En su respuesta a la consulta pública y solicitud de evidencias de la Comisión Europea sobre la Directiva relativa a los Derechos de los Accionistas (SRD), la Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (Efama) pide una revisión específica para eliminar las barreras prácticas a la participación de los accionistas, y advierte de que cambios generales en la normativa vigente podrían dificultar el ejercicio de estos derechos.
Mejorar la participación accionarial es un paso necesario para fomentar el compromiso de los inversores y avanzar en los objetivos de la Unión Europea de Ahorro e Inversión. Para lograrlo, Efama expone varias prioridades clave:
- Armonizar los plazos de las juntas generales y la documentación de las reuniones: la Comisión debe armonizar las fechas límite legales y acercar tanto los plazos legales como los operativos de los custodios a la fecha de la reunión. El actual periodo de preaviso de 21 días se ve habitualmente desvirtuado porque los custodios exigen instrucciones de voto entre dos y tres semanas antes de la junta general de accionistas, en ocasiones incluso antes de que toda la documentación haya sido publicada. Los materiales de la reunión, incluidas las biografías de los consejeros, los detalles de las propuestas y las cuentas, deben estar disponibles con suficiente antelación. Los votantes también necesitan la digitalización de los requisitos de poderes de representación y que el voto dividido sea viable en todos los Estados miembros.
- Garantizar la confirmación integral del voto: los accionistas deben recibir una confirmación automática de que sus votos han sido emitidos, registrados y contabilizados correctamente por la compañía, y no solo transmitidos al siguiente intermediario. Las notificaciones de rechazo deben emitirse sin demora para que los accionistas puedan corregir errores antes de que expiren los plazos. También es esencial una mayor transparencia sobre los resultados de las reuniones, incluyendo recuentos detallados de votos y la incorporación de los intercambios de preguntas y respuestas en las actas de las juntas generales.
- Establecer salvaguardas para todos los formatos de juntas generales: la revisión de la SRD debe introducir salvaguardas claras a nivel europeo que garanticen el derecho a intervenir y presentar preguntas, independientemente del formato de la reunión. Desde la perspectiva de las gestoras de activos, el formato híbrido es el más adecuado, ya que permite a los accionistas elegir entre participar de forma online o presencial.
- Preservar los informes de implicación accionarial: el actual marco de “cumplir o explicar” que regula los informes anuales de implicación de las gestoras funciona correctamente y debe mantenerse. La gestión responsable no responde a una estrategia única: los enfoques de implicación varían significativamente según la clase de activo, el mandato de inversión, las expectativas de los clientes y la naturaleza de la empresa con la que se interactúa. La flexibilidad que ofrece este marco permite a las gestoras adaptar sus informes para reflejar de forma significativa esas diferencias. Una alternativa prescriptiva y basada estrictamente en normas podría reducir la calidad y relevancia de dichos informes.
- Proteger el “say on pay”: el marco de remuneración de la SRD ha aportado mejoras medibles en la responsabilidad de los consejos de administración, el diálogo entre compañías e inversores y la creación de valor a largo plazo. Efama se opone firmemente a cualquier debilitamiento de las actuales disposiciones de “say on pay” que pudiera afectar directamente a la evaluación y el atractivo de las compañías.
En opinión de Ilia Bekou, asesor de políticas regulatorias de Efama, «la revisión de la SRD es una oportunidad para que los derechos de los accionistas funcionen mejor en la práctica y para ajustar los obstáculos existentes. Instamos a la Comisión a centrarse en mejoras específicas que generen resultados reales para los inversores y refuercen la confianza en los mercados de capitales europeos. La gestión responsable busca crear valor a largo plazo, y eso requiere un marco en el que la participación en las juntas generales sea práctica, los votos sean trazables y las normas de implicación sean predecibles”.



Por Beatriz Zúñiga