Todos los contribuyentes deben de ser considerados cumplidores salvo prueba de lo contrario: esta es la premisa de la Ley de Inocencia Fiscal que el gobierno argentino aprobó en el Congreso durante la noche del viernes 26 de diciembre. La norma modifica el régimen tributario y penal para elevar los umbrales de control e investigación por evasión fiscal, entre otros.
La reforma acorta los plazos con los que autoridad fiscal argentina (ARCA) cuenta para exigir pagos de impuestos no declarados, tramitar denuncias o imponer multas, según fuentes oficiales e informes de prensa.
Uno de los cambios más significativos que introduce el proyecto es la modificación del Régimen Penal Tributario. Se actualizan de forma considerable los umbrales que determinan cuándo una infracción tributaria se convierte en delito penal, ajustándolos por inflación histórica.
Por ejemplo, la evasión simple pasaría a ser punible solo si excede aproximadamente 100 millones de pesos argentinos (unos 69.000 dólares al cambio del dólar oficial), muy por encima del umbral anterior de 1,5 millones (unos 1.000 millones de dólares), y la evasión agravada se ajusta desde 15 millones de pesos argentinos (unos 10.000 millones de dólares) a alrededor de 1.000 millones (unos 689.000 millones de dólares).
Además, se simplifica la declaración jurada del impuesto a las Ganancias (impuesto progresivo a la renta), se reducen los controles en gastos y operaciones financieras.
La ley también incluye un fuerte aumento de las multas automáticas para personas y empresas que no presenten la documentación que les sea solicitada por las autoridades tributarias.
El objetivo de la ley es proteger a los ahorristas, aún a costa del ingreso tributario, para favorecer la entrada de los dólares más de sistema financiero legal. Según datos oficiales del Indec, al cierre del primer trimestre de 2025, los argentinos conservaban 254.000 millones de dólares en billetes “bajo el colchón”. El stock actual de dólares no declarados representa más del 50% del total de activos externos en poder de los residentes argentinos, que sumaban 448.940 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2025, siempre según fuentes oficiales.
La administración Milei ya llevó a cabo una amnistía fiscal en 2024 que supuso la llegada al sistema legal de más de 32.000 millones de dólares. Durante el gobierno de Mauricio Macri se llevó a cabo otro “blanqueo”, en 2016, que permitió el registro de unos 116.800 millones de dólares.
Por Magdalena Martínez
Por Guadalupe Barriviera