El pasado 30 de diciembre, Puerto Rico anunció el impago de 37 millones de dólares a sus acreedores. Esta medida consiste en un impago selectivo que permitirá atender a los proveedores del Gobierno de Puerto Rico y prestar servicios esenciales a la población.
En una conferencia de prensa, el gobernador Alejandro García Padilla indicó que 35,9 millones corresponden a intereses de la deuda emitida por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (Puerto Rico Infrastructure Finance Authority o PRIFA); y 1,4 millones de la deuda emitida por la Corporación de Financiamiento Público de Puerto Rico (Puerto Rico Public Finance Corporation o PFC).
En su intervención detalló que el lunes 4 de enero vencen obligaciones que ascienden a 757 millones de dólares, asegurando que se realizaría el pago de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que están garantizadas por la constitución local y ascienden a 328 millones.
En agosto de 2015, Puerto Rico tomó ya la decisión de no abonar un vencimiento concreto de 58 millones de dólares, que también correspondían a la Corporación de Financiamiento Público. Este impago fue percibido por los analistas como una medida de presión para forzar la reestructuración de la deuda.
Batalla en el Congreso de Estados Unidos
El Gobierno de Puerto Rico ha estado ejerciendo presión en el Congreso de Estados Unidos para poderse acoger al Capítulo 9 de la Ley federal de quiebras, lo que permitiría a la isla reestructurar su deuda de forma ordenada bajo supervisión judicial. Hasta ahora la oposición de la mayoría republicana del Congreso había bloqueado cualquier iniciativa, pero el 11 de enero se inicia una nueva ronda de audiencias sobre la crisis fiscal y de la deuda de 72.000 millones de dólares que acumula el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, se había comprometido a buscar una solución legislativa en el primer trimestre del año. Por el momento y de forma preliminar, se han establecido tres primeras audiencias, los días 11, 13 y 26 de enero. En la primera convocatoria del día 11, participaría Comité Jurídico de la Cámara de Representantes y se centraría en las propuestas dirigidas a darle acceso al gobierno de Puerto Rico al citado Capítulo 9 de la Ley federal de quiebras, según anunciaba la publicación El Nuevo Día. En la segunda convocatoria de esa misma semana, será la sesión oral del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la cláusula constitucional federal de doble exposición (el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle). Y, por último, el 26 de enero tendrá lugar la tercera visita pública, convocada por el subcomité de Asuntos Insulares de la Comisión de Recursos Naturales; y se centraría en analizar la imposición de una junta federal de control fiscal.
Por Alicia Miguel
Por Fórmate a Fondo
