Puerto Rico transita desde hace meses por una cuerda floja que se vuelve cada vez más fina. El país, con 70.000 millones de dólares de deuda a sus espaldas, ha vuelto a sortear ‘in extremis’ el impago. El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) anunció esta mismo mañana que pagará los intereses y el principal de un bono que asciende a 354 millones de dólares.
“Los pagos del servicio de la deuda de hoy reflejan nuestro compromiso de honrar nuestras obligaciones a pesar de los desafíos fiscales extremos que enfrentamos, en un esfuerzo para facilitar un proceso de reestructuración voluntaria con nuestros acreedores”, expresó por escrito Melba Acosta Febo, en una intervención que fue recogida por varios medios de la isla.
Para poder cumplir con este vencimiento, Puerto Rico activó por primera vez en su historia, la cláusula constitucional de retención de ingresos (“clawback”) para pagar su deuda. Este mecanismo implica que en ausencia de ingresos suficientes, el Gobierno central podrá acudir a las arcas de varios organismos estatales como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC), entre otras, y tomar ese dinero para pagar a bonistas, explicó el diario El Nuevo Día en su versión digital.
Actualmente las autoridades públicas de Puerto Rico no pueden acogerse a las leyes del Capítulo 9 de bancarrota como pueden hacer otras entidades en el resto de Estados Unidos, siendo su única opción la renegociación de deuda con los acreedores. Esta normativa ha servido, por ejemplo, a ciudades como Detroit en la reestructuración de su deuda municipal.
La administración Obama ya ha solicitado al Congreso que apruebe una ley que permita a la isla acogerse a este capítulo, pero los republicanos que controlan ambas cámaras, creen que el gobierno puertorriqueño no está haciendo lo suficiente en términos de austeridad y exigen la implantación de un paquete de medidas que acompañen las ayudas a la isla.