Pocos dudan de la valiosa aportación de la Ley del Mercado de Valores en España a la economía nacional en su ya cuarto de siglo de vigencia. Pero, más allá de la autocomplacencia, los expertos reunidos en el acto de celebración del 25 aniversario de la Ley del Mercado de Valores organizado por BME, la CNMV y la Fundación de Estudios Financieros, son conscientes de la necesidad de realizar nuevas reformas legales que afectan al funcionamiento de los mercados financieros; cambios que profundicen en la protección y garantías del inversor, ayuden a minimizar los riesgos sistémicos y sitúen la normativa española de mercados en consonancia con la europea.

Sobre la mesa están actualmente dos propuestas sobre gobierno corporativo empresarial: en primer lugar, la propuesta de código mercantil, encargada por el Ministerio de Justicia en 2006, presentada y publicada en junio de 2013 por la Comisión General de Codificación y que el Gobierno pretende aprobar dentro de la actual legislatura; y en segundo término, el estudio sobre cambios normativos en materia de gobierno corporativo presentado por el Comité de Expertos designado en primavera con este fin y que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de que acabe el año. A partir de ese momento, la CNMV tendría cuatro meses para adaptar el Código Unificado de Buen Gobierno. En opinión de Manuel Olivencia, catedrático de Derecho Mercantil y vicepresidente de Cuatrecasas, Goncalves-Pereira, los temas de gobierno corporativo están reduciendo su carácter voluntario y son cada vez más imperativos.

Para el experto, la clave es que ambas normas sean acordes y resuelvan sus divergencias, que afectan a temas como las competencias de las Juntas Generales de las sociedades cotizadas; la definición de las minorías; los contenidos de la información previa necesaria a las juntas y sus plazos; el número máximo de accionistas para asistir a las juntas; los conflictos de intereses; las limitaciones del número de votos que puede emitir un accionista en Junta General; la impugnación de acuerdos; las funciones de la CNMV en las juntas o el concepto de consejero independiente. “Existen reuniones entre el Ministerio de Justicia y Economía para llegar a un acuerdo que todos deseamos porque, si hay diferencias entre las normas, se daría muy mal ejemplo”, dice.

La reforma del sistema de compensación y liquidación en el mercado de valores español es otro reto pendiente. Según explicó Ángel Benito, director general de Mercados de la CNMV, la legislación a nivel europeo en distintos ámbitos (la normativa EMIR, que llevará a organizar a través de cámaras de contrapartida los derivados OTC; la normativa de CSD e Iberclear y la Securities Law Legislation, sobre el registro y anotaciones en cuenta de los titulares de valores) obliga a realizar cambios en el sistema español. Entre ellos, destacó la implantación de la liquidación por saldo y no por referencia de registro; la creación de una cámara de contrapartida central (también para la liquidación de acciones) o la instauración de la firmeza, que ahora se produce en la contratación, en el momento de la liquidación, lo que permitirá que las operaciones puedan ser anuladas siempre que una cámara de compensación lo garantice y reducirá los costes de la liquidación.

Según explicó, el compromiso es que algunos cambios se vayan implantando progresivamente (como el del acortamiento del periodo de liquidación desde D más tres días, a D más dos días, en noviembre de 2015) y que todos ellos estén listos en febrero de 2017, con el sistema T2S y multilateral que exige el Banco Central Europeo.

Los objetivos

Todos estos cambios tienen como objetivo, según señaló David Wright, secretario general de IOSCO, la protección de los inversores, la promoción de mercados justos, eficientes y transparentes, y, como relativa novedad, la reducción de los riesgos sistémicos y el apoyo a la estabilidad financiera. Wright se fija también como reto la de fomentar el rol de los mercados para impulsar la economía real y la financiación de las empresas. “La sociedad exige y tiene derecho a una regulación adecuada. No nos podemos permitir que los escándalos como los de las preferentes, los sellos o el Euríbor se repitan, ni tampoco otra crisis financiera”, explicó en el evento.

De ahí su defensa por el control de los riesgos sistémicos y su prevención, incluso fuera del marco legal. “Tenemos potestad de actuar incluso cuando los riesgos no estén captados en la ley. El reto es identificar productos, servicios u otros aspectos dañinos, dentro y fuera del marco legal, y mitigar el problema antes de que crezca”. IOSCO ha creado un departamento de estudios que, en su último informe, señala riesgos como la vuelta de los inversores al apalancamiento en su búsqueda de rentabilidad; el uso de colaterales que también aumentan el apalancamiento de las entidades financieras y que quedan escondidos fuera de sus balances; el crecimiento de las interconexiones por los cambios en los mercados de derivados y el rol de las cámaras de compensación; y la volatilidad de los flujos de capitales en los mercados emergentes debido a los cambios bruscos en los tipos de interés en los mercados desarrollados.

“Desde IOSCO realizaremos peticiones a los reguladores nacionales o a las entidades, y si el supevisor ha de destapar malas prácticas, que así sea, pues beneficiará a todos”, apostilla.