Venezuela está dejando atrás, al menos parcialmente, uno de los mayores aislamientos financieros en la historia de América Latina. La flexibilización gradual de las sanciones de Estados Unidos ya no se limita al sector petrolero.
Washington y Caracas comenzaron a abrir espacios para servicios financieros, asesoría de deuda, operaciones bancarias y determinadas transacciones vinculadas con PDVSA, creando las condiciones para que el país intente regresar a los mercados internacionales de capital.
El movimiento es particularmente relevante para los inversionistas de renta fija. Venezuela y su petrolera estatal PDVSA acumulan alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en incumplimiento, mientras que el monto total de obligaciones potencialmente involucradas en la reestructuración podría situarse entre 200.000 y hasta 240.000 millones de dólares cuando se agregan intereses vencidos, préstamos bilaterales, reclamaciones de empresas y laudos arbitrales.
Cálculos de analistas consultados por agencias internacionales señalan que solamente los reclamos sobre los bonos, incluidos intereses atrasados, podrían alcanzar unos 102.000 millones de dólares.
El cambio regulatorio comenzó a adquirir una dimensión financiera concreta el 5 de mayo, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) emitió la Licencia General 58, que permite determinados servicios legales, financieros y de consultoría relacionados con una eventual reestructuración de la deuda venezolana y de PDVSA. La licencia, sin embargo, no autorizó todavía el pago o liquidación de la deuda ni las negociaciones directas entre Caracas y sus acreedores.
Ese matiz es fundamental para los mercados porque Washington no abrió de golpe el mercado venezolano sino que comenzó a retirar uno de los principales obstáculos regulatorios para que pudiera lograrse una salida financiera.
Mercado de bonos, el primero en reaccionar
La reacción de los bonos venezolanos muestra hasta qué punto los inversionistas estaban esperando una normalización de la situación financiera en Venezuela luego de los años de aislamiento.
Cuando Estados Unidos autorizó en marzo determinadas operaciones con PDVSA, el bono soberano venezolano con vencimiento en 2031 subió hasta 50,25 centavos de dólar, mientras que el PDVSA 2027 avanzó hasta 35,35 centavos, de acuerdo con datos de LSEG citados por Reuters.
El movimiento no fue un simple reflejo de mejores perspectivas petroleras. El mercado comenzó a descontar la posibilidad de una reestructuración ordenada y, sobre todo, de que Venezuela pudiera volver a generar ingresos suficientes para respaldar algún tipo de recuperación para los acreedores.
Para mediados de julio, el bono Venezuela 2031 llegó a negociarse alrededor de 56 centavos de dólar, aunque posteriormente retrocedió hacia la zona de 54-55 centavos. Los registros de mercado muestran que el instrumento se encontraba muy por encima de sus niveles de comienzos de año.
La señal es clara: el mercado está asignando un valor mucho mayor a una deuda que durante años fue prácticamente un activo congelado.
El paso siguiente fue la decisión de Caracas de iniciar formalmente la reestructuración de su deuda externa y la de PDVSA.
El gobierno venezolano anunció en mayo un proceso que calificó de “integral y ordenado”, con el objetivo de reducir el peso de las obligaciones acumuladas. En paralelo, contrató a Centerview Partners como asesor financiero para conducir el proceso.
La decisión fue recibida positivamente por los mercados, pero también abrió una discusión mucho más compleja: ¿cuánto vale realmente Venezuela?
La ausencia de información financiera actualizada es uno de los principales obstáculos. Reuters señaló en julio que Venezuela llevaba años sin publicar estadísticas completas de deuda y que el universo de obligaciones podría alcanzar 240.000 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones previas de entre 150.000 y 200.000 millones.
El problema no es solamente el tamaño de la deuda sino que también está la composición de la misma.
Venezuela debe aproximadamente 25.000 millones de dólares a acreedores bilaterales; unos 8.690 millones corresponden al Club de París y entre 13.000 y 15.000 millones serían obligaciones con China, según estimaciones citadas por Reuters.
