La reciente reforma al sistema de pensiones en Chile trae varios beneficios que mejorarán las pensiones en el corto y largo plazo. Sin embargo, también introduce un cambio estructural profundo en la gobernanza de los fondos previsionales.
Bajo el nuevo esquema, la ley ha otorgado a la Superintendencia de Pensiones un rol inédito: se transformará en una suerte de “Asset Owner” estatal, pues definirá la estrategia de inversión, las carteras de referencia, los límites de desviación y luego evaluará el desempeño de las AFP. Estas, por su parte, quedarán relegadas a un papel más acotado, similar al de “Asset Managers”, con margen restringido para realizar desviaciones tácticas respecto al benchmark oficial.
Este rediseño institucional plantea riesgos significativos que merecen atención. En primer lugar, se rompe con el principio de descentralización en la toma de decisiones de inversión. Hoy existen márgenes máximos y mínimos establecidos por ley, dentro de los cuales las AFP pueden adaptar sus estrategias según las condiciones de mercado, sus análisis y los distintos perfiles de riesgo.
Bajo el nuevo modelo, en cambio, se impondrá una lógica distinta: el regulador definirá un portafolio específico y premiará o castigará a las gestoras según su alineamiento con este. Este tipo de incentivos, del cual no conozco otro caso similar a nivel global, podría generar distorsiones tanto en la gestión de inversiones como en la capacidad del mercado de capitales local para canalizar recursos de forma eficiente.
A diferencia de otros Asset Owners estatales internacionales —como el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) o el Government Pension Fund Global (GPFG) de Noruega— la Superintendencia de Pensiones en Chile no tiene deberes fiduciarios explícitos hacia los afiliados. Tampoco existen mecanismos sólidos de rendición de cuentas que permitan evaluar su desempeño como diseñador de estrategia. En otras palabras, se le otorga un poder considerable sin una responsabilidad clara ante los beneficiarios, lo que abre la puerta a decisiones subóptimas sin consecuencias institucionales.
Además, el nuevo modelo concentra múltiples funciones en una sola entidad. La Superintendencia será al mismo tiempo diseñadora de estrategia, intérprete de la ley, supervisora de cumplimiento y evaluadora de desempeño. Esta falta de separación de roles va en contra de las mejores prácticas internacionales en gobernanza financiera, que buscan evitar conflictos de interés y asegurar contrapesos institucionales que puedan evitar sesgos o capturas.
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. En países como Suecia, Canadá o Australia, los fondos públicos que actúan como Asset Owners operan bajo mandatos claros, estructuras de gobernanza independientes y evaluaciones periódicas. En general cuentan con consejos directivos alejados del gobierno de turno, procesos de nombramiento mixtos (públicos y privados) y múltiples capas de supervisión, con informes públicos y auditorías externas.
En Chile, en cambio, se corre el riesgo de politizar las decisiones de inversión si, con el tiempo, las carteras de referencia llegan a responder más a criterios regulatorios o ideológicos que técnicos. Aquí también existe evidencia de otros países, en que por ejemplo se ha forzado a los fondos de pensiones a adquirir deuda estatal, generando un perjuicio relevante a los afiliados, el cual no puede recuperarse en el tiempo.
Por eso es fundamental abrir un debate informado sobre los riesgos institucionales de esta reforma. Es evidente que la gobernanza debe evolucionar junto a la norma. Si se asignan nuevas responsabilidades es importante también entregar la orgánica que permita asegurar que los cambios respeten ciertos principios básicos: deber fiduciario, rendición de cuentas, separación de funciones y capacidad técnica.
En México este dilema se resolvió exigiendo a cada Afore diseñar su propia cartera de referencia, en base a criterios técnicos y con aprobación del regulador. En otros países se ha resuelto mediante la creación de organismos colegiados, cuyos integrantes sean independientes del gobierno de turno y con fuertes controles y deberes fiduciarios, además de rendición de cuentas a los beneficiarios.
Los ahorros previsionales de millones de chilenos merecen una gestión profesional, transparente y orientada al largo plazo. Una reforma que no garantice accountability podría, paradójicamente, hipotecar el futuro de los afiliados en nombre de la modernización.
Por Funds Society
