El 6 de octubre de 2026, el Ministerio de Hacienda de Colombia expidió el Decreto 1490 de 2026, que deroga el límite agregado del 30 % a las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias. El tope, introducido por el Decreto 0369 apenas seis meses antes, preveía bajar la asignación internacional al 35 % en tres años y al 30 % en cinco, y destinar entretanto los nuevos aportes a activos locales. A finales de julio, los fondos administraban COP 557 billones (unos US$172,000 millones), con el 44.5 % en el exterior: llegar al 30 % habría exigido repatriar cerca de US$25,000 millones.
La derogación llegó acompañada de un memorando técnico del propio ministerio que modeló la frontera eficiente de los fondos. Según ese análisis, un portafolio sin restricciones mantendría alrededor del 41 % en el exterior, con un rendimiento esperado del 6.80 % y un riesgo del 9.88 %; con el tope del 30 %, el rendimiento bajaría al 6.26 % y el riesgo subiría al 10 %. En la práctica, un gobierno publicó el costo de su propia política anterior. A 30 años, la diferencia equivale a cerca de un 16 % del patrimonio final del ahorrador.
Este artículo plantea tres ideas. Primero, el riesgo regulatorio va en ambas direcciones y no desaparece. Segundo, para los gestores globales, el margen que abren los límites más flexibles es real, pero menor y más lento de lo que sugieren los titulares. Tercero, para los asesores patrimoniales, este debate da marco a una pregunta que también se hacen sus clientes: qué parte del ahorro de una familia latinoamericana debe estar fuera de su mercado local, y a través de qué vehículos.
Seis meses de tope
El sistema colombiano de ahorro individual (RAIS), gestionado por cuatro administradoras, ya tenía límites de inversión en el exterior por tipo de fondo, de entre el 40 % y el 70 %. El Decreto 0369 sumó un límite agregado del 30 %, que fue impugnado ante el Consejo de Estado a los cuatro días. Tras el cambio de gobierno en agosto, ninguna administradora había presentado su plan de ajuste cuando el ministerio publicó el borrador de derogación.
Dos detalles se repiten en toda la región. El primero: el tope nunca llegó a ser vinculante. Entre marzo y julio, la participación en el exterior bajó del 48.4 % al 44.5 % sin que se vendiera ningún activo, solo por la apreciación del peso, porque un límite en moneda local se mueve con el tipo de cambio. El segundo: la misma facultad que permite imponer un tope por decreto permite eliminarlo igual de rápido.
La aritmética de un límite
El tope reducía el rendimiento esperado en 54 puntos básicos anuales y aumentaba ligeramente la volatilidad: la señal típica de una restricción que saca de la frontera eficiente un activo diversificador. La dirección coincide con la investigación sobre el sesgo local (home bias): ese costo lo paga el afiliado, no el regulador.
El óptimo del modelo (41.48 %) estaba por debajo de la exposición real de los fondos, así que la derogación devuelve libertad, pero no implica por sí sola una nueva ola de salidas. Y el argumento a favor de la inversión local no es frívolo: los fondos suelen ser los únicos inversionistas con escala y horizonte para financiar infraestructura y deuda de largo plazo. La cuestión es si un techo rígido es el instrumento adecuado.
Cuatro regímenes, cuatro direcciones
Perú: el límite legal subió al 80 %, pero el límite operativo que fija el BCRP solo pasó del 50 % al 51 %, frente a una exposición real del 46.9 %. Tras la reforma de 2011, el límite operativo tardó siete años en alcanzar el legal. Además, siete retiros extraordinarios han reducido la base de activos.
Chile: desde abril de 2027, diez fondos generacionales sustituyen a los multifondos, con límites a activos alternativos de entre el 25 % y el 5 % según la edad, hasta un 80 % en el exterior, un máximo del 3 % por gestor y bandas de desempeño frente a un benchmark.
México: las Afores mantienen el límite del 20 % en valores extranjeros, aunque se elevó el techo para alternativos, a los que acceden a través de CKD y CERPI.
Brasil: los fondos de pensiones cerrados tienen un límite cercano al 10 % en activos externos.
Implicaciones para los gestores globales
- Margen real, pero En Perú, la capacidad teórica ronda los US$1,300 millones; en Chile, el margen llegará gradualmente hasta 2031.
- Cambia la demanda: la pregunta pasa de «cuánto en el exterior» a «qué tipo de alternativos», con muchos compromisos moderados en lugar de pocos tickets.
- Efecto benchmark: la valuación de los activos ilíquidos y la exposición en pesos sin cobertura serán preguntas centrales.
- Calendario: las añadas (vintages) que más se beneficiarán son las de 2027 y 2028.
Implicaciones para asesores y patrimonio privado
El memorando colombiano ofrece a los asesores una ilustración oficial del costo del sesgo local, útil como material didáctico si se usa con cautela. Cuando los sistemas de pensiones se restringen o pierden confianza, como en Perú con los retiros o en Colombia con la reforma de 2024, la responsabilidad del ahorro diversificado se traslada a los hogares.
Los clientes privados acceden a los mismos gestores mediante plataformas de inversión alternativa con fondos feeder, o mediante notas respaldadas por activos emitidas por un vehículo de propósito especial, con ISIN y liquidación en Euroclear y Clearstream. LYNK Markets trabaja con esta arquitectura a través de sus Private ETNs, emitidos desde Irlanda.
Además, las familias no están sujetas a los límites de los fondos de pensiones, y la penetración de los mercados privados en el canal patrimonial latinoamericano ronda el 2 %, frente a cerca del 30 % en los single-family offices de la región. La lección chilena es aplicable: vincular la asignación y la liquidez de cada vehículo al horizonte y las necesidades de la familia. Nada de esto constituye una recomendación de inversión.
Conclusión
El tope colombiano duró seis meses: se impuso por decreto, se impugnó en los tribunales, los propios técnicos del ministerio lo refutaron y se derogó por decreto. Nunca llegó a ser vinculante porque la divisa se movió antes. Para los gestores, la lección es que el riesgo regulatorio va en ambas direcciones y que la capacidad real llegará de forma gradual. Para los asesores, un gobierno le ha puesto cifra al costo de la respuesta equivocada, y las familias a las que asesoran tienen libertad para actuar en consecuencia.
Ante cualquier límite de asignación, conviene preguntarse: ¿cuánto cuesta y quién lo paga?
Tribuna de opinión de Juan Agualimpia, Chief Marketing Officer en LYNK Markets
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