El sistema de pensiones público entró en déficit en 2011, once años más tarde y varias reformas y contrarreformas después parece que no terminamos de encontrar una solución. De hecho, las últimas reformas – la derogación del factor de sostenibilidad, la indexación de las pensiones al IPC, el MEI y los cambios en incentivos y penalizaciones para el retraso o adelanto de la jubilación – no contribuyen a la sostenibilidad del sistema.
Según destaca José Antonio Herce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones: “La lectura entre líneas de todo esto es preocupante, porque con esas medidas las finanzas del sistema se van a desestabilizar”. “Hay muchas cosas que se han hecho y desecho y en términos de sostenibilidad hemos avanzado poco o incluso retrocedido”, añade.
Por otro lado, es cierto que la generosidad y la suficiencia, según analiza Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, han mejorado, pero también insiste en que si miramos la sostenibilidad esta ha empeorado. “Las previsiones, atendiendo a lo que hay en el programa de estabilidad, es que el gasto aumentará unas décimas en 2025 del 2,2 al 2,5% del PIB. Si no hacemos nada, entonces nos iremos al 4,9% y con la derogación del factor de sostenibilidad se suma otro punto del PIB, ya nos vamos a 6 puntos más”, alerta.
A esto debemos sumar el efecto que la norma de ligar la revalorización de las pensiones al IPC tendrá en el sistema en un contexto en el que la inflación continúa subiendo. “Una inflación del 6-6,5% no la van a aguantar las pensiones. No tenemos recursos para revalorizar las pensiones con el IPC”, alerta Herce.
“Revalorizar las pensiones con la inflación es deseable, pero con un sistema que sea sostenible, con unas pensiones iniciales que sin déficit actuarial permitan la revalorización sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema, de manera que las personas jubiladas no vayan perdiendo poder adquisitivo”, añade Doménech.
Ampliar el periodo de cálculo de las pensiones: el último gran debate
Las reformas que se han aplicado pertenecen al primer bloque que anunció el ministro Escrivá, pero queda un segundo bloque que contiene medidas aún más polémicas. Entre ellas se encuentra la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Actualmente, se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados y la propuesta invita a contemplar los últimos 35.
Si se pone en marcha, Doménech explica que la sostenibilidad del sistema mejoraría en 9 décimas. Pero si en lugar de coger los últimos 35, se eligen los mejores 25 de los últimos 35 (otra medida que se baraja), la sostenibilidad empeoraría en 7 décimas.
La “absoluta” necesidad de contar con ahorro previsional
Todas estas idas y venidas y problemas de sostenibilidad se pueden amortiguar si, como ciudadanos, nos esforzamos en acumular ahorro para la vejez. Sin embargo, a pesar de que el contexto lo pide, las principales vías de ahorro para la jubilación, como los planes de pensiones de empleo, no tienen mucho éxito.
Entre las razones, Doménech apunta a la alta tasa de sustitución de la pensión pública (la relación entre la pensión y el último salario), que es una de las más altas de la OCDE, acompañada de un tejido productivo dominado por pequeñas empresas que no tienen capacidad para promover este tipo de planes.
“En España no es que no ahorremos, sino que ahorramos mal. Deberíamos tener una vez o una vez y media el PIB en ahorro previsional, pero tenemos en viviendas 3,5 veces el PIB. Si eso fuese ahorro previsional no necesitaríamos a la seguridad social”, apunta Herce.
“Es muy fácil ahorrar cantidades insignificantes cada mes con los empujes conductuales necesarios, para acabar con un capital de 60.000/70.000 euros en 30 años. Son 300 euros al mes de por vida”, argumenta. Tal y como advierte Herce tenemos una “absoluta necesidad de ahorro previsional”.