Chile ha estado tratando de reformar su sistema de pensiones, que actualmente se basa en la capitalización individual con fondos gestionados por la industria de AFP, durante la última década. Ahora, tras el anuncio de la semana del presidente Gabriel Boric, hay un nuevo proyecto en curso, que incluye la eliminación de las AFP como existen actualmente.
Desde la industria critican esta arista del proyecto, junto con otros elementos, según delineó la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensión (AAFP), Alejandra Cox, en una columna de opinión publicada por la entidad en la antesala del anuncio de la reforma.
En base a los anuncios que ya se habían hecho sobre el proyecto, la líder gremial señaló que no se está contemplando “la libertad de elegir quién gestionará sus ahorros, y quién le entrega el servicio de atención”, lo que describe como un “atributo fundamental para la ciudadanía”.
Fin de las AFP
El proyecto enviado por el gobierno contempla que las AFP como se conocen desaparecerán, siendo reemplazadas por un sistema con una entidad estatal, llamada el Administrador de Pensiones Autónomo, que asumirá las funciones administrativas y la gestión de cuentas y pagos, entre otros, y un conjunto de gestores de inversiones. Estos gestores podrán ser públicos o privados, se encargarán de manejar los activos, y los afiliados al sistema podrán elegir entre ellos.
En ese contexto, las AFP actuales podrán convertirse en uno de estos gestores privados, en una figura conocida como Inversor de Pensiones Privado (IPP).
En esa línea, Cox criticó que “bajo el eslogan de poner fin a las AFP, la futura reforma plantea terminar con la administración privada, sin considerar que ésta presta diferentes servicios a los afiliados”. El año pasado, comentó la líder gremial, la industria pagó casi 9.000 de pensiones, entregó más de 15 millones de beneficios estatales y realizó más de 118 millones de atenciones presenciales, telefónicas y digitales.
En esa línea, destacó un foco de riesgo en la protección de datos personales de los afiliados. “Hoy son las administradoras privadas las responsables de evitar ataques cibernéticos. Para ello, invierten millonarios montos en control de fraudes, escaneos y múltiples test de seguridad de sus servidores”, escribió en su columna.
Con una única agencia estatal, con los datos de casi 12 millones de afiliados en su poder, “hace al menos plantearse si ese riesgo estará controlado eficientemente”.
A esto, sumó, se suma una falta de modificación al régimen de inversiones. Esto, señaló, dificultaría la “recuperación de los ahorros reducidos dramáticamente tras los retiros”, refiriéndose a las tres ventanas de rescates de fondos previsionales que se abrieron en Chile durante la pandemia. La desinversión total de ese proceso suma cerca de 43.000 millones de dólares.
Recursos adicionales
La representante de las AFP también cuestionó las definiciones en cuanto a heredabilidad de los fondos, ya que el proyecto contempla que el 6% de cotización adicional propuesto no será traspasable.
Esos recursos adicionales, que serán de cargo del empleador y se implementará gradualmente, serán gestionado por el gestor estatal, llamado Inversor de Pensiones Público Autónomo (IPPA), y se destinarán para financiar un fondo común, el Fondo Integrado de Pensiones. Aunque los fondos serán contabilizados en cuentas nocionales de los trabajadores, no formarán parte de sus cuentas individuales.
En ese sentido, Cox destacó que las proyecciones de las autoridades muestran que la tasa de reemplazo de las pensiones sube sobre el 70%, gracias a la Pensión Garantizada Universal (PGU). “Entonces, ¿por qué se destinará la cotización adicional del 6% a un fondo común y no a la cuenta de cada trabajador para incrementar su ahorro previsional?”, criticó la líder gremial.
Si bien la presidenta de la AAFP reconoció que el sistema de pensiones chileno necesita ajustes, con la necesidad de financiar períodos cada vez más largos de vida, criticó la incorporación del fondo común en el financiamiento de las pensiones. “A diferencia de lo que pasa en el mundo, donde se está incorporando más ahorro y cambiando parámetros estructurales, en Chile se agregaría un componente de ‘reparto’ lo que es un gran retroceso”, señaló.
“Tampoco se puede olvidar que para mejorar las pensiones se requiere una mayor base de cotización. Hoy, lo que se conoce del texto, parece mirar con espejo retrovisor los desafíos del mercado laboral. No sólo respecto a la informalidad, sino que a las nuevas formas de trabajo. Aquellas que con la pandemia se han acrecentado en grupos importantes de trabajadores”, agregó en su columna.
Con todo, Cox critica que “tener sólo una modalidad de pensión” y ponerle fin a los multifondos “no tiene cabida” y que “la separación de la industria parece ser una excusa para recurrir al monopolio del Estado”.
Por Funds Society
