China ha realizado en los últimos años un enorme esfuerzo por impulsar la empresa privada y abrazar la economía de mercado. Sin embargo, una sombra se proyecta en todas sus reformas: el gigante asiático no ha conseguido desarrollar en paralelo a este proceso una reforma de su legislación. Y este factor es para Andy Rothman, estratega de Inversión de Matthews Asia, la principal amenaza a largo plazo para el crecimiento y la estabilidad del país.
Algo similar ocurre con las instituciones y el gobierno. “A corto plazo, China puede continuar creciendo mientras la gente encuentra maneras de sortear la corrupción y la opacidad del sistema. Pero a medida que el ritmo de crecimiento económico se ralentice -algo que sucederá inevitablemente en las próximas décadas- es poco probable que el peculiar capitalismo autoritario chino proporcione el apoyo institucional que necesita una sociedad moderna, basada en el mercado”, explica Rothman en su columna semanal.
Porque, en los últimos años, en un contexto legal inmaduro, los chinos han experimentado un rápido crecimiento de sus ingresos, pero este status quo no puede sobrevivir a los desafíos de una sociedad que ahora goza de mayor libertad personal y la riqueza. Solo la implantación de lo que en términos legales se conoce como el ‘imperio de la ley’ podría cambiar el rumbo de las cosas. “En lugar de ser un poder para ser ejercido por los funcionarios, el Estado de Derecho es una estructura diseñada para limitar su poder”, escribe el analista de Matthews Asia. Y eso, en el actual contexto chino, se traduce en pérdida de control sobre los ciudadanos.
Por ahora, no hay señales de que el Partido Comunista quiera implementar un Estado de Derecho moderno. Más bien todo lo contrario. Las estructuras de poder quieren seguir usando el sistema legal para continuar ejerciendo control político sobre la población, en lugar de avanzar hacia un sistema que proteja los derechos individuales limitando el poder del gobierno. El ejemplo más visible de esto lo encontramos en la China rural, donde con frecuencia pasmosa los funcionarios locales violan los derechos de propiedad de los agricultores, desencadenando frecuentes protestas.
Un aspecto clave del Estado de Derecho es la existencia de un poder judicial independiente. El artículo 126 de la Constitución exige a los tribunales que ejerzan su labor de forma independiente y sin interferencias del Partido. Sin embargo, la injerencia en el sistema judicial penal es extremadamente alta.
Intento fallido
La reciente reunión del Partido Comunista chino fue vista como una oportunidad para avanzar en el Estado de Derecho. Una cita que había estado precedida por un paso significativo en esa dirección. Los líderes chino se comprometieron a reducir la corrupción y la interferencia de los funcionarios locales en el sistema judicial, pero al mismo tiempo también reafirmaron su primacía sobre el sistema. Una contradicción que en la práctica se traduce en que en cualquier caso en los tribunales, sea civil o penal, los dirigentes seguirán teniendo la facultad de intervenir para lograr sus objetivos políticos.
El establecimiento de un Estado de Derecho requeriría que el Partido sorprenda, dando un paso único y dramático: ceder a sus ciudadanos parte del control político y jurídico que ejerce en la actualidad la administración. La falta de una reforma legal y de los sistemas de gobierno no constituye un riesgo a corto plazo para los inversores, pero será clave para las perspectivas económicas del país de cara a los próximos de 10 a 20 años.
Puede consultar el arículo completo de Andy Rothman, estratega de Inversión de Matthews Asia, en este link.