A ello se agregan cerca de 4.000 millones de dólares con bancos multilaterales como CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de más de 20.000 millones en reclamaciones arbitrales y judiciales.
La complejidad aumenta por las obligaciones corporativas: Repsol ha señalado que Venezuela le adeuda alrededor de 4.550 millones de euros, mientras que ENI reportó unos 3.300 millones de dólares de cuentas vencidas de PDVSA al cierre de 2025.
Una oportunidad para los fondos de deuda distressed
Para la industria de asset management, el caso venezolano puede convertirse en una de las operaciones más interesantes de deuda distressed (o deuda en dificultades), de la década.
La razón es sencilla: existe un volumen enorme de deuda cotizando con descuentos profundos, un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y un cambio geopolítico que está reduciendo progresivamente las barreras de acceso al sistema financiero.
Pero también existe un conjunto excepcional de riesgos: la magnitud real de la deuda, la calidad de la información financiera, la incertidumbre jurídica, las reclamaciones de acreedores, la situación de Citgo, la capacidad de producción de PDVSA y la posibilidad de que el proceso de reestructuración se prolongue. En otras palabras, Venezuela vuelve a ser invertible antes de volver a ser normal.
Ese matiz puede convertirse en la clave para los gestores especializados. La oportunidad no está necesariamente en comprar deuda venezolana como si se tratara de un bono emergente tradicional, sino en valorar escenarios de recuperación, jerarquía de acreedores, garantías, activos subyacentes y probabilidad de normalización.
La banca privada también mira con interés el regreso y la reapertura financiera empieza, además, a modificar la posición de la banca venezolana.
Entidades privadas como Banesco y Banco Nacional de Crédito continúan operando en el mercado local de divisas y publicando información financiera durante 2026, mientras el sistema bancario se adapta a un entorno de mayor utilización de divisas y a una eventual normalización de las relaciones financieras internacionales.
En este sentido, existe evidencia de que la banca internacional está preparando el terreno: JPMorgan y Jefferies evaluaron visitas a Caracas ante el creciente interés de inversionistas por la recuperación económica y la reestructuración de deuda, aunque ambos bancos declinaron comentar públicamente sus planes.
Pero, la historia parece que todavía tiene varios capítulos por contar, al menos eso es también lo que dicen algunos actores relevantes globales.
El verdadero regreso será cuando vuelva el mercado primario
El mayor cambio para Venezuela no será que sus bonos existentes suban de precio. Será que el país pueda volver a emitir deuda nueva en condiciones normales, y parece que dicho momento todavía está lejos.
La eliminación de las sanciones secundarias o la autorización de operaciones sobre deuda existente puede mejorar la liquidez y el precio de los instrumentos antiguos, pero el regreso pleno al mercado primario exige mucho más con factores como: estadísticas confiables, auditorías, un marco macroeconómico creíble, una reestructuración aceptada por los acreedores, reconocimiento legal de las obligaciones y capacidad demostrable para pagar.
La reanudación de las relaciones con el FMI y el Banco Mundial constituye otro componente relevante. Ambas instituciones retomaron relaciones con Caracas en abril después de varios años de interrupción, abriendo la puerta para la asistencia técnica y eventualmente al uso de aproximadamente 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) que Venezuela mantiene sin utilizar.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió, sin embargo, que Venezuela todavía tiene “un camino muy difícil” para recuperar la estabilidad macroeconómica y financiera.
La evolución regulatoria estadounidense muestra precisamente esa gradualidad.
OFAC mantiene numerosas restricciones sobre Venezuela y sus entidades estatales. Incluso después de las nuevas licencias, no todas las operaciones de deuda, acciones, activos de PDVSA o entidades sancionadas están autorizadas.
