El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los anteproyectos de ley para la creación de dos nuevos impuestos: el primero, el de determinados servicios digitales (la llamada tasa Google) y el segundo, el que gravará las transacciones financieras (la tasa Tobin). La idea es que sean aprobados por las Cortes cuanto antes y puedan entrar en vigor en un breve plazo de tiempo, por lo que la industria financiera, en el segundo caso, debe estar ya preparada para asumir sus consecuencias. Consecuencias que podrían materializarse tanto en los mercado españoles de renta variable como en los inversores.

En concreto, la tasa Tobin gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, aunque solo las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.

Fuera del impuesto quedan activos como la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. También estarán exentas las operaciones del mercado primario (salida a bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

Consecuencias en el mercado español

La crítica más unánime es el efecto negativo que podría tener para el mercado español si no se unifica a nivel europeo o incluso global. “Es importante tener presente que este tipo de medidas pueden tener un impacto negativo en la economía española en el caso de que no se aprobase de manera armonizada en la Unión Europea, pues se promovería la deslocalización de la inversión en valores nacionales a mercados distintos al español”, explica Elisa Ricón, directora general de Inverco.

“Según nuestra valoración, esto podría generar que las acciones españolas resultasen menos atractivas para los inversores extranjeros», dice. El tema de la competitividad de los mercados es clave en un mercado como el español, en el que los inversores extranjeros tienen cerca de la mitad del capital de las empresas cotizadas.

Ello explica que ya con motivo de la presentación del primer Anteproyecto en la anterior legislatura, la Asociación Europea de Fondos de pensiones, PensionsEurope (que integra, entre otros muchos, a los grandes fondos de pensiones holandeses, ingleses y noruegos) se expresara también en contra de este impuesto, «por su efecto erosionador sobre las futuras pensiones complementarias que inviertan en acciones españolas”, añade Ricón.

De momento, el impuesto se ha aprobado en Francia e Italia, y está estudiándose su implantación en Alemania. “No nos engañemos. Una medida de este tipo sólo tendría sentido si se implantase al mismo tiempo en toda la Unión Europea y de manera coordinada, porque si no es así, asistiremos a un impacto negativo en la competitividad de las entidades financieras y de los intermediarios financieros españoles, una huida de inversores hacia otras bolsas y valores extranjeros exentos de este tributo. Todo ello tendría una clara incidencia en la liquidez y financiación de las compañías españolas”, dice, en el mismo sentido Ismael De La Cruz, analista de Investing.com. 

«La aprobación de un impuesto de esta naturaleza afectará a la competitividad de las empresas y de los mercados financieros españoles y, en general, al crecimiento económico y al empleo», advierten desde CECA. «El impuesto discrimina a la empresa española frente a las empresas extranjeras, puesto que únicamente grava la adquisición de acciones españolas. Por tanto, es previsible que genere una deslocalización de inversiones hacia otras jurisdicciones», añaden. Y también consideran que, para mitigar los efectos colaterales derivados del establecimiento unilateral del impuesto en España, «su implantación debería llevarse a cabo de manera global o al menos coordinada en todos los países de la UE».

Con todo, desde Investing.com matizan que la cotización de las compañías, de todos modos, no tiene por qué verse afectada: “Los que mueven los mercados son los inversores institucionales y éstos no rotan las carteras con mucha frecuencia, aparte de que subirán las comisiones a los clientes, de manera que todo quedará, al final, compensado», dice.

Consecuencias para los inversores

Sea como fuere, la operativa de los inversores institucionales y los intermediarios financieros se verá afectada y encarecida, y posiblemente los costes se acabarán trasladando a los inversores finales.

Según las valoraciones de Inverco, con base en los actuales datos de contratación de acciones españolas, el patrimonio de los fondos de inversión podría verse reducido un 8,1% en 25 años por el efecto de este impuesto, de forma que los partícipes serían los grandes perjudicados. “No obstante, dado que esta tasa va a gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, la aprobación de este impuesto afectará tanto a partícipes de fondos de inversión como de pensiones”, advierte la asociación. En pensiones, el impacto sería del 7,4% a 25 años.

Y es que un coste que erosiona recurrentemente las transacciones no solo genera el gasto en sí, sino que impide generar la rentabilidad que ese gasto habría originado si hubiera estado invertido. De ahí esas cifras, explican en la asociación.

Con todo, dice Ricón, en el caso de los fondos, las comisiones aplicadas no se verán afectadas pero la tasa tendrá impacto en los ahorradores: “La tasa en cuestión será aplicada por las entidades intermediarias directamente a los partícipes como un mayor valor de compra de las acciones y afectará de igual forma a inversores grandes y pequeños”, señala.

Y en los fondos cotizados también podría haber impacto: según Ángel Martinez-Aldama, presidente de Inverco, “en los ETFs puede tener un efecto deslocalizador en España si no se aprueba de forma coordinada a nivel europeo y creará impacto en los partícipes”, aseguró en un reciente evento organizado por KPMG en Madrid.

“No se debe llamar tasa Tobin, sino impuesto, y lo van a pagar los ahorradores que inviertan en bolsa española”, decía el presidente.

850 millones para las arcas públicas

El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por este nuevo impuesto, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó hace un año que la recaudación estará por debajo (entre 420 y 850 millones).