El dinero en efectivo es el medio de pago más utilizado, especialmente en las zonas rurales, por lo que garantizar su acceso es fundamental para mantener su supervivencia. Cabe destacar que desde el año 2008, las áreas rurales de casi treinta provincias españolas sufren el fenómeno de la despoblación. Tanto es así que España es uno de los países del continente europeo que muestra más desigualdades en cuanto a polarización y existencia de desiertos demográficos.
Al mismo tiempo, estas áreas están experimentando una pérdida progresiva de servicios, entre los que se encuentran los financieros. A esto hay que añadir que desde ese mismo año, el número de oficinas bancarias ha pasado de más de 45.700 a las escasas 20.000 que se esperan al final de este año cuando culmine la actual fase de concentración bancaria. El resultado de estos factores, tal y como se desprende del «Análisis del papel del dinero en efectivo en áreas despobladas de España», elaborado por la Universidad de Zaragoza, es que el acceso a los servicios financieros es cada vez más restrictivo para una buena parte de la población en zonas despobladas y que estemos ante un desmoronamiento del sistema financiero en amplias zonas rurales de España.
Dado que los servicios financieros son un elemento esencial para el arraigo en zonas rurales, las personas mayores, que representan el 28,5% de la población rural, sufren en mayor medida el desmantelamiento de la red bancaria, las dificultades de acceso al efectivo y los riesgos de exclusión financiera, generándoles inseguridad. Este segmento de población está ya englobado en lo que se conoce como consumidores vulnerables; consumidores para los que el efectivo sigue siendo su medio de pago dominante y es el factor determinante para su inclusión social. En definitiva, la falta de acceso al dinero en efectivo provoca exclusión social.
En palabras del Luis Antonio Sáez Pérez, coordinador de este estudio y profesor de la Universidad de Zaragoza, especializado en desarrollo rural, “pagar en efectivo es una especie de derecho, que en el rural más periférico no pueden ejercer justamente las personas más frágiles, mayores, inmigrantes, los más jóvenes, en las que la liquidez es el modo más habitual. De alguna manera, la capacidad de ciertas personas que ya tienen limitaciones en otros ámbitos, en su autonomía, ven en esta cuestión otra pérdida, que, aunque no es decisiva, se suma a varias, más aún en las pequeñas poblaciones”.
La dificultad de acceso al dinero en efectivo no afecta solo a los ciudadanos; el impacto en las economías locales es también cada vez más acusado. El pequeño comercio sufre las consecuencias de la mala conectividad digital en la España despoblada y la dificultad de acceso al dinero y a los servicios financieros de proximidad, sobre todo en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes. Las dificultades en el acceso al efectivo pueden desequilibrar la balanza en contra de la economía local. La elección del canal de compra digital frente al físico debilita también las redes comerciales de ámbito comarcal, lo que intensifica el debilitamiento de la propia economía local.
El análisis de la Universidad de Zaragoza constata que en el mundo rural se da en mayor medida un tipo de relaciones sociales y económicas que mantienen la liquidez como medio de intercambio principal. Sin embargo, la falta de acceso a los servicios de entidades financieras es de nuevo limitativa para el bienestar de sus ciudadanos y para la eficacia de un buen número de negocios. El ecosistema social y económico de las pequeñas poblaciones gira en torno al efectivo más que en otro tipo de comunidades. Y es que este tipo de transacciones tiene un porcentaje superior de frecuencia que en el mundo urbano, dado que genera confianza y proporciona una relación más humana, además de que su cultura de pagos asociada es más tradicional. En consecuencia, en aspectos relativos a la vida comunitaria, inherentes en la sociología de las pequeñas poblaciones, la liquidez adquiere un protagonismo que en los escenarios urbanos cotidianos no se percibe con tanta nitidez.
Forzados por estar ubicados en las zonas de sombra con baja cobertura, señala el análisis de la Universidad de Zaragoza, el acceso a esa liquidez, a la que una parte importante de la población rural se ve inducida, se ha reducido en los últimos años de manera acelerada. Ya no hay oficinas en su población, ni cajero, y en la cabecera de comarca son menos entidades.
