Factores como la guerra de Ucrania, la crisis energética europea, el ESG backlash en EE.UU., el tsunami regulatorio de acrónimos en materia ESG, la iniciativa Net Zero o las elecciones legislativas han sido determinantes en el año 2022. Con el objetivo de identificar las principales tendencias en materia de inversión socialmente responsable, así como de anunciar la hoja de ruta para las empresas desde el punto de vista estratégico, el Club de Excelencia en Sostenibilidad, en colaboración con el IE, Endesa y Georgeson, ha organizado la octava edición del Observatorio de Inversión ESG.
La sostenibilidad se encuentra en la agenda política, regulatoria y la agenda de los inversores. Las tendencias y demandas en ESG, confirma María Malaxechevarría, directora de sostenibilidad Endesa, se encuentran en un “momento dulce”.
“Se comienza a ver un acceso de financiación más favorable”, añade. La exigencia regulatoria cada vez es mayor. La Directiva CSRD, la taxonomía europea, que marca una referencia a los inversores para saber qué actividades son sostenibles y cuáles no, y el reglamento de finanzas son algunos de los factores que enmarcan esta regulación tan compleja. El objetivo principal es la homogeneización de la información de sostenibilidad para equipararse a la información financiera y evitar el greenwashing con el fin de que los fondos puedan destinarse a este cambio de modelo más sostenible.
Desde Endesa, tal y como señala Malaxechevarría, “nuestro plan industrial está alineado con el objetivo de la ciencia, del grado y medio. Nuestra hoja de ruta está orientada a la descarbonización y aspiramos a convertirnos en una empresa 100% renovable en 2040. Además, añade, “estamos alineados en más de un 80% con la taxonomía europea”.
De acuerdo al estudio realizado por Georgeson del top 50 de inversores institucionales que incluyen criterios ESG, cabe destacar que se ha registrado un descenso de 6 puntos debido a la entrada de los fondos soberanos. Además, los temas de transparencia fiscal, que en 2019 tenían una posición relevante, este año han bajado, pasando de 22 inversores a 10.
El cambio climático y la transición energética son los asuntos principales en el marco ESG. Sin embargo, temas referentes a los sistemas de medición del impacto social, innovación y la ética de la conducta interna están presentes en las políticas de voto.
El accountability como nuevo ámbito de escrutinio
El nuevo ámbito de escrutinio viene determinado por el accountability. El accountability es la rendición de cuentas, que llevado a contexto del Consejo de Administración, es la obligación de los consejeros de explicar, justificar y asumir la responsabilidad de sus actos en el marco de sus funciones. Según explica Eva Martí Serra, Corporate Governance Manager de Georgeson, “el accountability está impactando en las empresas españolas cotizadas”. Esto ha supuesto un impacto del accountability en el nivel de apoyo de los consejeros.
En el caso de los proxy advisors, el accountability se aborda por dos razones principales: la falta de gestión o gobernanza adecuada o bien por no abordar un nivel de disidencia elevado en JGAs anteriores.
En cuanto a los inversores, se ha observado una mayor concienciación de acuerdo a la inclusión del accountability para la alineación de los estándares de mercado o para dar respuesta ante un elevado nivel de disidencia.
Taxonomía verde y Directiva CSRD
En su intervención, Eva Muro, Sustainability Planning and Stakeholders Engagement de Endesa, ha abordado las últimas tendencias de taxonomía y reporting de la Directiva CSRD y escenarios ESRS.
Asimismo, herramientas como la reorientación del capital hacia actividades sostenibles, la promoción de la mejora de los riesgos financieros y el fomento de la transparencia para evitar el greenwashing están destinadas a apoyar el Plan de Finanzas Sostenibles.
“La aplicación de la Directiva CSRD y estándares ESRS va a tener un efecto muy positivo. Esto no sólo supone un gran reto de adaptación para las empresas, sino que también es un reto de gestión de empresa, con el fin de equiparar a la información financiera”, señala Muro.
