Ya han pasado más de tres meses desde la detención del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y el mercado internacionales mantiene una expectativa cautelosamente optimista respecto a la economía del país. Sin embargo, la restructuración de la deuda nacional, una de las variables clave de cara a los inversionistas internacionales, todavía tiene una serie de desafíos por delante, según detalla un análisis reciente de S&P Global Ratings.
Este cauto entusiasmo está respaldado por un plan estadounidense de tres etapas: estabilización, recuperación económica y transición democrática. “En poco tiempo, se ha promulgado legislación clave destinada a revitalizar el sector petrolero, se está produciendo una reorganización política liderada por la presidenta Delcy Rodríguez, y algunos inversores privados internacionales han destacado atractivas oportunidades de inversión”, indicó la clasificadora de riesgo en su informe.
Para el mercado globa, la restructuración de la deuda será una parte importante de una normalización económica más amplia y es un proceso que “requiere un mínimo de estabilidad en variables macroeconómicas clave”, según la firma. Así, las negociaciones “deberán tener en cuenta los ajustes monetarios, complicados por distorsiones arraigadas como los múltiples tipos de cambio y los ajustes fiscales, al tiempo que se establece una gobernabilidad creíble”.
Y una vez que comience este proceso de normalización, hay una variedad de obstáculos por superar, según S&P.
Para la agencia calificadora, uno de los principales desafíos es generar un plan económico creíble para la restructuración de la deuda, “estrechamente vinculado a las expectativas de recuperación de la producción petrolera del país y respaldado por políticas fiscales y monetarias sólidas”.
El sector petrolero en el país aspira a aumenta la producción a 1,5 millones de barriles diarios para finales de 2027 y a 4 millones de barriles diarios para finales de 2035. Sin embargo, en S&P estiman que es más probable que el país logre aumentar la producción entre 500.000 y 700.000 barriles diarios en los próximos dos o tres años, alcanzando un potencial de 2,5 millones o 3 millones de barriles en una década.
Los desafíos legales para el proceso
La firma también identificó un riesgo de holdout, ya que Venezuela “se enfrenta a un mayor riesgo de que algunos acreedores se nieguen a aceptar el acuerdo en la reestructuración de su deuda soberana debido a las limitadas cláusulas de acción colectiva (CAC) en la estructura de sus bonos, lo que podría obstaculizar un acuerdo amplio entre los acreedores”.
Según un documento publicado por el bufete de abogados internacional Cleary Gottlieb, que ha trabajado en numerosas reestructuraciones de deuda soberana, dos de los 16 bonos en circulación de Venezuela no tienen ningún tipo de CAC, y la mayoría de los demás carecen de CAC agregadas, incluidas algunas con altos umbrales de votación, lo que significa que una mayor proporción de acreedores debe estar de acuerdo para cambiar términos clave. Esto contrasta con las recientes reestructuraciones soberanas en Sri Lanka, Ghana y Zambia, recalcan desde la clasificadora de riesgo.
En esa línea, en la firma también ven un componente de riesgo de litigio para el proceso. En este caso, estos riesgos se ven especialmente altos, debido a que los bonos cuasi soberanos, como los de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no incluyen ningún CAC, lo que aumenta los riesgos para los disidentes y posibles litigios.
“Ha habido otras resoluciones judiciales, en particular el caso Crystallex/CITGO derivado de la rescisión por parte del gobierno venezolano de su contrato de explotación minera, que trató a PDVSA como el alter ego del soberano, abriendo la posibilidad de que los tenedores de bonos de otras emisiones, así como los demandantes en arbitrajes, intenten apoderarse de los activos de PDVSA ubicados en Estados Unidos. Existen aproximadamente 12 demandas de arbitraje que se han resuelto a favor de los demandantes (incluida Crystallex), por un total de más de 16.000 millones de dólares”, indicaron en su reporte.
La deuda y los acreedores
Otro obstáculo que el gigante petróleo tiene pendiente está relacionado con la magnitud y la composición de su deuda. La “considerable carga de deuda externa de Venezuela” –estimada entre 150.000 millones y 200.000 millones de dólares, entre obligaciones soberanas y cuasi soberanas– “representa un desafío clave para la reestructuración”, según resaltan desde S&P Global Ratings. “Este total, que incluye los bonos internacionales en circulación emitidos por el Estado y PDVSA, así como los intereses vencidos acumulados, supera el volumen de la mayoría de las reestructuraciones de deuda soberana recientes, pero es comparable a la reestructuración externa de Argentina de 2020”, acotan.
Es más alcance total de la deuda sigue siendo incierto, en particular las reclamaciones comerciales, como las que se adeudan a los proveedores de PDVSA y la deuda bilateral contraída con China y Rusia, incluidos los acuerdos respaldados por colateral, acotan.
La misma composición de los acreedores es un elemento peliagudo para el país latinoamericano. “Existe una mayor proporción de inversores no estadounidenses, incluidos especialistas en deuda en condiciones desventajosas, que tienen bonos soberanos y de PDVSA que inversores institucionales con sede en Estados Unidos, especialmente dadas las sanciones estadounidenses impuestas durante años al comercio secundario”, señaló la calificadora en su reporte. Además, el gobierno venezolano y los residentes también tienen una participación en bonos soberanos y de PDVSA.
En casos como el de Sri Lanka, esto llevó a la formación de dos grupos de acreedores distintos para la negociación, acotaron. “La influencia de EE.UU. sobre los ingresos petroleros de Venezuela genera cierta incertidumbre sobre la posible rapidez con que se resuelvan las reclamaciones bilaterales, incluidas las que mantiene con China y Rusia”, explicó S&P.
Por Funds Society
Por Beatriz Zúñiga