Última actualización: 06:50 / Miércoles, 17 Marzo 2021
Hasta enero de 2021

La Comisión Europea pone a consulta la revisión de la directiva de gestores de fondos de inversión alternativa

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  • Se ve necesario mejorar el régimen de pasaporte de los GFIA para facilitar la comercialización transfronteriza y el acceso a los inversores
  • Fruto de esta consulta, la Comisión podría decidir modificar asimismo las normas sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS)
  • La consulta se plantea una reflexión sobre la introducción de nuevos servicios que puedan desarrollar los gestores de fondos de inversión alternativa (GFIA)

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para lograr un funcionamiento más eficaz y eficiente del mercado de los fondos de inversión alternativa (FIA) de la Unión Europea, como parte de un sistema financiero estable, porque considera que hay una serie de áreas en las que se podría mejorar el marco jurídico.

Según indican desde finReg360, esta consulta tiene su origen en el informe del 10 de junio de este año de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el alcance y la aplicación de la AIFMD y que identificó ciertas áreas de mejora de la directiva. La consulta, que se inició el pasado 22 de octubre, permanecerá abierta hasta el 29 de enero de 2021. “Fruto de esta consulta, la Comisión podría decidir modificar asimismo las normas sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM o, por sus siglas en inglés, UCITS)”, matizan desde la consultora. 

Actualmente, los gestores de fondos de inversión alternativa (GFIA) se rigen por la normativa que se aprobó en junio de 2011. Ésta tiene como objetivo facilitar una mayor integración del mercado de fondos alternativos y mejorar la coherencia de las medidas adoptadas por las autoridades supervisoras, para así proteger a los inversores y facilitar la supervisión de los riesgos para la estabilidad financiera. Hoy por hoy, los gestores de fondos de inversión alternativa deben obtener una licencia específica para desarrollar su actividad y cumplir los requisitos recogidos en la AIFMD y su normativa de desarrollo.

Desde la consultora finReg360 señalan que la consulta pública se divide en siete sección que aborda las áreas identificadas como objetivo de mejora: funcionamiento del marco de la AIFMD y requisitos de autorización; protección del inversor; cuestiones internacionales; estabilidad financiera; sostenibilidad o inversión responsable; tratamiento de los UCITS, y otras cuestiones relativas a los GFIA y el marco de la directiva.

Entre los aspectos más relevantes de esta consulta está la consulta que se hace sobre la igualdad de condiciones. En este sentido se plantea una reflexión sobre la introducción de nuevos servicios que puedan desarrollar los GFIA (por ejemplo, la actividad de negociación por cuenta propia); la necesidad de aclarar ciertos aspectos del régimen de las actividades auxiliares que los GFIA pueden realizar, o la introducción de cambios para asegurar la igualdad de condiciones entre los GFIA y las empresas de servicios de inversión, cuando prestan los mismos servicios.

“La consulta señala que, si la actividad o servicio realizado es el mismo, las reglas aplicables deben ser las mismas para todas las entidades, independientemente de cuál sea la que preste el servicio (empresa de servicios de inversión, entidad de crédito o gestor de UCITS)”, mencionan desde finReg360.

También es relevante la consulta sobre el pasaporte de los GFIA. Según destacan, se ve necesario mejorar el régimen de pasaporte de los GFIA para facilitar la comercialización transfronteriza y el acceso a los inversores. Con este fin, se plantea que accedan al pasaporte los GFIA que estén por debajo del umbral de activos gestionados marcado por la AIFMD. En esta misma línea, se pregunta sobre la definición de un régimen de pasaporte para los depositarios de los FIA.

El tercer aspecto relevante de esta consulta es sobre la clasificación de inversores, obligaciones de transparencia y acceso a los fondos de inversión alternativa por parte de los inversores minoristas. En este sentido, finReg360 explica que la consulta pretende también conocer las opiniones sobre las diferencias de protección entre los inversores minoristas y profesionales y de los requisitos de transparencia frente a ellos. Se plantea: si la clasificación de los inversores debe corresponder a las categorías recogidas en MiFID II; sobre cómo mejorar el acceso a los FIA por los inversores minoristas, y la oportunidad de establecer un tipo de FIA que pudiera ser comercializado a inversores minoristas bajo el pasaporte.

Otros aspectos

Dejando a un lado estos tres aspectos más relevantes, la consulta también quiere reflexionar sobre otros aspectos más técnicos. Uno de ellos es la colocación privada y las reglas de delegación. Sobre ello se solicita la opinión de los interesados sobre tres aspectos: si los regímenes nacionales de colocación privada producen un desequilibrio entre los GFIA de la UE y los de fuera; si el régimen de delegación recogido en la AIFMD es lo suficientemente claro para evitar la creación en la UE de entidades vacías de contenido, y si las reglas de delegación son adecuadas para asegurar la gestión efectiva de riesgos.

Además, la consulta plantea si se deben introducir modificaciones en el régimen de remuneraciones de los GFIA y fijar umbrales mínimos por debajo de los cuales no se puedan producir. Y, a la par, se pregunta sobre la posibilidad de que el reporting se comunique a una autoridad central y la existencia de medidas de cooperación entre las autoridades competentes. “Por otro, se incluyen cuestiones sobre las competencias de las autoridades de supervisión y si la ESMA debe ser la que autorice y supervise todos los GFIA de dentro y fuera de la UE”, matizan desde finRegn360.

Por último, la consulta abre la reflexión en torno al tratamiento de los UCITS. En concreto se plantean determinados aspectos sobre la regulación de los UCITS, como: si sería adecuada una licencia única para los gestores de FIA y UCITS; métricas homogéneas para cálculo del apalancamiento, y las obligaciones de reporting sobre el uso de las herramientas de gestión de la liquidez.

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