Han pasado ocho años desde el derrumbe de la fábrica en el edificio Rana Plaza en Bangladesh, que provocó la muerte y lesiones a miles de trabajadoras del sector textil. Durante años ha habido esfuerzos en la región para promover entornos laborales más seguros para los trabajadores: el hecho de que el Acuerdo sobre Seguridad de Edificios y Contra Incendios –conocido como Accord– se firmara apenas un mes después del derrumbe del Rana Plaza es, quizás, una prueba de ello.
Este pacto jurídicamente vinculante de cinco años de duración entre los sindicatos, las marcas y los minoristas se firmó con el fin de proporcionar un marco para la inspección y reparación de los edificios que tuvieran su integridad estructural disminuida. También estableció una Secretaría independiente, con sede en los Países Bajos, para supervisar su cumplimiento. Pero este organismo contribuyó a aumentar las tensiones en torno a la excesiva influencia de la comunidad internacional sobre el sector industrial de Bangladesh.
Cuando el plazo de vigencia del Accord estaba a punto de agotarse surgió un debate sobre cómo garantizar que se mantuviera la protección que ofrecía a los trabajadores del sector de la confección y, al mismo tiempo, aumentar la representación bangladesí en la gobernanza. En 2018, tras el estudio del caso por parte del Tribunal Superior de Bangladesh, se ordenó que el Accord dejara de estar en vigor en noviembre de ese año y se pidió a un organismo regulador nacional que asumiera su función. Tras los esfuerzos del gobierno bangladesí y de los propietarios de las fábricas por acabar con la influencia del Accord, se acordó la aplicación de un nuevo acuerdo de transición de tres años. Este pretendía mantener la protección ofrecida a los trabajadores textiles de Bangladesh en el marco del pacto original y, al mismo tiempo, transferir la gestión al Consejo de Sostenibilidad del Sector de la Confección (RSC) una vez que se cumplieran una serie de criterios.
Este año vimos cómo expiraba el acuerdo de transición y, una vez más, su continuación se vio amenazada. Los sindicatos internacionales estaban preocupados por la disminución de la representación de los trabajadores en el RSC, que dedicaba dos tercios de todos los puestos a las marcas y a los propietarios de las fábricas. También preocupaba el mantenimiento del requisito jurídicamente vinculante del Accord para que las marcas se responsabilizaran económicamente de las obras de reparación de las fábricas. Las partes interesadas volvieron a coincidir en que dejar que el pacto expirara supondría volver a la autogestión voluntaria de las marcas. Esto haría que fueran de nuevo las responsables de la inspección de los lugares de trabajo y también limitaría su responsabilidad ante las labores de rehabilitación, la misma situación que muy probablemente llevó al incidente del Rana Plaza y otros desastres.
Nuestro compromiso en BMO GAM
Desde la gestora escribimos a 19 de nuestras empresas participadas, que eran signatarias del acuerdo original. Les pedimos que reafirmaran su compromiso con el modelo del Accord para garantizar que tuvieran una obligación vinculante en materia de seguridad de los trabajadores, que mantuvieran el mecanismo independiente de rendición de cuentas al RSC y que promovieran una ampliación del modelo del Accord a otras regiones.
Tras la fecha prevista de expiración del acuerdo de transición en mayo de 2021, se aprobó una prórroga de tres meses de las negociaciones. Tras ello, se promulgó el nuevo Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección (Acuerdo Internacional). El nuevo pacto se centra en los programas de salud y seguridad en Bangladesh y se ha comprometido a crear un mecanismo creíble de cumplimiento y responsabilidad en toda la industria.
Nos anima el hecho de que 12 de las empresas a las que escribimos hayan reafirmado su compromiso con la seguridad de los trabajadores en Bangladesh al firmar el Acuerdo Internacional. Sin embargo, también creemos que para que la salud y la seguridad, el trabajo y los derechos humanos de los trabajadores de la cadena de suministro estén realmente protegidos, la industria de la confección y del calzado deben abordar las deficiencias sistémicas con las que interactúan con los proveedores.
Las marcas se enfrentan a gran incertidumbre en torno a la demanda de los consumidores, lo que implica que es difícil prever con exactitud la cantidad de pedidos que hay que hacer. Esta divergencia con respecto a la demanda prevista pone a los proveedores entre la espada y la pared: deben seguir cubriendo los costes fijos, pero no tienen ninguna garantía de ser compensados económicamente por el trabajo realizado por adelantado. Los trabajadores suelen ser los más perjudicados ante esta situación, ya sea por los bajos salarios o la escasa seguridad en las fábricas.
Ya es hora de que empecemos a hablar de «skin in the game» (poner “la piel en el juego”, es decir participar del riesgo para conseguir el objetivo) y de que las marcas se responsabilicen, al menos parcialmente, de cualquier desviación de sus previsiones, y de que se aseguren de que las fábricas y sus trabajadores no se vean perjudicados en el proceso.
Columna de Tenisha Elliot, analista asociada, inversión responsable, BMO Global Asset Management, parte de Columbia Threadneedle Investments
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