La derogación de la Golden Visa en España no ha logrado contener el encarecimiento de la vivienda ni ha corregido las distorsiones del mercado inmobiliario. Los precios han seguido subiendo tras su eliminación, confirmando que este instrumento tenía un impacto marginal en el mercado residencial. Sin embargo, la medida sí ha generado un nuevo problema: un vacío jurídico y administrativo que dificulta la llegada y regularización de inversores legítimos.
“La Golden Visa no era el origen del problema de la vivienda y los datos lo confirman”, explica Juan Carlos Lois, socio de Movilidad Internacional de RSM. “Su eliminación no ha tenido impacto en los precios, pero sí ha creado dificultades prácticas para perfiles inversores que antes tenían un marco claro y previsible”.
Además del permiso vinculado a la inversión inmobiliaria, la derogación cerró otras vías de residencia asociadas a operaciones que nunca habían generado tensión en el mercado, como determinadas inversiones financieras o proyectos de interés general. “Se eliminaron instrumentos que no estaban causando el problema que se pretendía resolver y no se diseñó una alternativa para estos perfiles”, señala Margarita Volkova, manager del departamento de Movilidad Internacional de RSM.
Pese a ello, el interés inversor por España se mantiene. El país sigue siendo atractivo para vivir, invertir y desarrollar proyectos empresariales, pero el cambio normativo ha desplazado a muchos inversores hacia figuras que no fueron pensadas para ellos, como el visado de teletrabajadores internacionales o la residencia no lucrativa. “Esto ha generado una distorsión evidente del sistema migratorio”, apunta Volkova. “Inversores reales, que necesitan desarrollar actividad económica en España, se ven obligados a encajar en permisos que no responden a su realidad profesional”.
A esta disfunción se suma la forma en que se articuló la derogación, con errores técnicos que dejaron sin cobertura supuestos esenciales, como el de menores no nacidos en España. Muchos expedientes fueron trasladados al régimen general, incrementando la carga de trabajo de las Oficinas de Extranjería y dando lugar a criterios desiguales entre territorios. “La falta de homogeneidad administrativa ha añadido incertidumbre a familias que estaban tramitando su residencia de manera regular”, explica Lois.
Aunque la Unidad de Grandes Empresas emitió criterios claros en materia de renovaciones, no ha ocurrido lo mismo en el ámbito consular ni en el Ministerio de Asuntos Exteriores. “Se han dado casos de visados bloqueados pese a existir resoluciones de residencia ya aprobadas, lo que resulta difícil de justificar desde el punto de vista de la seguridad jurídica”, añade Lois.
En la práctica, el espacio que deja la Golden Visa se está cubriendo cada vez más por la figura del visado de teletrabajadores internacionales (Digital Nomad). La tendencia es visible en las cifras de tramitación: un número creciente de perfiles se está reorientando hacia esta vía, no como un “atajo”, sino como una adaptación natural del mercado ante el nuevo marco. En muchos casos, se trata de profesionales internacionales con capacidad económica y proyectos estables que, hace un tiempo, habrían valorado la Golden Visa y que hoy encajan, por estructura laboral y fiscal, en el esquema del teletrabajo. En definitiva, la demanda de residencia no desaparece: se reorganiza, y el sistema la está absorbiendo a través de categorías que hoy ofrecen mayor previsibilidad.
Mientras otros países europeos han reformulado en 2025 sus programas de residencia por inversión, limitando el impacto inmobiliario y orientándolos hacia proyectos estratégicos, España optó por eliminar el sistema sin ofrecer una alternativa. “Un inversor que impulsa proyectos y no es una carga para el Estado necesita un marco propio, claro y transparente”, concluye Volkova. “No necesariamente vinculado a la vivienda, pero sí coherente con la realidad económica del país”.
La eliminación de la Golden Visa no ha resuelto el problema de la vivienda, pero sí ha introducido incertidumbre para quienes desean residir, invertir y contribuir en España. Corregir este vacío, coinciden los expertos, es una necesidad estratégica para reforzar la credibilidad y la coherencia del sistema migratorio.



