Según la nueva edición del estudio ‘Inversiones en el sector asegurador. Tendencias 2026’, que ha publicado ICEA en colaboración con Amundi, en 2025 el sector asegurador español invirtió 343.398 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 20,4% del Producto Interior Buruto. El 85,9% de este volumen (294.810 millones) correspondió al negocio tradicional, mientras que el 14,1% restante estuvo vinculado a productos en los que el riesgo de inversión es asumido por el tomador.

Entre las principales conclusiones del estudio, más del 53% de los activos se invierten en títulos españoles, lo que pone de manifiesto el papel del sector asegurador como inversor institucional y su contribución a la financiación de la economía nacional. El resto de la inversión se dirige mayoritariamente a países del entorno europeo, especialmente a la zona euro. De hecho, cerca del 90% del total invertido por las entidades españolas se concentra en activos emitidos en países de la Unión Económica y Monetaria, lo que limita la exposición a riesgos cambiarios y favorece la coherencia con la denominación en euros de la mayor parte de los pasivos.

Por asignación de activos, el 66,2% de la cartera del sector asegurador español se concentró en renta fija directa, en concreto se invirtieron 227.182 millones de euros, mostrando así la orientación prudente del sector, alineada con sus compromisos a largo plazo y los requisitos regulatorios en materia de solvencia. En concreto, el efectivo y los depósitos representaron el 3,6% del total, mientras que la deuda pública constituyó la principal categoría con un 46,3%, seguida de la deuda corporativa, que alcanzó el 19,9%.

Por su parte, los activos considerados de mayor riesgo presentaron un peso más limitado, aunque significativo, reflejando una estrategia de diversificación que busca mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo sin comprometer la estabilidad global del balance. Así, la inversión en renta variable directa supuso el 7,7% del total, con un volumen total invertido que ascendió a 26.501 millones de euros, que se dirigió mayoritariamente hacia el sector financiero y asegurador.

Las instituciones de inversión colectiva (IICs) alcanzaron el 13% del conjunto de la cartera de inversiones del sector con un volumen de 44.754 millones de euros invertidos, configurándose como vía eficiente de gestión y optimización del binomio rentabilidad-riesgo.

Asimismo, la inversión directa en activos inmobiliarios alcanzó los 10.933 millones de euros, lo que representa el 3,2% del total de las inversiones. Este peso limitado responde, en gran medida, a las características propias de este tipo de activo, si bien continúa desempeñando un papel relevante como instrumento de diversificación y generación de rentas estables a largo plazo.

El sector asegurador español, uno de los más conservadores de Europa

Si comparamos esta radiografía del sector asegurador por geografías, el peso de las inversiones aseguradoras en España, en relación con el PIB, se situó por debajo del promedio europeo, evidenciando un menor grado de desarrollo del sector frente a la UE-27. Además, el español se muestra como uno de los más conservadores, con un 74,4% de sus inversiones concentradas en renta fija dentro del negocio tradicional.

Por otra parte, los resultados del estudio muestran que la inflación persistente y los rebrotes inflacionarios como consecuencia de las tensiones geopolíticas se consolidan como las principales preocupaciones del sector, pues considera que podrían erosionar el valor de las carteras. Por todo ello, afronta 2026 con cautela y sigue apostando por mantener estable el riesgo en sus inversiones ante un entorno todavía incierto, con una estrategia predominantemente continuista, combinada con una reasignación selectiva hacia aquellos segmentos que ofrecen un mejor binomio rentabilidad-riesgo en el contexto actual. De este modo, asegura que basará sus decisiones de inversión en el entorno macrofinanciero, con los tipos de interés y la rentabilidad de activos como factores clave.

Riesgos que más preocupan

La encuesta resalta los riesgos macroeconómicos geopolíticos como la mayor preocupación para las entidades aseguradoras; destacando entre ellos la inflación con un 63% de las respuestas, las tensiones geopolíticas (60,9%) e incertidumbre de la política monetaria (43,5%). Se observa también una preocupación significativa por los riesgos de crédito (39,1%); y el deterioro macroeconómico en Europa (32,%) y -en menor medida- Estados Unidos (17,4%).

Asignación de Activos para 2026

Así, respecto a sus previsiones de asignación durante 2026, se observa un claro protagonismo de la deuda pública europea (neto +24,4%) y, en menor medida, la española (neto +13,3%). En crédito, el comportamiento es más heterogéneo. Se aprecia una cierta inclinación hacia el crédito investment grade, especialmente en Europa, mientras que el segmento high yield presenta saldos netos negativos, reflejando una mayor cautela ante el riesgo crediticio. En renta variable, destaca una mayor predisposición a incrementar la exposición a Europa (neto +17,8%), frente a un posicionamiento más moderado en Estados Unidos y mercados emergentes. Además, se observa un cierto interés por estrategias de estilo value frente a growth.

