Los llamados ‘Papeles de Panamá’ han seguido causando estragos entre las élites políticas y económicas que utilizaron sociedades ‘offshore’ para esconder activos o lavar dinero. La carta del despacho de abogados Mossack Fonseca, de donde partió la filtración, no ha conseguido frenar el escándalo y tras conocer los nombres de los implicados a lo largo y ancho del globo, el mundo espera ya una lista de clientes de Estados Unidos. Muchos especulan, incluso, con una información que pueda afectar el transcurso de la campaña presidencial.
Algunas estimaciones, citadas esta misma semana por The Wall Street Journal, hablan de que al menos 20 billones de dólares en activos financieros están invertidos en países que ofrecen secreto bancario y evasión de impuestos a cualquiera con una cuenta corriente. Y eso, recalca el diario financiero, sin contar las obras de arte, propiedades inmobiliarias, metales preciosos u otros activos materiales.
¿Pero pondrá la filtración en riesgo el negocio offshore a medio y largo plazo? La clave podría estar en si los gobiernos consiguen reforzar con celeridad los mecanismos de control para hacer frente a la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Y es que pese a los esfuerzos de Estados Unidos, Europa o Reino Unido por endurecer sus leyes al respecto, lo cierto es que la industria financiera offshore ha seguido prosperando, gracias sobre todo al dinero procedente de Asia y Oriente Medio. Un informe de Boston Consulting Group cifró la riqueza privada canalizada a través de sociedades offshore en 11 billones de dólares en 2014, es decir, un 7% más que el año anterior.
“La mayor parte de los servicios que ofrece la industria offshore son legales si se usan de acuerdo con la ley”, recordó con razón el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el organismo encargado de publicar la filtración. Sin embargo, los documentos revelaron que a menudo los bancos, los despachos de abogados y otros jugadores han fracasado en cumplir con los requisitos legales que aseguran que sus clientes no están involucrados en actividades delictivas, evasión de impuestos o corrupción política. “En algunos casos, los archivos demuestran incluso que los intermediarios offshore se ha protegido a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o manipulando los registros oficiales”, afirmó el organismo.
“Mucho de ello es legal y ese es precisamente el problema”, afirmó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, poniendo el foco de atención sobre la industria offshore y dejando la puerta abierta a que la próxima reunión del G20 discuta posibles formas de endurecer aún más la ley.
Por Fórmate a Fondo