En México, el desembolso conjunto en pensiones institucionales y programas sociales pasará de 730.000 millones de pesos en 2017 a 2,48 billones en 2027 (De 40.555 a 113,777 millones de dólares al tipo de cambio promedio actual). Las transferencias sociales multiplicarán su tamaño más de 50 veces, mientras las obligaciones de los sistemas laborales seguirán creciendo y presionando las finanzas públicas.
Así, el país se encamina a destinar 2,48 billones de pesos al pago de pensiones en 2027, más de tres veces el gasto registrado una década antes. El crecimiento no responde a una sola causa: detrás de la cifra conviven las obligaciones de los sistemas de retiro vinculados al empleo formal y la expansión de los programas sociales que transfieren recursos a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.
La dimensión del desembolso plantea un desafío para las finanzas públicas: cómo sostener compromisos que seguirán demandando recursos presupuestarios en los próximos años, en un país que también necesita financiar salud, educación, infraestructura y otras prioridades.
De acuerdo con las cifras del análisis que acompaña las estimaciones presupuestarias, el gasto conjunto en pensiones institucionales y sociales pasaría de 730.00 millones de pesos en 2017 a 2,48 billones en 2027. El monto previsto para el próximo año equivale a alrededor de 6,5% del producto interno bruto (PIB) y supera en aproximadamente 60% los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), indicador amplio de las necesidades de financiamiento gubernamental, estimados en 1,56 billones de pesos para 2027.
La comparación revela un cambio importante en la composición del gasto pensionario. Mientras las pensiones institucionales aumentaron por las obligaciones acumuladas de los sistemas existentes, las transferencias sociales crecieron a un ritmo mucho más acelerado, hasta convertirse en un componente de gran tamaño dentro del presupuesto.
Dos sistemas, dos presiones presupuestarias
Las pensiones institucionales —que incluyen las correspondientes al IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y otros sistemas laborales— pasarían de aproximadamente 720.000 millones de pesos en 2017 a 1,84 billones en 2027. Esto representa un incremento de alrededor de 2,6 veces en diez años.
Se trata de compromisos vinculados con los sistemas de seguridad social y los derechos pensionarios de sus beneficiarios. Aunque las reformas a los esquemas de retiro modificaron las condiciones bajo las cuales se financian las pensiones de distintos grupos de trabajadores, las obligaciones de los regímenes anteriores no desaparecieron de inmediato.
En paralelo, las pensiones sociales experimentarían una expansión mucho mayor: de 12.600 millones de pesos en 2017 a unos 640.000 millones en 2027, más de 50 veces su nivel inicial.
Este segundo componente comprende programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la pensión para personas con discapacidad y Mujeres Bienestar. A diferencia de los sistemas contributivos, estas transferencias se financian mediante asignaciones presupuestarias y no mediante una cuenta individual que acumule recursos para cubrir todos los pagos futuros.
Los 640.000 millones de pesos proyectados equivaldrían a cerca de 35% del gasto en pensiones institucionales. Por sí solos, los programas sociales representarían un monto equivalente a alrededor de 41% de los RFSP estimados para 2027.
La distinción importa porque las dos categorías tienen mecanismos de financiamiento diferentes. Las obligaciones institucionales están relacionadas con derechos laborales y compromisos pensionarios acumulados, mientras que las pensiones sociales dependen de decisiones presupuestarias recurrentes para mantener y ampliar su cobertura.
La reforma pensionaria no eliminó el costo de la transición
Hace una década, la perspectiva sobre la evolución de los pasivos pensionarios era distinta. En 2017, el diagnóstico de Hacienda apuntaba a que el cambio de los esquemas tradicionales de beneficio definido hacia sistemas de cuentas individuales contribuiría a reducir gradualmente la presión fiscal.
En el modelo de beneficio definido, el sistema promete una pensión calculada conforme a determinadas reglas. Cuando las aportaciones y los recursos disponibles resultan insuficientes para cubrir las obligaciones, el Estado puede tener que asumir el faltante. Con las cuentas individuales, en cambio, la pensión depende principalmente de los recursos acumulados por cada trabajador y sus rendimientos, conforme a las reglas aplicables.
