Los supervisores de los mercados de valores tienen, en la mayoría de las jurisdicciones, dos mandatos prioritarios: la protección del inversor y garantizar el funcionamiento ordenado de los mercados. Un documento de trabajo de la CNMV sobre los mercados privados de capitales detalla cómo los organismos que se encargan del buen funcionamiento de los mercados afrontan estos retos.
El informe recuerda que los supervisores macroprudenciales tienen como objetivo contribuir a la salvaguarda de la estabilidad del sistema financiero. Y añade que, con respecto a la protección del inversor, los mercados privados -tanto de capital como de crédito- habían quedado en la práctica fuera de la comercialización a los inversores minoristas. Sin embargo, los recientes cambios normativos recogen ahora la posibilidad de que los pequeños ahorradores puedan invertir en fondos de capital privado por un importe mínimo inicial de 10.000 euros, frente a los 100.000 euros que se exigían anteriormente.
Por lo tanto, «los mercados privados deben ser objeto de un adecuado seguimiento por parte de las autoridades por su creciente importancia y por las interrelaciones con las nuevas empresas, los mercados regulados y los inversores minoristas», asegura el estudio, cuyos autores son conscientes de que «el desplazamiento de la actividad de los mercados públicos a los privados tendrá efectos como la disminución de la capacidad de supervisión o el traslado de riesgos a entidades no supervisadas y con ello puede afectar incluso a los mecanismos de transmisión de la política monetaria».
Seguimiento de la evolución de la deuda
Asimismo, observa que empiezan a ser habituales alianzas entre gestoras de deuda privada y bancos de inversión, «en las que son las gestoras las que proveen de fondos, reduciéndose el papel de los bancos a la identificación de potenciales clientes y el contacto con ellos». Por lo tanto, no se descarta que también se produzcan «alianzas entre gestoras privadas y fondos de inversión tradicionales para la distribución de productos alternativos a una base más amplia de inversores». Si bien el estudio admite en este punto que, hoy en día y a tenor de los volúmenes de activos gestionados, no estarían representando una amenaza sistémica inmediata, «deben mantenerse los procedimientos de seguimiento de la actividad».
Por otra parte, el estudio también resalta una reducción en la utilización del apalancamiento como creador de valor en favor de las mejoras operativas, junto con un incremento de las operaciones de compras add-on sin utilización de endeudamiento. Sin embargo, los autores admiten que es necesario «analizar y supervisar las relaciones con las entidades de crédito y otros agentes de la actividad financiera regulada y el incremento en los niveles de endeudamiento de las empresas objeto de las adquisiciones».
En especial, el estudio señala que debe vigilarse que, tras el previsible relanzamiento de la actividad, «no se rebajen las exigencias de calidad crediticia en la financiación de las LBO (race to the bottom), por la competencia de los bancos con el crédito privado». Asimismo, es preciso observar la evolución del volumen de préstamos solicitados por las gestoras y garantizados por el valor de sus activos (NAV loans), y las implicaciones de estas operaciones para las entidades de crédito. Por último, también deben evaluarse las crecientes interrelaciones entre los gestores de capital privado y las aseguradoras y cómo podría impactar la adquisición de activos ilíquidos en los compromisos de las pensiones privadas.
Protección al inversor minorista
En relación con la protección al inversor minorista, el estudio desvela que deben establecerse importantes cautelas en la comercialización de instrumentos de capital y deuda privados por sus especiales características de iliquidez y falta de información -que dificulta las valoraciones y puede suponer una potencial fuente de conflictos de intereses entre las gestoras y los inversores-.
El informe explica que el difícil entorno de captación de fondos está llevando a muchas gestoras a buscar a los inversores minoristas como diversificación «por su gran margen de crecimiento». Sin dudar de las potenciales ventajas de diversificación de la inversión de capital y deuda privados, se hace necesario un esfuerzo de educación financiera dirigido a los inversores minoristas, tradicionalmente al margen de este tipo de activos, para que comprendan las particularidades de esta modalidad de inversión. En especial, cuando parece que las empresas en crecimiento representan un atractivo para los inversores minoristas, como así demuestra su significativa participación en la negociación de BME Growth.
Las elevadas valoraciones observadas en las empresas más maduras pueden suponer un doble riesgo, según el documento del supervisor español. Por un lado, la entrada de minoristas a precios con muy poco recorrido. Por otro, el fracaso de las salidas a bolsa de estas compañías y el efecto contagio a otras OPVs posteriores. Adicionalmente, «las bolsas europeas tienen que hacer frente a una creciente competencia por la captación de OPVs por parte de Nasdaq y de NYSE, especialmente intensa en las empresas participadas por el venture capital de compañías tecnológicas».
Por Funds Society, Madrid