El cambio también en la tipología de oficinas implica que se tiende a la concentración y la previsión es que, de media, una oficina cubra unos 25 km2 (lo que supondría, por ejemplo, una sola oficina para una superficie cinco veces superior a la almendra central de Madrid o cinco oficinas para toda la ciudad de Valencia). Frente al “si no uso la tarjeta puedo sacar dinero del cajero o de la oficina y pagar en efectivo”, en estos lugares se daría el “no puedo pagar telemáticamente porque la línea falla, pero tampoco tengo forma de sacar dinero fácilmente”. No son dos alternativas complementarias lo que se plantea, sino dos negaciones que se refuerzan, un dilema en bucle, concluye el análisis.
Otro elemento que constata el estudio es que en un pequeño pueblo, pagar mediante transferencia, tarjeta u otra vía resultaría antinatural, ya que el efectivo forma parte de la esencia del propio acto que se lleva a cabo. La falta de entidades financieras, bien a través de oficinas con servicio al público, bien como cajeros automáticos, de nuevo es limitativa del bienestar de sus ciudadanos y de la eficacia de muchos pequeños negocios.
El análisis de la Universidad de Zaragoza incluye diversas recomendaciones o propuestas de actuación para atajar este grave problema de desajuste social por falta de acceso al dinero en efectivo en zonas despobladas. El análisis señala que la solución a este problema no debe plantearse en términos estrictamente económicos. Las características del grupo de población más intensamente afectado aconsejan hacer hincapié en la dimensión social del problema, por lo que sería recomendable que los poderes públicos se comprometieran en la búsqueda de una solución por cuestiones de equidad y cohesión, fundamentalmente, aunque también de eficiencia, por cómo implica también al tejido económico local, y de fomentar la libertad del individuo para poder elegir el sistema de pago que más le convenga.
Respecto a la búsqueda de este tipo de soluciones, Sáez Pérez, insiste en que “dado que el mercado financiero ha acentuado los criterios de rentabilidad, cambiando su modelo de negocio (economías de escala, digitalización, reorientación hacia clientela más rentable), y una parte importante de la población sí se ha adaptado mediante estrategias de movilidad y el acceso digital, quedan encubiertas estas situaciones de exclusión, en algo tan relevante como cómo consumir y cobrar, es decir, organizarte la vida en tus aspectos más personales. De manera que, como dicen los manuales, ante un fallo del mercado debería haber una respuesta colectiva, y los gobiernos más vinculados al territorio deberían liderar las soluciones. Con algo de imaginación, experiencias comparadas y voluntad política podrían plantearse, colaborando la iniciativa privada y la pública”.
En este sentido, las recomendaciones afectan tanto a las instituciones públicas (gobiernos central y autonómico, pero también a los ayuntamientos o las diputaciones provinciales) como a las entidades de depósito, encargadas en última instancia de la prestación del servicio. Desde el punto de vista de las instituciones públicas, un aspecto esencial pasa por articular los mecanismos que permitan que la distribución del efectivo llegue de forma satisfactoria hasta la “última milla”.
Estas instituciones, señala el análisis, deberían admitir su componente social, colaborando con las entidades de depósito para que la capilaridad del sistema alcance a la mayor parte del territorio. Medidas como la subvención a la instalación y el mantenimiento de los cajeros automáticos o facilitar la permanencia de las oficinas establecidas en las localidades más pequeñas, pueden resultar apropiadas. Los gobiernos autonómicos y las diputaciones provinciales desempeñan aquí un papel primordial, en la medida en que tienen un enfoque territorial en las competencias que ejercen y un mejor conocimiento de sus comunidades rurales. La implicación directa de las administraciones más próximas proporcionaría un mapa coherente sin incurrir en el localismo, planteando, igual que se hace con el mapa sanitario o escolar, algún tipo de incentivo o colaboración que trate de minimizar las zonas sin acceso a estos servicios.