hora de atraer inversores privados a este campo y aportar una mayor seguridad jurídica. De hecho, entre los factores clave que podrían influir en el crecimiento de la inversión de impacto destaca el incremento de la presencia del sector público, además del desarrollo de una metodología estandarizada para la medición y gestión del impacto y del aumento de los inversores institucionales.
Los actores públicos permiten canalizar la inversión hacia proyectos y entidades conectados con los retos de la sociedad, contribuir a la consecución de la Agenda 2030 y de las estrategias nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad, fomentar la capacitación del tercer y cuarto sector. Además, la inversión de impacto es una herramienta clave en la canalización de los Fondos Next Generation.
En este sentido, César Cantalapiedra, socio en Afi, ha señalado que “las administraciones públicas se encuentran ante la oportunidad de orientar el diseño de las políticas públicas para favorecer la sostenibilidad en el crecimiento y el empleo. La concesión a España de un segundo tramo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debería servir para explorar fórmulas que impulsen la inversión de impacto atrayendo capital privado con mecanismos de financiación combinada y contratos por resultados que propicien también la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
2023, clave para España con la cumbre anual de inversión de impacto
La jornada en el Congreso de los Diputados marca el inicio de un año clave para el papel de España en el avance de la “economía de impacto”, que culminará en Málaga los días 2 y 3 de octubre con la celebración del GSG Global Impact Summit, la cumbre anual de inversión de impacto, organizada por el Global Steering Group (GSG) y SpainNAB. El Ayuntamiento de Málaga tendrá un papel destacado en la celebración, colaboración en la organización, y su alcalde, Francisco de la Torre, ha realizado el cierre institucional en el Congreso de los Diputados.
La cumbre de Málaga, que coincide con la Presidencia española del Consejo de la UE, contará con profesionales y líderes de todo el mundo y pondrá de manifiesto la convergencia entre innovación y transparencia que impulsan los flujos de capital para dar respuesta a los urgentes desafíos empresariales, políticos y sociales. El objetivo es promover una transición hacia economías que generen soluciones.
Además, SpainNAB ha aprovechado la jornada en el Congreso para presentar su Manifiesto #CaminoalImpacto. El Manifiesto está dirigido a todas las personas e instituciones de la comunidad inversora, empresarial, del tercer sector, Administración Pública, universidades y/o academias y medios de comunicación, que pueden adherirse de forma voluntaria y comprometerse así a trabajar por la implantación de la “economía de impacto” en sus respectivos ámbitos de actuación.
La Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha elegido a Ángel Estrada García director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución de Banco de España, como nuevo miembro de su Consejo de Administración, por un período de dos años y medio.
El Consejo de Administración de la EBA está compuesto por el presidente de la EBA y seis miembros con derecho a voto del Consejo de Supervisores. Su principal función es velar por el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a esta autoridad bancaria.
Además de Ángel Estrada, forman parte de este órgano de la EBA los representantes en la Junta de Supervisores de Austria, Alemania, Grecia, Polonia y Suecia.
Según las primeras estimaciones obtenidas por SpainCap a través de la plataforma europea EDC, el volumen de inversión del capital privado en España en 2022 alcanzó 8.735 millones de euros en un total de 935 inversiones. A pesar del contexto de incertidumbre macroeconómica actual, se han pulverizado todos los récords anteriores, mantenido el dinamismo del año 2021, con otro ejercicio histórico en el middle market.
Se cierra 2022 como el segundo mejor ejercicio del private equity con 7.257 millones de euros en 190 inversiones, con un volumen tan sólo superado en 2019, año en el que se registraron 7.805 millones en 172 operaciones. Respecto al venture capital, 2022 finaliza como el segundo mejor ejercicio histórico, tanto en volumen (1.478,5 millones de euros) como en número de operaciones (745), comparado con 2021 (2.108 millones en 773 inversiones). El venture capital internacional, de nuevo, registró máximos de inversión en 2022 (1.033 millones de euros en 138 inversiones), tan sólo por detrás de 2021 (1.670 millones en 184 inversiones). Cifras, todas ellas, que demuestran la madurez del ecosistema emprendedor en España.
“Pese a la ralentización de la economía que se está produciendo a nivel global, nuestra industria continúa optimista y apostando por nuevas empresas y sus equipos, con un otro récord de inversión en volumen y número de operaciones. El sector de venture capital & private equity ha demostrado, a lo largo de periodos de ralentización anteriores, su capacidad de financiación y apoyo hacia las empresas en las que participa», comenta Oriol Pinya, presidente de SpainCap. «Seguiremos impulsando las startups y pymes españolas, que en este momento necesitan capital por un futuro sostenible y un acompañamiento en su gestión”, añade.
Según el tipo de inversor, se mantiene el apetito de los fondos internacionales, tanto en el segmento del private equity como en el de venture capital, ya que cuentan con abundante liquidez y un demostrado interés por el mercado empresarial español. En 2022, el capital procedente de fuera de nuestras fronteras contribuyó con el 80,7% del volumen total invertido en empresas de este país. Las gestoras nacionales incrementaron un 15% el volumen de inversión (1.554,4 millones en 2022, frente a 1.350,6 millones en 2021) y protagonizaron 570 inversiones dirigidas a compañías españolas, otra cifra récord.
Por tamaño de las inversiones, se registró un récord en grandes operaciones (por encima de 100 millones de euros), con un total de 15 inversiones que concentraron más de la mitad del volumen total invertido. El middle market (operaciones con una inversión en equity de entre 10 y 100 millones de euros) siguió muy activo y mantuvo el intenso dinamismo de los últimos años. En 2022 se registró nuevo récord en número de inversiones (108) con un volumen de 2.880 millones, un 18% más que en 2021 (vs. 2.437 millones de euros).
Según la etapa de desarrollo, destacó la inversión en buy outs, con un volumen de 5.647 millones en 58 inversiones. Respecto al capital expansión (growth), se realizaron 120 deals por 1.544,5 millones.
Los sectores que recibieron un mayor volumen de inversión fueron TIC/Internet (24,5%), Productos y servicios industriales (14%) y Hostelería/Ocio (13%). Por número de inversiones destacaron TIC/Internet (392 operaciones), Medicina/salud (98) y Productos de consumo (84).
Captación de nuevos fondos
El fundraising captado por parte de los inversores nacionales privados alcanzó la cifra de 2.011 millones de euros, lo que supone una caída del 36% respecto a 2021. Este descenso de magnitudes se debe a la situación macroeconómica actual, las incertidumbres existentes y cuya tendencia se sigue y afecta también al resto de países de nuestro entorno.
Desinversiones
El volumen de desinversión en 2022 registró una cifra estimada (a precio de coste) de 1.711,6 millones de euros en 307 deals, un retroceso del 36% en volumen respecto a 2021 (2.668 millones en 361 desinversiones). Los calendarios de salida de las empresas participadas se están alargando debido a las inquietudes que permanecen en el panorama económico mundial. Las gestoras están focalizando sus esfuerzos en la gestión de las empresas participadas y, además, están preparadas en la actualidad para inyectar la liquidez necesaria.
El mecanismo de desinversión más utilizado, en función del volumen, fue la “Venta a otra entidad de Capital Privado” (53,5%), seguido de la “Venta a un inversor industrial” (39,5%).
