En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado en relación con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha señalado que, de acuerdo con las estimaciones disponibles, cubrir los incrementos de gasto en pensiones derivados del incremento de la tasa dependencia, e incorporando el impacto de la vuelta a la indiciación de las pensiones con la inflación y la derogación del factor de sostenibilidad, “requerirá de medidas por el lado de los ingresos o los gastos adicionales a las especificadas hasta el momento en el Proyecto de Ley actualmente en trámite parlamentario”.
Tal y como ha destacado, las tendencias demográficas que se esperan en los próximos años y, en particular, el fuerte aumento en la tasa de dependencia, generarán una elevada presión sobre el sistema de pensiones. Una presión que considera que no se solventará con las medidas hasta ahora propuestas.
En este sentido, ha recordado las reformas aprobadas en 2011 y 2013, que buscaban, según explica, afrontar estas presiones introduciendo mecanismos que relacionasen los ingresos y gastos esperados del sistema (el llamado índice de revalorización de las pensiones) o que estableciesen un vínculo entre el importe inicial de las prestaciones y la evolución de la esperanza de vida. “Estos mecanismos mejoraban de manera significativa la sostenibilidad financiera del sistema en el medio plazo, si bien, en el caso de que no se incorporaran nuevos ingresos, el ajuste se producía sobre todo a través de una reducción de la tasa de beneficio”, alcara.
Sin embargo, estos mecanismos han sido sustituidos, en primer lugar, por un sistema que revaloriza las pensiones de acuerdo con la inflación. “Se espera que esta decisión, contenida en el “Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema de pensiones”, redunde en un aumento del gasto en pensiones, de modo que dicho gasto aumentaría 3,3 puntos porcentuales de PIB entre 2019 y 2050, de acuerdo con las últimas estimaciones de la AIReF”, explica.
A estas estimaciones, según rescata el experto, se añadiría el incremento de gasto derivado de revocar el factor de sostenibilidad aprobado en 2013, que se estimaría en 0,9 puntos de PIB entre 2019 y 2050, según la AIReF.
Adicionalmente, el proyecto de ley de reforma de las pensiones establece un aumento permanente de las transferencias del Estado a la Seguridad Social con objeto de hacer frente a los denominados gastos impropios de esta, cifrados en, aproximadamente, el 2% del PIB. “Las mayores transferencias del Estado implican la corrección del déficit actual del Sistema de la Seguridad Social, pero, obviamente, tienen un efecto nulo sobre el conjunto de las cuentas de las Administraciones Públicas y, por tanto, sobre su sostenibilidad”, advierte Hernández de Cos.
Por otra parte, se han incluido distintas medidas con objeto de alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal, que pueden suponer un alivio para el balance del sistema, si bien la estimación de su efectividad está sujeta a una elevada incertidumbre. El Gobierno estima un impacto, en términos de menor gasto, de entre 1,1 y 1,6 puntos porcentuales de PIB en 2050.
Finalmente, el factor de sostenibilidad será sustituido por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que contempla, a través de un incremento finalista de las cotizaciones sociales, aumentar la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad y la adopción de nuevas medidas a partir del año 2032 en función de cómo evolucione la ratio de gasto en pensiones sobre PIB.
La concreción de estas nuevas medidas tendrá que ser negociadas en su momento, pero, según explica el experto del Banco de España, de acuerdo con la estimación gubernamental, el incremento de las cotizaciones sociales inicial ascendería al 0,2% del PIB entre 2023 y 2032 y podría generar unos ingresos acumulados en el Fondo de Reserva del 2,3% del PIB en el año 2032, que incluye la posible revalorización del stock a lo largo del tiempo.
Adicionalmente, recuerda que se ha establecido que el ajuste llevado a cabo por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, incluidas las potenciales nuevas medidas, no puede superar ocho décimas de PIB al año. En conjunto, por tanto, Hernández de Cos insiste en que cubrir los incrementos de gasto en pensiones requerirá de medidas adicionales a las que de momento se han presentado.
El impacto de la inflación
La medida que obliga a revalorizar las pensiones teniendo en cuenta la inflación llega en un momento en el que esta se encuentra en máximos. Por lo tanto, este fenómeno, indudablemente, tendrá efectos en los gastos del Estado. “La indexación de ciertas partidas de gasto a la inflación aumentaría el impacto que este fenómeno puede tener sobre las finanzas públicas”, advierte.