En un contexto de crisis económica, social y medioambiental, implementar medidas que logren hacer del planeta un lugar más sostenible y justo resultan prioritarias para los países desarrollados y especialmente los emergentes. El sector financiero está preparado para agilizar la transición hacia un mundo más verde e inclusivo gracias a la financiación sostenible y a la extensión de soluciones financieras y digitales, aunque también necesita incentivos. Con marcadas diferencias según regiones, especialmente en el caso de América Latina, las inversiones en sostenibilidad serán clave. Estas son algunas de las conclusiones del seminario «Políticas para el cambio climático en Europa y Latinoamérica ¿es posible la colaboración?», organizado por BBVA y el Real Instituto Elcano.
Expertos internacionales en transición energética y clima de la Comisión Europea, OCDE, ONU, BID, WWF y del mundo académico han debatido sobre la implementación de políticas que contribuyan a impulsar la sostenibilidad en América Latina, y han coincidido en la necesaria colaboración con Europa, referente por la puesta en marcha de planes como el Pacto Verde Europeo para alcanzar la neutralidad climática.
El seminario, organizado en dos mesas, una centrada en la UE y la otra en América Latina, ha sido presentado por John Rutherford, responsable de Asuntos Públicos de BBVA, y ha contado con la participación de responsables del área de Sostenibilidad de BBVA. Antonio Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA, ha destacado que el cambio requiere de financiación pública y privada que vaya más allá de financiar actividades netamente sostenibles, “se trata de ayudar a toda la economía hacia la transición”, ha manifestado. “El sector financiero privado va a estar en condiciones de acelerar la agenda de la transición a pesar de la crisis y la guerra. Está preparado para realizar la movilización ingente que necesitamos”, ha afirmado.
El investigador del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, Mauricio Cárdenas, ha manifestado que América Latina ha emitido alrededor de tres billones de toneladas de dióxido de carbono en el año 2020 y que si no se hace nada, esta cifra subirá a cuatro billones, algo que supone un aumento “muy considerable” de casi un 33 %. Según Cárdenas, los países latinoamericanos han sido “muy activos” en promover retos y metas “bastante ambiciosas” para reducir las emisiones.
En esta primera mesa, también ha participado la consejera económica de la Representación en España de la Comisión Europea, María Canal, que ha declarado que la Comisión Europea ha aprobado el reparto de 193.700 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para los veinticuatro Estados miembros a los que ya se han evaluado de forma positiva sus planes nacionales.
Por su parte, Rodolfo Lacy, director de Acción Climática y Medioambiente para América Latina de la OCDE, ha apelado a la necesidad de que la Unión Europea “ayude a crear proyectos para poder cambiar la ecuación de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe a favor de un desarrollo más sostenible que incremente el bienestar de las personas”.
En el segundo panel, el director de Transición a la Sostenibilidad de BBVA, Ricardo Laiseca ha hablado del que “probablemente sea el ejercicio de planificación económica más importante de la historia”, y ha recomendado que se mire a Europa en términos de regulación, además de hacer una llamada al multilateralismo para revisar los instrumentos financieros. “Llevamos muchos años trabajando con estos instrumentos y hay que analizar cómo podemos adaptarlos para que tengan un impacto mayor en esta transformación que requiere de enormes recursos financieros”. Un cambio para el que también son importantes los incentivos como los mercados voluntarios de carbono, fundamentales a la hora de “canalizar fondos para otras regiones del planeta”, ha señalado.
En esta carrera a contrarreloj contra el cambio climático, Ricardo Laiseca también apuesta por la búsqueda de nuevos modelos energéticos más eficientes, en los que la innovación juegue un papel fundamental, así como el “desarrollo de nuevas soluciones digitales que promuevan la inclusión financiera y sean uno de los motores claves de la transformación sostenible”.
Por su parte, Lara Lázaro, investigadora principal del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, que ha moderado las mesas, ha manifestado que en Europa y América Latina “tenemos una preocupación compartida” por el cambio climático. “Hemos apostado por un modelo económico descarbonizado. Necesitamos aceptación social y sabemos que la financiación climática es insuficiente. Tenemos a nivel internacional en torno a 630.000 millones de dólares de financiación climática, pero necesitaremos avanzar hasta los billones”, ha destacado.
La tecnología, el uso de la tierra y la biodiversidad, grandes retos de América Latina
Las regiones emergentes como América Latina, además de financiación, requieren de medidas que les permitan transformarse e impulsar la descarbonización. La creación de sinergias con Europa para generar riqueza y empleo mediante el desarrollo de la industria tecnológica, se une a la financiación de proyectos que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generados por uno de sus principales sectores: la agricultura.
El mantenimiento de la biodiversidad a la vez que se genera riqueza y empleo en torno a ella, es otro de los retos de la región. Un ámbito en el que las comunidades indígenas de los países amazónicos juegan un papel importante como cocreadores de los recursos. Según el gerente de Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, Juan Pablo Bonilla, “las organizaciones indígenas nos están ayudando ya a construir un programa de bioeconomía, ellos quieren ser parte de la solución desde el principio”.
Lennys Rivera, técnico de Transición Energética del Programa Clima y Energía de WWF España, ha destacado el concepto de transición justa como instrumento para avanzar en la descarbonización. “Es otra área de cooperación. Ha sido un clamor de la sociedad civil el que la transición justa forme parte de los procesos de recuperación económica”.