La transición, sin embargo, no implicaba que las obligaciones del régimen anterior desaparecieran. Los trabajadores que conservaron derechos bajo esquemas previos y los pensionados existentes continuaron generando compromisos de pago.
Según las cifras del análisis original, la estimación de los pasivos pensionarios institucionales descendió de 60.5% del PIB en 2012 a 49% en 2017. Para el horizonte actual, el pasivo se calcula en alrededor de 37% del PIB.
Este último indicador debe interpretarse con cuidado: representa una estimación de obligaciones futuras y no un desembolso que deba realizarse íntegramente en 2027. El análisis sostiene que cubrirlo hoy mediante deuda requeriría un endeudamiento adicional cercano a 70% de la deuda pública actual, un ejercicio que ilustra su magnitud, pero que no equivale a una necesidad inmediata de financiamiento.
Además, esa estimación se refiere a las pensiones institucionales. El análisis señala que todavía no existe una medición equivalente del pasivo de largo plazo para las pensiones sociales dentro del paquete económico considerado.
El crecimiento se modera, pero la base de gasto ya es elevada
El aumento de las pensiones sociales ha sido particularmente acelerado durante los últimos años. De acuerdo con el análisis, entre 2021 y 2026 estos recursos crecieron a una tasa nominal promedio de 34% anual. Para 2027, en cambio, se prevé un incremento nominal de 3.3%, cercano a la inflación contemplada en el escenario presupuestario. La desaceleración reduciría el ritmo de expansión, pero no el tamaño del compromiso ya incorporado al gasto público.
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla, por ejemplo, 543.500 millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y alrededor de 37.500 millones para la pensión de personas con discapacidad permanente.
La presión futura dependerá tanto de la evolución demográfica como de las reglas de acceso, los montos de los apoyos y las decisiones sobre la continuidad de los programas. El envejecimiento de la población aumentará la importancia de contar con mecanismos sostenibles para financiar el retiro, mientras que modificar las transferencias sociales supone decisiones con consecuencias económicas y sociales.
El problema, por tanto, no se reduce a cuánto crecerá el gasto el próximo año, sino a cómo se financiará una base presupuestaria cada vez mayor durante los siguientes ejercicios.
El reto fiscal: compromisos de largo plazo frente a recursos limitados
El crecimiento del gasto pensionario coincide con la necesidad de mantener bajo control el déficit público. Para 2027, Hacienda proyecta unos Requerimientos Financieros del Sector Público equivalentes a 3.9% del PIB, como parte de su estrategia de reducción gradual del déficit.
En ese contexto, las pensiones compiten por espacio presupuestario con otros gastos y con la inversión pública. Su importancia social y el carácter recurrente de una parte considerable de las obligaciones limitan la flexibilidad del gobierno para reasignar recursos en el corto plazo.
El desafío también obliga a distinguir entre garantizar ingresos a quienes ya se encuentran en retiro y construir mecanismos que permitan financiar las necesidades de las generaciones futuras. La sostenibilidad no depende únicamente del monto destinado cada año, sino de la evolución del empleo formal, las contribuciones, la productividad, los ingresos públicos y las reglas que determinan los beneficios.
La comparación entre 2017 y 2027 no demuestra, por sí sola, que la reforma de cuentas individuales haya fracasado. Sí muestra que esa transformación no eliminó los compromisos del sistema anterior y que, en paralelo, surgió un componente de transferencias sociales cuyo peso presupuestario aumentó de manera extraordinaria.
La lección para la política pensionaria mexicana es que una reforma al sistema de retiro y la creación o ampliación de programas sociales requieren evaluar no solo sus beneficios presentes, sino también su financiamiento a largo plazo. De lo contrario, el país corre el riesgo de consolidar compromisos crecientes sin una previsión equivalente de los recursos necesarios para cubrirlos.
La discusión sobre las pensiones, en consecuencia, ya no consiste únicamente en cómo garantizar el retiro de los trabajadores o apoyar a los adultos mayores. También exige resolver cómo sostener ambas responsabilidades sin reducir de manera desordenada el margen de maniobra de las finanzas públicas.
Por Funds Society, México
Por Carlos Ruiz de Antequera