La CNMV ha publicado las principales conclusiones de la acción conjunta de supervisión (Common Supervisory Action, CSA) sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad y la divulgación de información sobre sostenibilidad en el sector de la gestión de activos.

El objetivo de esta actuación, en la que han participado la ESMA y otras autoridades nacionales competentes (ANCs), ha sido evaluar, promover y garantizar el cumplimiento con el Reglamento de Divulgación (SFDR), el Reglamento de Taxonomía y la normativa UCITS y AIFMD sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad. 

Principales conclusiones

Entre las conclusiones que arroja el documento, destaca que el nivel de cumplimiento sobre la integración de los riesgos y la divulgación de información sobre sostenibilidad trasladado por las diferentes ANCs es, en general, satisfactorio, “teniendo en cuenta la naturaleza novedosa y la reciente adopción de la reglamentación”. No obstante, matiza que ha quedado constatado que existe un margen de mejora significativo tanto en la integración de riesgos de sostenibilidad como en la divulgación.

Además, han detectado como principal vulnerabilidad el empleo de un lenguaje vago, demasiado general, así como la existencia de información incompleta o insuficiente. También existen incidencias detectadas por diferentes ANCs en la información sobre los indicadores de Principales Incidencias Adversas (PIAs); faltan a veces algunos PIAs obligatorios, así como información sobre la metodología y datos para medir la alineación con los objetivos del Acuerdo de París. 

Por lo que se refiere a la integración del riesgo de sostenibilidad, las conclusiones del informe apuntan a que, en ocasiones, faltan procedimientos documentados, así como mecanismos de resolución en caso de incumplimientos. Y, respecto a la divulgación de productos, apuntan que, también de forma ocasional, “las características ambientales o sociales en la información precontractual no se divulgan con claridad, lo que dificulta su medición y cumplimiento y, a menudo, es demasiado genérica (p. ej., «el producto promueve características ambientales», «el producto persigue objetivos sociales»)”.

También se observan varias inconsistencias entre la información precontractual, información periódica y el material de marketing. Por otro lado, dado que la definición de “inversión sostenible” permite la determinación discrecional de los criterios para la consideración como tal, da lugar a la aplicación de diversas estrategias (no comparables entre sí). En este sentido, la ESMA señala que “esta limitación de la norma se mitigará si se establecen categorías de productos en el futuro”.

Por último, el informe incluye gestoras identificadas por determinadas ANCs con bajo número de empleados dedicados a tareas de sostenibilidad, falta de criterios o indicadores para medir cómo las políticas remunerativas son consistentes con la integración del riesgo de sostenibilidad, así como de la ausencia de controles para verificar que las estrategias ESG están apoyadas en datos o métricas apropiados.

Una docena de recomendaciones clave

El informe se completa con doce recomendaciones dirigidas a las ANCs y a los participantes en el mercado en relación con los resultados del CSA. Son las siguientes: 

1. Destaca la importancia de que los gestores implementen políticas y procedimientos que consideren los riesgos de sostenibilidad y su integración en los procedimientos de gestión de riesgos. 
2. Considera que los gestores deben adquirir y retener el personal necesario con las competencias, los conocimientos y la experiencia necesarios para la integración efectiva de los riesgos de sostenibilidad, así como acreditar que se imparte formación para mejorar las competencias en sostenibilidad, con regularidad. 
3. Anima a las ANCs a realizar un seguimiento de las entidades supervisadas para garantizar que adopten las medidas necesarias para mitigar los riesgos de greenwashing. 
4. Recomienda a las ANCs que comprueben que la información sobre la coherencia de las políticas de remuneración con la integración de los riesgos de sostenibilidad se detalla claramente en las políticas correspondientes. La ESMA considera que existen áreas de mejora en la precisión de las métricas de sostenibilidad, como las puntuaciones de riesgo ESG, o cualquier otro criterio que se desee incluir. 
5. Invita a las ANCs a continuar verificando que las declaraciones de PIAs cumplan con lo previsto en el Reglamento Delegado del SFDR.
6. Insta a las ANCs a desarrollar herramientas que les permitan controlar la información divulgada por la entidad, por ejemplo, para verificar su coherencia con las inversiones realizadas. 
7. Destaca la importancia de garantizar que la información divulgada sobre los productos en el sitio web sea fácilmente accesible, justa, clara y no engañosa; subraya la importancia de que resulte accesible para todos los inversores, fácilmente localizable y presentada en un lenguaje sencillo, evitando el uso de jerga o tecnicismos.
8. Las ANCs deben seguir cuestionando la idoneidad de los nombres de los fondos y solicitar explicaciones cuando el nombre no se corresponda con sus objetivos y políticas de inversión, ni con su estrategia (las Directrices de ESMA sobre denominaciones ESG de los fondos constituyen a este respecto un elemento de referencia para las ANCs).
9. Considera que las ANCs deben ser vigilantes respecto a la información divulgada sobre las “inversiones sostenibles” (según la definición del art 2.17 de SFDR) de los fondos, teniendo en cuenta los indicadores PIA a efectos del principio “Do Not Significant Harm” (DNSH). Todos los indicadores obligatorios deben tenerse en cuenta para la divulgación precontractual y periódica de DNSH. 
10. Deben evitar hacer referencias demasiado generales a los ODS para la contribución de las “inversiones sostenibles” a los objetivos de sostenibilidad, a fin de garantizar que la divulgación sea justa, clara y no engañosa. 
11. Considera que las ANCs deben desarrollar herramientas que les permitan controlar la divulgación de producto. 
12. Reconoce la preferencia general de las ANCs por utilizar medidas de supervisión reforzadas (escalated supervisory measures) en lugar de medidas de ejecución (enforcement actions). Si bien reconoce el margen de discreción que ofrece la normativa vigente, ESMA reitera la importancia de utilizar todas las herramientas de supervisión y ejecución que proporciona el marco jurídico aplicable. 

Tras la publicación, la CNMV ha insistido en que continuará realizando sus labores supervisoras en el ámbito de sostenibilidad, colaborando con la ESMA y el resto de las autoridades nacionales y teniendo en consideración las recomendaciones de ESMA.