Desde la industria europea de fondos se considera que la propuesta de la Comisión Europea de modificar el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR 2.0) es un paso importante hacia la simplificación del marco, al tiempo que mejora la claridad para los inversores. Sin embargo, la Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (Efama, por sus siglas en inglés) advierte de que esta oportunidad puede perderse si no se pone atención a las decisiones técnicas.
“La SFDR 2.0 es una oportunidad real para construir un marco que funcione para los inversores, para el mercado y para los objetivos climáticos de Europa. Pero esa oportunidad se desperdiciará si las exclusiones mínimas para la categoría de Transición van más allá de lo que ya exigen los marcos existentes de la UE. Excluir sectores intensivos en carbono de los productos categorizados como de transición no acelera la descarbonización; simplemente crea una categoría de Transición que financia lo que ya es “verde” en lugar de lo que está en proceso de transición activa. Los colegisladores deben resistir la tentación de hacer que el marco parezca más estricto sobre el papel, a costa de hacerlo menos eficaz en la práctica”, reclama Anyve Arakelijan, asesora senior de políticas en Efama.
Desde Efama apoyan la introducción de categorías de producto claras, la simplificación de las divulgaciones a nivel de producto, la eliminación del reporte de PAI a nivel de entidad y una mayor alineación con las preferencias de sostenibilidad de MiFID/IDD. No obstante, advierten de que determinadas decisiones técnicas determinarán si el nuevo régimen reduce realmente la complejidad manteniendo, a la vez, su credibilidad.
Hacer realidad la simplificación
En primer lugar, Efama considera que para lograr una reducción real de cargas, los requisitos que se van a suprimir —en particular el reporte de PAI a nivel de entidad— deberían dejar de aplicarse tan pronto como las normas revisadas entren en vigor. “Mantener temporalmente obligaciones de reporte ya discontinuadas durante la fase de implementación generaría costes operativos evitables sin aportar beneficios a los inversores”, apuntan en su último comunicado.
Al mismo tiempo, afirman que cualquier norma nueva debería aplicarse únicamente cuando estén disponibles los estándares técnicos necesarios, con un calendario de implementación realista de al menos 18 meses. En este sentido, consideran esencial evitar cambios repetidos en las divulgaciones para mantener la confianza de los inversores y prevenir alteraciones innecesarias en el mercado.
Apoyar la transición de Europa, no restringirla
En segundo lugar, Efama reconoce que tiene serias preocupaciones sobre los requisitos mínimos de exclusión propuestos, que van más allá de la base regulatoria existente en la UE establecida por las Directrices de ESMA sobre denominación de fondos y los requisitos del Climate Transition Benchmark (CTB).
En su opinión, estas incorporaciones generan una fragmentación regulatoria innecesaria. “En particular, para la categoría de Transición, existe el riesgo de excluir a los sectores intensivos en carbono donde los esfuerzos de transición son más críticos. El análisis de las exclusiones propuestas sugiere que aproximadamente el 90%-95% del sector energético mundial quedaría excluido de los productos de inversión categorizados como de transición, y que hasta el 50%-60% de las utilities de mercados emergentes se enfrentarían a exclusiones. Instamos a los colegisladores a alinear plenamente los criterios mínimos de exclusión con las bases de referencia ya establecidas en la UE, para garantizar coherencia regulatoria, preservar la diversificación de carteras y mantener un marco creíble e invertible a nivel global”, argumentan.
Reconocer el papel de los bonos soberanos
La tercera reflexión que lanza la organización industrial es que los bonos soberanos son un pilar de las carteras diversificadas y una herramienta crítica para la financiación pública de inversiones climáticas y sociales. Por ello, avisan que excluir los bonos soberanos de propósito general de las categorías “Transición” y “Sostenible” incrementaría el riesgo de las carteras, reduciría la diversificación y debilitaría la coherencia del marco. “Deberían ser elegibles, sujetos a metodologías de evaluación sólidas y transparentes”, defienden desde Efama.
Transparencia adaptada al usuario final
Por último, piden una rendición de cuentas equilibrada en todo el ecosistema de las finanzas sostenibles, incluidas mayores exigencias de transparencia para los proveedores de datos ESG. “Los productos comercializados exclusivamente a inversores profesionales deberían contar con una opción de exclusión (opt-out) que permita divulgaciones adaptadas a clientes sofisticados, sin imponer restricciones de categorización orientadas al retail. También será esencial realizar pruebas con consumidores de las medidas de implementación, para garantizar que la información de sostenibilidad siga siendo clara, comparable y comprensible para los inversores minoristas”, concluyen desde Efama.
Por Funds Society, Madrid