Un ejemplo particularmente importante es el bono PDVSA 2020 con cupón de 8,5 %, respaldado por una participación accionaria en Citgo. OFAC ha emitido licencias específicas para determinadas operaciones relacionadas con este instrumento, lo que demuestra que Washington está avanzando mediante excepciones y permisos específicos, más que mediante una desaparición general e inmediata del régimen de sanciones.
Ese mecanismo tiene una consecuencia directa para los inversionistas: el riesgo regulatorio sigue siendo parte del precio.
Por eso, aunque los bonos venezolanos hayan dejado atrás sus mínimos, todavía no pueden tratarse como deuda emergente convencional.
El petróleo es la llave del mercado de capitales
La recuperación de Venezuela depende en buena medida de su capacidad para convertir sus enormes reservas petroleras en flujo de caja.
Reuters reportó en julio que las compañías petroleras y refinadoras están retomando acuerdos directos con PDVSA a medida que se flexibilizan las sanciones. Phillips 66, Valero, Reliance Industries y Tipco Asphalt se encuentran entre las empresas que han retomado o preparado compras directas de crudo venezolano, mientras Chevron, Repsol y Eni amplían operaciones vinculadas con Venezuela.
Actualmente, la producción petrolera venezolana se ubica alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, según Reuters, con expectativas de alcanzar 1,37 millones hacia finales de 2026.
Para los mercados de deuda, esa evolución es crucial. Una mayor producción significa más ingresos externos, mayor capacidad fiscal y, potencialmente, una fuente de recursos para sostener una reestructuración.
Pero también existe un riesgo: que los mercados descuenten demasiado rápido una recuperación petrolera que requiere inversiones, infraestructura, tecnología y estabilidad jurídica.
Salir de las «sombras» del sistema financiero
La propia autoridad monetaria de Venezuela ha descrito el cambio como una oportunidad para regresar al sistema financiero internacional.-
Luis Pérez, presidente interino del Banco Central de Venezuela, dijo a Reuters en mayo que la reestructuración de la deuda de la República y PDVSA permitiría sacar al país “de las sombras” del sistema financiero global.
Pérez también sostuvo que Estados Unidos tiene un papel central en el levantamiento de las restricciones y destacó el acercamiento entre el banco central venezolano y el Tesoro estadounidense. Washington había autorizado previamente al Banco Central de Venezuela a realizar determinadas operaciones con entidades extranjeras.
La declaración es significativa porque refleja el cambio de percepción dentro de Caracas: el levantamiento de sanciones ya no se observa solamente como una cuestión diplomática o petrolera, sino como la condición necesaria para reconstruir los canales financieros que permitan refinanciar deuda, atraer inversión y eventualmente regresar al mercado internacional de capitales.
Quizás, el cambio más importante consiste en que Venezuela está dejando de ser exclusivamente un problema geopolítico para convertirse nuevamente en una tesis de inversión.
El levantamiento gradual de las sanciones ha reactivado el precio de los bonos, ha puesto a PDVSA nuevamente en el radar de los inversionistas internacionales y ha abierto una carrera entre bancos, fondos distressed, asesores financieros y acreedores para determinar cuánto puede recuperarse de una deuda que podría superar los 200.000 millones de dólares.
Pero el mercado también está enviando un mensaje: la primera etapa de la normalización puede producir grandes ganancias para quienes compraron deuda a precios de crisis, pero la segunda —la reconstrucción de un mercado de capitales venezolano funcional— requerirá algo mucho más difícil que una licencia de OFAC. Requerirá confianza y el precio de esta ni siquiera se mide en términos monetarios, o no por completo.
Esa confianza deberá construirse con transparencia financiera, reglas jurídicas previsibles, producción petrolera sostenible y una reestructuración de deuda que los acreedores consideren creíble.
Por ahora, Washington ha abierto la puerta y los inversionistas ya están entrando al vestíbulo; pero, el verdadero regreso de Venezuela a Wall Street todavía depende de que Caracas consiga demostrar que puede volver a ser un emisor y no solamente un activo distressed.
Por Funds Society, México