Un elemento especialmente relevante es el fuerte impulso de los activos sostenibles. Los green bonds presentan el mayor saldo neto de toda la muestra (+31,1%). Este resultado es coherente con la importancia creciente de los factores ESG y refleja su progresiva integración en las carteras del sector asegurador. Hasta ahora, integra ampliamente los criterios ESG en su estrategia de inversión, pero estos actúan como factor complementario y no determinante. Solo una de cada cuatro entidades está aplicando principios de inversión vinculados a Net Zero para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, los activos alternativos muestran un desarrollo desigual. Infraestructuras destaca con un saldo positivo significativo (+17,8%), consolidándose como una clase de activo atractiva por su perfil de rentabilidad estable y a largo plazo. En cambio, otras estrategias alternativas más complejas (como estrategias M&A, event driven, L/S crédito y L/S RV) tienen una penetración muy limitada, lo que evidencia que siguen siendo nichos poco desarrollados dentro del sector.

Mayor uso de Fondos y ETF en 2026, con un enfoque prudente

Asimismo, el análisis de las intenciones de inversión en fondos y ETF para este año refuerza la visión de que el sector asegurador mantiene un enfoque prudente, con la utilización de vehículos de inversión colectiva como herramientas de diversificación y acceso eficiente a varios mercados.

Destaca el mayor dinamismo de fondos de inversión de renta variable, que presentan el saldo neto positivo más elevado (+20,5%), lo que sugiere que las entidades incrementarán su exposición a este activo. Por su parte, los fondos de infraestructuras (+17,8%) y, en menor medida, los de private debt (+8,9%) y private equity (+4,5%), muestran una tendencia positiva, en línea con el interés por los activos alternativos con perfiles de rentabilidad estables y a largo plazo. El uso de fondos en estos segmentos facilita el acceso a mercados menos líquidos o de mayor complejidad operativa. En renta fija, los fondos presentan un comportamiento más moderado (neto +4,4%), reflejando que, aunque siguen siendo un componente importante, el grueso de la exposición a este activo continúa realizándose de forma directa.

En cuanto a los ETF, su utilización sigue siendo moderada dentro del sector asegurador español, si bien los ETFs de renta variable presentan un saldo positivo (6,7%), el elevado porcentaje de entidades que no invierte en estos instrumentos pone de manifiesto que su adopción aún es incipiente.

Activos alternativos

En términos generales, la exposición del sector asegurador todavía es reducida. En 2025, el 37,8% de las entidades se sitúan por debajo del 3% de inversión en alternativos, aunque se aprecian señales de avance progresivo, ya que aumenta el peso de las entidades que prevén situarse en el rango del 5 al 10% (se pasa del 13,3% al 15,6%).

Los principales obstáculos señalados serían la limitada liquidez (58,7%), su elevado consumo de capital (45,7%), así como las exigencias de gobernanza y control de riesgos (32,6%).

Titulizaciones y Solvencia II

En el estudio, preguntadas por titulizaciones, la mayoría de las entidades (58,7%) respondió que no prevé modificar su política de inversión en titulizaciones, sugiriendo que la reducción de los requisitos de capital tras la modificación de Solvencia II, no resulta suficiente para provocar una reorientación significativa de las carteras. Sin embargo, un 15,2% de entidades lo están evaluando, y un 10,9% prevé aumentos moderados.

Externalización

El 58,7% de entidades mantiene un modelo de gestión interno, dominando así la gestión in house asociada a consideraciones de control, gobernanza y alineación con estratégicas propias; mientras que un 41,3% externalizan total o parcialmente la gestión de su cartera. Esta externalización viene motivada principalmente por la búsqueda de capacidades técnicas y conocimiento especializado, más que por ahorro de costes.

Dicha externalización es por tanto selectiva, y se concentra en activos complejos, donde aporta mayor valor añadido; especialmente en renta variable internacional, crédito y activos alternativos.

Inteligencia Artificial

Los resultados sobre la Inteligencia Artificial muestran que su adopción en gestión y análisis de inversiones se encuentra todavía en una fase incipiente, aunque con claro potencial de expansión. Solo un 23,9% utiliza la IA en este ámbito. Pero existe un interés significativo para un 45,7% que considera su incorporación, lo que podría traducirse en una expansión relevante en los próximos años a medida que maduren las capacidades tecnológicas. En cambio, la adopción de la IA se centra a día de hoy en el análisis y extracción de datos, y en la automatización del reporting.

Entre las principales barreras al uso de la IA destacan los riesgos de privacidad y seguridad (44,4%); el riesgo reputacional (42,2%) y la calidad y disponibilidad de los datos (40%).