Dos senadores demócratas presentaron el pasado miércoles una propuesta de ley para que las agencias de gobierno de Puerto Rico puedan declararse en bancarrota bajo las leyes federales de Estados Unidos, mientras comienzan las negociaciones con los acreedores para reestructurar sus 72.000 millones de dólares en deuda.
Actualmente las autoridades públicas de Puerto Rico no pueden acogerse a las leyes del Capítulo 9 de bancarrota como pueden hacer otras entidades en el resto de Estados Unidos, siendo su única opción la renegociación de deuda con los acreedores.
El senador Richard Blumenthal de Connecticut, y el senador Charles Schumer de Nueva York, junto con otros 10 senadores, han presentado el proyecto de ley en el Senado. El proyecto de ley es idéntico al que ya fue presentado en febrero de este año por Pedro Pierluisi, comisionado residente de Puerto Rico (H.R. 870, Ley de uniformidad del Capítulo 9 para Puerto Rico).
En las declaraciones realizadas este pasado miércoles, Richard Blumenthal destacaba que la intención de este proyecto de ley es proporcionar a los organismos públicos y municipios de Puerto Rico el mismo acceso que al Capítulo 9 de bancarrota del que disponen las entidades gubernamentales en otros estados. El Capítulo 9 es la sección de la ley de bancarrota en Estados Unidos que es aplicada a las bancarrotas en municipios.
También este pasado miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicó su apoyo al proyecto de ley con un reconocimiento bipartidista para asegurar que se lleve a cabo un proceso ordenado de bancarrota. Comentó también que los puertorriqueños ya habían sufrido una profunda recesión, no debiendo dejar la gestión de la deuda a un proceso potencialmente disruptivo y no probado.
El proyecto de ley que fue inicialmente presentado en febrero ha sido pospuesto por el partido republicano -que actualmente controlan la Cámara-, que prefiere mantener su disconformidad hasta que se les presenten mayores evidencias de reformas en Puerto Rico. El acceso al Capítulo 9 de bancarrota por parte de Puerto Rico proporcionará a las autoridades de la isla una marco legal para reestructurar la deuda dentro de un proceso ordenado. Sin este marco legal, se enfrentaría a tener que resolver por la via judicial con sus acreedores.
Alejandro Garcia Padilla, gobernador de Puerto Rico, así lo ha declarado: «El Capítulo 9 proporcionaría a Puerto Rico el marco legal esencial que permitiría ajustar nuestras deudas, para ayudar a generar crecimiento económico y a establecer estabilidad fiscal a largo plazo”. El gobernador hizo público en junio que Puerto Rico no podria hacer frente a la deuda, y mostró las diferentes modalidades de deuda para una posible reestructuración.
Quedaría por determinar qué entidades pudieran beneficiarse de las ventajas del Capítulo 9. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (o PREPA por sus siglas en inglés), es una de las mayores entidades, soportando una deuda de cerca de 9.000 millones de dólares y en estos momentos se encuentra ya proceso de negociación con sus acreedores.
Por Fórmate a Fondo