El Gobierno vuelve a rebajar los límites de aportación con derecho a desgravación de los planes de pensiones individuales. Según se recoge en el proyecto de los próximos Presupuestos Generales del Estado, la aportación máxima hacia los planes de pensiones individuales a desgravar en el IRPF pasa de los 2.000 a los 1.500 euros. Esta rebaja llega casi un año después de que se redujese el límite de 8.000 a 2.000 euros.
Al mismo tiempo, el máximo desgravable de los planes de empleo asciende hasta los 8.500 euros. La nueva fiscalidad afectará a los más de 8,5 millones de partícipes entre planes de pensiones individuales y planes de previsión asegurados, PPA, que hay en España, según el Consejo General de Mediadores de Seguros.
Estas medidas van encaminadas a potenciar el ahorro a través de los planes de empleo, una vía de ahorro que el Gobierno también quería impulsar con la creación de un Fondo de Pensiones púbico de gestión privada, según anunció el año pasado, pero del que aún no hay avances.
Las reacciones negativas por parte de la industria ante la pasada rebaja invitan a pensar que este nuevo recorte caerá como un jarro de agua fría. Uno de los primeros en pronunciarse esta vez ha sido el Consejo General de Mediadores, que considera que la medida es “otro torpedo al ahorro y al complemento de las futuras pensiones de autónomos y empleados de pymes. La propuesta favorece a los trabajadores de grandes empresas y castiga especialmente al medio rural cuya configuración empresarial está basada en pequeños negocios y autónomos”.
Para los mediadores de seguros, “el sistema individual es insustituible para todos los autónomos y trabajadores de pymes que no pueden acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas”. Según la entidad, la medida favorece a los trabajadores de grandes empresas castigando al resto, con especial incidencia en el medio rural.
Sin embargo, parece que las opiniones del sector no están contando. Recientemente, Inverco, como parte del comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema tributario, había recomendado aumentar este límite hasta los 5.000 euros.
Los efectos de esta reducción ya se han notado en las captaciones. Durante el primer semestre del año se obtuvieron unas captaciones netas de 79 millones, una cifra que contrasta con la del mismo periodo del año pasado, cuando los planes de pensiones captaron 846 millones de euros. Los expertos coinciden en que se puede culpar a un cóctel muy explosivo de esta caída: la nueva fiscalidad y la incertidumbre generada por la pandemia.
El origen de la norma: el estudio de la AIRef
El verano pasado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó el primer estudio de la segunda fase del Spending Review, centrado en el análisis de 13 beneficios fiscales con el fin evaluar si cada beneficio cumple con el objetivo para el que fue creado y si generan alguna distorsión que haga que sea recomendable su reformulación.
Entre los 13 analizados, la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social en el IRPF, cuyo coste fiscal era de 1.643 millones de euros, no pasó la prueba. En este sentido, la AIReF concluyó que el beneficio fiscal no conseguía el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo y planteaba su reformulación completa.
Entre otras razones, según el estudio, las aportaciones realizadas son pequeñas, casi todos los partícipes aportan menos de 1.000 euros y solo el 0,9% aporta entre 7.500 y 8.000 euros (el antiguo límite), unos datos que reflejan, según expresa el documento, que hay algo que falla en el incentivo.
Sin embargo, el sector no está de acuerdo con las reformas emprendidas. Como respuesta a la primera rebaja, diferentes asociaciones profesionales y empresariales, con el argumento de que la medida afectaría negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos, firmaron un manifiesto abogando por mantener el límite de 8.000 euros en los planes individuales. Los firmantes fueron ADECOSE, AEB, AEDAF, AMAEF, ASCRI, ATA, CECA, CEOE, CEPYME, la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, FECOR, el Instituto de Actuarios Españoles, el Instituto de Estudios Económicos, INVERCO, OCOPEN, UNACC y UNESPA.