La aplicación última de la Directiva CSRD dependerá de su transposición a la legislación nacional de los países de la UE. Una mayor comparabilidad y consistencia internacional de la información de sostenibilidad beneficiará tanto a los usuarios como a los preparadores de los informes de sostenibilidad. La directiva CSRD afecta a las empresas de la UE, empresas extracomunitarias y exención para filiales dentro de un grupo.
Las obligaciones se hacen efectivas del siguiente modo. Las empresas que ya estaban sujetas a la Directiva de Información no financiera empezarán a publicarla en el año 2025, con respecto a sus datos de 2024. El resto de empresas que aún no publicaban la información tendrán hasta 2026, año en el que publicarán su información de 2025. Las pymes cotizadas empezarán a publicar la información relativa a los datos 2026 en el año 2027 con la posibilidad de retrasar esta publicación hasta 2028. Asimismo, señalar que las pymes tendrán unos estándares específicos. Las empresas de los terceros países publicarán su informe en el año 2029.
Del mismo modo, las empresas deberán realizar un análisis de doble materialidad para determinar qué asuntos son relevantes y, por tanto, cuáles deberán publicar en su informe de sostenibilidad. En primer lugar, los impactos de la empresa en la sociedad y el medio ambiente y, por otro lado, los riesgos y oportunidades para la empresa de los asuntos de sostenibilidad. “El reto está en la proporción de la información de las empresas en toda su cadena de valor y no sólo sobre sus operaciones propias”, aclara Muro.
Respecto a los estándares ESRS, suponen una estandarización del reporting para todas las empresas, independientemente de su sector.
Además, la Comisión Europea está preparando otra serie de estándares específicos para los diferentes sectores, para las pymes y para empresas de terceros países. Se espera que estos tres grupos de estándares estén listos en junio de 2024. Según estos estándares, las empresas tienen la obligación de reportar su información de acuerdo a cuatro pilares: gobernanza, estrategia, gestión de impactos, riesgos y oportunidades y los objetivos y métricas. Esto permitirá una mayor alineación con otros estándares internacionales.
La aplicación de la Directiva y los estándares va a tener un efecto muy positivo. “Va a incrementar la calidad, la consistencia y la comparabilidad de la información”, apunta Muro.
Asimismo, esto permite proporcionar información relevante a los stakeholders, entre los que se encuentran los inversores para la toma de decisiones. Por último, va a permitir cumplir el objetivo de incentivar las inversiones y la transición hacia una economía sostenible en línea con el Pacto Verde Europeo.
Impacto de la comunicación y del ESG en las cotizaciones de las compañías
El impacto de la comunicación en la cotización de la empresa ha sido el bloque abordado por Pablo Zamorano, Senior Partner de Kreab. En lo referente a empresas cotizadas y comunicación señalan desde Kreab que el 50% del valor reside en intangibles y que la visibilidad de la compañía se incrementa un 60% si hay comunicación.
Asimismo, el 85% de los inversores considera ESG como criterio fundamental. Además, el 62% de los clientes está dispuesto a cambiar sus hábitos de compra en productos ESG.
Novedades regulatorias en el ámbito de reporte de sostenibilidad
Raquel San Jaime Carrasco, responsable de sostenibilidad del Instituto Censores Jurados de Cuentas de España, explica la situación de España en cuestión de regulación.
Ésta sigue la siguiente cronología: en enero de 2023 se lleva a cabo la transposición de la Directiva como Ley de Información de Sostenibilidad. Más tarde, concretamente del 17 de febrero al 4 de marzo, se produce un trámite de consulta pública sobre el anteproyecto de LIS.
El nuevo período de consulta pública (del 5 al 25 de mayo) conlleva un trámite de audiencia e información pública sobre el APL por la que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (LIC). Asimismo, el 29 de mayo se anunció el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. El escenario actual supone la transposición, antes del 6 de julio de 2024, del Artículo 5 CSRD.
“Creemos que el anteproyecto de Ley seguirá adelante porque es una norma de carácter muy técnico, aunque no nos podemos adelantar”, concluye San Jaime.
Por Funds Society, Madrid