La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), organizada por el Reino Unido en colaboración con Italia y que tendrá lugar entre los próximos 31 de octubre y 12 de noviembre es, en nuestra opinión, la de mayor trascendencia desde la COP de 2015 en la que se cerró el Acuerdo de París. No en vano, tiene lugar tras la publicación de las conclusiones del último estudio del IPCC que otorga a la huella humana el protagonismo fundamental en la deriva del cambio climático, y la constatación de que la reducción agregada de emisiones comprometida a 2030 de las 113 economías analizadas por las Naciones Unidas proyecta incrementos del 16% respecto a niveles de 2010, cuando deberían reducirse en un 45% para cumplir con el objetivo de 1,5ºC del Acuerdo de París.

Con ella se espera que los países activen planes de recorte de emisiones más potentes ante la crisis climática, y ya se conocen las cinco líneas maestras de la cita en Glasgow: mecanismos de adaptación y resiliencia; protección y restauración de los ecosistemas; transición hacia energías renovables; nueva movilidad y transporte; y contribución del mundo de las finanzas.

Ejes todos de gran calado. Pero nos gustaría detenernos especialmente en el que hace referencia a la contribución del mercado inversor para avanzar hacia los objetivos firmados en el Acuerdo de París. Porque si de algo podemos estar seguros es del papel absolutamente protagonista que tiene -y ha de tener- el mundo financiero en general, y el inversor -especialmente el institucional- en particular, en la movilización contra el cambio climático y en el impulso coordinado al compromiso de las instituciones financieras públicas y privadas al respecto.

Recordemos que un objetivo clave del Acuerdo de París fue garantizar que los flujos financieros fueran compatibles con los límites de aumento de temperatura establecidos en el pacto. Posteriormente, se ha producido una carrera para animar a la industria financiera, y a las empresas en las que invierte -o a las que presta-, a alinear sus decisiones de asignación de capital con los objetivos de París. Desde el lado de la inversión se está adoptando así un papel proactivo y crítico, seleccionando en las carteras solo compañías que cumplan en su actividad con criterios ESG (medioambientales, sociales y de buen gobierno) o buscando un impacto directo de la inversión en proyectos que apuesten por la mejora de, entre otras cosas, la eficiencia energética.

La apuesta por compañías que demuestren su compromiso con el medio ambiente y la sociedad ha venido para quedarse. En ese contexto, la inversión en eficiencia energética como objetivo, y muy especialmente la relacionada con la renovación del parque edificado -responsable del 40% del consumo de energía- es un concepto clave.

La UE ha marcado objetivos a corto (2030), medio (2040) y largo plazo (2050) para acelerar la renovación de inmuebles y facilitar su modernización mediante tecnologías inteligentes. La Directiva 2018/844 sobre eficiencia energética insta a los estados miembros a establecer estrategias para facilitar la transformación “económicamente rentable” de los edificios y conseguir que su consumo de energía sea casi nulo.

El volumen del ahorro energético obtenido a nivel global en 2030 como consecuencia de la aplicación de las medidas de eficiencia energética superará al volumen consumido de energía procedente del petróleo, razón por la cual la UE considera la eficiencia energética como una “fuente de energía por derecho propio” que permitirá cumplir con los objetivos europeos de garantía de suministro, competitividad y lucha contra el cambio climático en un mundo descarbonizado. Por ello, la CE acaba de emitir un mandato político a los estados miembros en el que les insta a crear el marco legislativo necesario para situarla como fuente de energía principal, por encima de cualquier otra opción, incluidas las renovables. Recomienda, asimismo, priorizar las inversiones públicas y privadas en este ámbito.

Las carencias en España

En España carecemos de herramientas legislativas que permitan una verdadera convergencia del capital público -a todas luces insuficiente- y el privado para avanzar en proyectos de rehabilitación de edificios hacia la eficiencia energética. Un ejemplo es la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que marca una interesante hoja de ruta pero carece de las esperadas y ampliamente demandadas medidas concretas para impulsar la rehabilitación energética en España -nuestra tasa de renovación de edificios está por debajo del 0,3%, lejos del 3% recomendado por la UE- y sigue sin establecer el marco adecuado para resolver la cuestión de la financiación, uno de los mayores obstáculos a su desarrollo.

Tampoco se ha resuelto definitivamente esta financiación mediante el Real Decreto-Ley aprobado a primeros del presente mes de octubre con las medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se ha perdido así en el último año una gran oportunidad para avanzar a mayor velocidad hacia el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

Los fondos estructurados y canalizados por Greenward hacia la financiación de proyectos de rehabilitación energética provienen de inversores institucionales privados con horizonte de largo plazo, por lo que se constituyen en instrumentos financieros muy eficaces para suplir o complementar el capital público en esquemas de colaboración público-privada bien articulados. En la actualidad, este tipo de inversores demandan incorporar activos alternativos a sus carteras que satisfagan las exigencias de inversión socialmente responsable y cumplan los criterios ESG.

Greenward está en fase de lanzamiento en España de un fondo específico centrado en eficiencia energética -como pide, por cierto, la propia CE en el mandato antes mencionado a los Estados miembros-. El principio de “Energy Efficiency First” se ha integrado en todo el proceso de inversión, desde el establecimiento de la misión y los objetivos del fondo hasta la monitorización y el reporte de resultados medioambientales, pasando por la generación de la cartera y la evaluación y selección de las inversiones. Un reto apasionante, con trabas no fáciles de sortear que serían más afrontables si la legislación española incluyera soluciones innovadoras como, por ejemplo y entre otras, los Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE).

El modelo PACE, de probado éxito en otros países, permite canalizar con suficiente seguridad el capital de inversores institucionales privados para cubrir las necesidades de financiación de proyectos de mejora energética de los edificios. Los préstamos se repagan exclusivamente con los ahorros generados por las mejoras, con la colaboración de los ayuntamientos en el proceso de recobro y con la única garantía adicional de los propios inmuebles. De esta forma, no penalizan los balances de los propietarios o gestores y pueden ofrecer rentabilidades atractivas a largo plazo para el inversor. Pero como digo, son solo un ejemplo. España, a día de hoy, presenta otras carencias en este nicho de mercado inversor: los créditos fiscales transferibles del Ecobonus, la existencia de bancos verdes como catalizadores de financiación privada, o la posibilidad de monetizar certificados de ahorro energético, por mencionar solo algunas.

Los fondos públicos a disposición son insuficientes y en España no contamos con iniciativas legislativas, fiscales ni financieras suficientes que permitan al ciudadano ser un actor de primer orden en el nuevo sistema energético hacia el que avanzamos, ni al inversor abrir nuevas vías en línea con el protagonismo que pretende en la lucha contra el cambio climático. Nos queda aún un importante camino por recorrer y la COP26 puede ser un buen escenario para plantear cambios. Estamos expectantes.

Tribuna de Fernando de Roda, CEO de Greenward Partners