El anuncio del metaverso por parte de Facebook representa una clara integración de nuestra presencia online y offline. Nuestra existencia diaria tiene lugar cada vez más en la esfera digital, desde la compra, el trabajo desde casa o la vida social. Sin duda, la epidemia de COVID-19 ha actuado como catalizador de nuestra huella digital. Aunque la comodidad ha sido bien recibida por algunos, también existe una preocupación creciente por el uso que se hace de nuestros datos en la red y, en concreto, por nuestros derechos digitales.
¿Qué son los derechos digitales y cuál es el riesgo?
Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos ejemplos de derechos humanos en el ámbito digital son el acceso universal a la información, la comunicación, la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos. A medida que se generan más datos, la cuestión de la protección y la privacidad se intensifica. En los últimos años, las vulneraciones de los derechos digitales han tenido un impacto generalizado, como el escándalo de Cambridge Analytica, o la incitación a la violencia en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos. En países afectados por conflictos como Myanmar, las exigencias militares de apagones de Internet, vigilancia, censura e información personal vulneran directamente la libertad de información, expresión y anonimato.
La regulación de los derechos digitales está en constante evolución
Los retos, la complejidad y las prácticas que perjudican los derechos digitales han llevado a la evolución de los marcos legislativos. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE en 2018 fue un hito para la protección de datos, que otorgó a los consumidores un mayor control de sus datos personales. Ahora han surgido leyes de privacidad de datos similares más allá de la UE. El bloque está allanando el camino con medidas reguladoras para frenar a las grandes tecnológicas con la reciente Ley de Servicios Digitales de la UE. Su objetivo es responsabilizar a las plataformas online de los contenidos ilegales y de los sistemas algorítmicos que amplifican la difusión de la desinformación.
Esta mayor regulación es bienvenida, ya que las grandes empresas tecnológicas tienen actualmente el poder de tomar decisiones sobre la libertad de expresión de los consumidores y otros derechos sin las garantías adecuadas. A menudo operan de manera opaca, con una falta de políticas para que los usuarios entiendan sus derechos, lo que contribuye al mal uso de los datos de los consumidores para generar beneficios a través de la publicidad dirigida y los algoritmos. Esto ha llevado a exigir una mejor regulación e intensificar la acción de los inversores, como demuestra el aumento de las resoluciones de los accionistas sobre los riesgos de los derechos digitales.
Actuación de las empresas en materia de derechos digitales
¿Cuáles son las buenas prácticas? Twitter ocupa el primer puesto del Índice de Derechos Digitales de la Clasificación 2020 y es descrita como «la mejor entre los peores» por su mayor transparencia en relación con la gestión de las demandas gubernamentales de censura de contenidos y las medidas de eliminación de contenidos y suspensión de cuentas. Sin embargo, la empresa aún tiene mucho trabajo por delante para alcanzar el estatus de mejores prácticas. Telefónica fue la única empresa de telecomunicaciones que publicó una política sobre su uso responsable de la inteligencia artificial, detallando la aplicación práctica en su modelo operativo. A pesar de estos avances, en general, las empresas tecnológicas no revelan información sobre cómo abordan los derechos digitales, desde la moderación de contenidos hasta cómo aplican sus normas en la práctica y recogen los datos de los consumidores, lo que indica que se trata de un problema sistémico que requiere una acción inmediata.
Reflexiones finales
Esperamos que continúe el escrutinio sobre las empresas activas en la esfera digital a medida que avanza el impulso de los stakeholders y de la regulación. Esta normativa podría cambiar radicalmente los modelos de negocio de estas empresas; por tanto, quienes deseen adelantarse para limitar las posibles multas regulatorias deben actuar ahora. Como inversores, seguiremos ejerciendo presión para aumentar la transparencia y la responsabilidad de las empresas en materia de derechos digitales a través de nuestra participación en la iniciativa Ranking Digital Rights y en la Global Network Initiative.
Tribuna de Lorraine Hau, asociada, Inversión Responsable, de BMO Global Asset Management
Hablemos de riesgo
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir y bajar de igual manera, por lo que podría darse el caso de que los inversores no recuperasen la cantidad original invertida.
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