Desde el estallido de la crisis financiera en 2008, los legisladores y supervisores del mundo occidental han puesto en marcha la maquinaria pesada de la regulación para tratar de crear un marco en el que se haga muy difícil repetir los errores del pasado. En Europa, nuevas directivas de UCITS, de productos alternativos (AIFMD), derivados (EMIR), productos de inversión de largo plazo (ELTIF), productos destinados a inversores minoristas (PRIPS), normas de asesoramiento (MiFID o ADR en Reino Unido) o tasas sobre las transacciones financieras (FTT) se han aprobado o están en la agenda más inmediata, mientras de Estados Unidos han salido nuevas exigencias como FATCA.

Los expertos hablan de la necesidad de que exista un marco que proteja al inversor, cree un terreno de juego uniforme y ayude a incrementar los niveles de transparencia adecuados para recuperar la confianza de los clientes. Pero tampoco olvidan sus demonios y advierten de los riesgos de una sobrerregulación que dañe la industria, se focalice en exceso en los fondos de inversión, adopte una perspectiva errónea, genere costes extra para el inversor minorista o incluso sea un obstáculo para el ahorro.

 “He crecido con la regulación. La gestión de activos siempre ha estado regulada y me parece bien que aumente siempre que esté diseñada para proteger al inversor”, dice Massimo Tosato, chief executive de Schroder Investment Management en Londres, en el marco de una reciente conferencia en Luxemburgo organizada por la asociación de la industria, ALFI, pero se muestra preocupado  ante una injusta extensión de la normativa y la adopción de una perspectiva errónea. “La industria de gestión de activos no ha originado la crisis pero los reguladores pretenden extender el ámbito de aplicación de la nueva normativa de forma global y no estoy de acuerdo”, explica. Además, asegura que el trabajo de los reguladores debería consistir en la optimización de los riesgos, no en su reducción: “El riesgo es nuestro negocio”, apostilla.

Y también debería consistir en la construcción de un terreno de juego nivelado para todos, lo que supondría una oportunidad para recuperar la confianza de los clientes. En este contexto, Tosato defiende un sistema transparente, con arquitectura abierta y con competencia, para cuyo logro considera clave el desarrollo de la normativa sobre los PRIPS -que regulará los productos destinados al inversor minorista, haciendo extensible la mayor transparencia que se exige a los fondos, con documentos como el folleto de información simplificado, a otros productos como los depósitos, fondos de pensiones o los seguros-. “No importa con qué productos se logre pero lo que importa al inversor es el resultado. La ventaja de los fondos es que son fácilmente comprensibles, simples y transparentes, algo que no cumplen todos los productos”, apostilla.

Coincide con él Guillaume Prache, director de la Federación Europea de consumidores de Servicios Financieros de Bruselas, que apuesta por una regulación  ambiciosa en la normativa PRIPS. “Las autoridades no deben ser tímidas, han de ser ambiciosas y crear un terreno de juego nivelado”, dice, pues considera que se focalizan en exceso en los fondos UCITS cuando solo suponen una quinta parte de los productos de inversión para minoristas.

El experto advierte también de que la regulación se traduzca en un aumento de costes para el inversor minorista. “Pagarán el precio de una excesiva legislación”, dice. Y algunos incluso temen que acabe siendo un obstáculo para el ahorro y la inversión, pues normativas como la británica, que obliga al cliente a pagar por el servicio de asesoramiento y prohíbe las retrocesiones, podría tener efectos perversos, tanto si los ciudadanos no pueden permitirse asesorarse y por tanto no invierten como si deciden invertir por su cuenta.

Perderse en los detalles

Y es que expertos inciden en la necesidad de que la regulación ayude a la industria en lugar de generar efectos negativos. De hecho, varios participantes en la conferencia de ALFI coincidieron en  el riesgo de la sobrerregulación. “A veces los detalles hacen olvidar los objetivos principales y a veces también la regulación avanza demasiado rápido”, reconocía Jean Guill, director general del supervisor luxemburgués, la CSSF. Edouard Vieillefond, desde el supervisor francés, también coincidía en el peligro de generar “demasiadas normas y demasiado detalladas”, así como en el riesgo de que los políticos y reguladores sean tan pro-cíclicos como ha sido hasta ahora la industria financiera.

Ambos hablaron también de un cambio, motivado por la crisis financiera, en el alcance del ámbito de cobertura de los supervisores, “desde la macroeconomía y los riesgos sistémicos hacia una perspectiva más holística que incluye a todos los actores”, y de la extensión territorial del ámbito de aplicación de la nueva normativa hacia un entorno europeo y global. “No hay vuelta atrás porque correríamos el riesgo de generar un terreno de juego desigual”, apostillaba Vieillefond.

Lina Medeiros, presidenta de MFS International en Londres, ve un problema de incertidumbre a la hora de aplicar los cambios regulatorios. Aunque asegura que la industria camina en la misma dirección, habla de un problema de consistencia y de visibilidad. “Las gestoras se enfrentan con una mayor complejidad a la hora a la hora de gestionar su negocio y necesitan que exista una mayor consistencia en la nueva legislación”, apostilla.