El Senado mexicano aprobó este lunes y por lo general la reforma energética que PRI, el partido gobernante, y el Partido de Acción Nacional (PAN), principal partido de la oposición, han sacado adelante por 24 votos a favor y 9 en contra. La reforma, impulsada por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto abre la puerta al capital privado a la explotación de hidrocarburos, lo que ha generado una enorme polémica en el país.
Con 24 votos a favor y nueve en contra, las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senador sumaron fuerzas para aprobar la reforma después de semanas de intensos debates y los intentos este mismo lunes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por frenar el debate desde el comienzo de la sesión. Después de la 1:00 am de este martes, se aprobaba por mayoría un acuerdo de las mesas directivas de las comisiones unidas, para acelerar el proceso legislativo y resolver los puntos faltantes directamente en el pleno del Senado.
La reforma podría ser votada por el pleno este mismo martes, una vez que se discutan los artículos reservados en lo particular tras la oposición de senadores de izquierdas que se oponen la medida al entender que se busca privatizar la industria petrolera. En lo particular, senadores de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo presentaron 205 reservas para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna y los 21 transitorios que integran el dictamen, así como para sumar cuatro artículos transitorios a la propuesta, tal y como informó el Senado.
Previamente, al inicio de la sesión del lunes y en nombre del PRD, principal partido opositor de izquierdas, la senadora Dolores Padierna Luna presentó una solicitud de moción suspensiva para que antes de la votación de la reforma energética se realice una consulta popular, a fin de decidir democráticamente “el futuro del país” y el destino del recurso no renovable “más importante de nuestra nación en todas las épocas”.
La legisladora hizo un llamamiento “a la responsabilidad con el país” para “no atropellar los derechos de los ciudadanos y a no quitarle el derecho a las próximas generaciones de tener un recurso para salir del subdesarrollo”, por lo que consideró indispensable que el contenido del documento se conozca por la totalidad de la sociedad.
Sin embargo, por mayoría de votos, la petición no fue aceptada y fue decretado un receso por las comisiones.
El pasado fin de semana, el gobernante partido del PRI y el PAN presentaron un borrador a la reforma energética, un borrador mucho más agresivo que la propuesta presentada hace unos meses por el PRI y que además se parece más a la propuesta del PAN, que permitirá al Gobierno conceder contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, además de que ofrece la posibilidad de otorgar contratos de utilidad y producción compartida al sector privado.
ENTRADA DE LA INVERSION PRIVADA
En este sentido, Joao Pedro Bumacher, economista de Itaú, cree que la iniciativa será bien recibida por el mercado. De acuerdo con el proyecto de ley, la refinanciación del petróleo, la electricidad y el procesamiento de gas natural pierden su condición de “estratégicos”, lo que permitirá la entrada de la inversión privada. La exploración y producción de petróleo podrán recibir inversión privada a través de contratos con el Gobierno mexicano.
Aparte de los acuerdos de reparto de utilidades –pilar fundamental del marco propuesto anteriormente por el PRI- los contratos de reparto de producción también serán posibles, por lo que las empresas privadas podrán recibir pagos tanto en efectivo como en especies.
Aunque la prohibición constitucional de las concesiones para la exploración y producción de petróleo continuará, el Estado podrá ofrecer “licencias” a empresas privadas, lo que en un principio parece muy similar a las concesiones, lo que significa que la prohibición de las concesiones no será una realidad, explicó el experto de Itaú.
De aprobarse el proyecto de ley, se creará un fondo de petróleo soberano para manejar las ganancias petroleras, cuya supervisión correrá a cargo del banco central de México.
Bajo la propuesta, las empresas privadas no podrán contabilizar el petróleo como reservas porque éste continuará siendo propiedad del estado mexicano, aunque sí será posible que las empresas registren en sus libros el ingreso previsto de sus inversiones en México.
Una vez aprobada en el Senado, la propuesta se dirige al Congreso, donde podrá ser aprobada antes del día 15, el último día de la presente sesión ordinaria del Congreso. El PRI y el PAN juntos tienen los suficientes escaños para cambiar la constitución.
Debido a que el proyecto de ley cambia la constitución, las legislaturas estatales necesitarán también aprobar el proyecto antes de que el presidente Peña Nieto estampe su firma. Una legislación secundaria para regular los contratos será debatida y aprobada en el Congreso en el primer trimestre de 2014.
Desde 1938, año en que fue nacionalizada la industria petrolera en México, la exploración y producción de hidrocarburos ha estado en exclusiva en manos de la estatal Pemex.
Por Funds Society, México
Por Fórmate a Fondo