El supervisor de mercados español, la CNMV, ha cumplico su XXV aniversario, unas bodas de plata que coinciden con el nacimiento de la Ley del Mercado de Valores, que dio origen a la institución. En la conferencia que se ha celebrado hoy en Madrid, diversos políticos, expresidentes del supervisor y otras personalidades relevantes del mundo de las finanzas y los mercados han repasado la historia de la institución, cuyo nacimiento, según el ministro español de Economía Luis de Guindos, “es un hito que marcó la modernidad de los mercados de capitales y dio paso a su apertura, sofisticación, crecimiento de volumen y profesionalización de actores e intermediarios, con mayores exigencias de transparencia e información”. 

Aunque su nacimiento ya marcara un hito de por sí en los mercados, los participantes en el evento reconocieron que ha llovido mucho desde entonces e hicieron balance de un periodo en el que muchas cosas han cambiado, sobre todo a raíz de la crisis desencadenada en 2008. Así, los profesionales de las empresas de servicios de inversión e instituciones de inversión colectiva (fondos y sicav), reflejaron la revolución que ha supuesto, y supondrá en el futuro, la introducción de sucesivos cambios normativos y destacaron las consecuencias que tendrán MiFID II y PRIPS, aprobadas recientemente por el Parlamento Europeo.

Así, la revisión de MiFID (MiFID II) supondrá importantes cambios en las normas de conducta de las empresas de servicios de inversión, un tránsito que no siempre será fácil. Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario general de la AEB, reconoció que desde “las normas principales de conducta o principios generales de corte civil” instaurados hace un cuarto de siglo, la revolución ya llegó con MiFID I en 2004, al concretar en obligaciones esos principios generales y al obligar a las entidades a clasificar a los clientes y a los productos, a registrar sus contratos, o a conocer al cliente con el test de idoneidad, además de introducir conceptos como el asesoramiento, los incentivos o los productos complejos. Con la llegada de la crisis y la consiguiente pérdida de confianza, la labor supervisora se acentuó y llegó MiFID II, con novedades como la distinción entre el asesoramiento dependiente e independiente y mayores exigencias de información. “Hay un cambio de paradigma y el tránsito no será siempre fácil”, según Rodríguez, convencido de que las entidades tendrán que hacer esfuerzos para cumplir con las obligaciones pero también los clientes deberán esforzarse por estar bien informados porque “si no están dispuestos, de nada servirán miles de documentos o firmas y seguirán tomando decisiones equivocadas”. También pidió esfuerzos a los poderes públicos para mejorar la cultura financiera y crear un marco jurídico estable.

Ignacio Santillán Fraile, director general de Fogaín, el fondo de garantía de inversiones, también destacó MiFID II y sus etiquetas de asesoramiento dependiente o independiente, como una normativa “capaz, o no, de alterar la estrategia de prestación de negocios en las ESI”. El experto destacó que el reto de las empresas de servicios de inversión está en crecer y expandirse internacionalmente, tras haber superado la crisis con buena nota de solvencia a pesar de la caída de los beneficios, y situar el sector con 41 sociedades de inversión, 39 agencias de valores, 5 gestoras de carteras y más de 130 EAFI, con distintos modelos de negocio.

Antonio Romero Mora, director adjunto del Área de Servicios Asociativos y Auditoría de la CECA (la confederación de cajas de ahorro españolas, también destacó el papel de MiFID II, de las revisiones de UCITS (UCITS V ahora, con la revisión de la figura del depositario) o la Directiva de Mediación de Seguros como “iniciativas de segunda generación regulatoria para reforzar la protección al inversor” pero se centró en el impacto de PRIPS, también aprobada por el Parlamento, y que afectará a los productos de inversión minorista empaquetados y seguros que ofrecen rendimientos ligados a las fluctuaciones de mercado, dejando fuera a los seguros ordinarios, los depósitos normales, y los fondos y planes de pensiones. Así, hizo hincapié en la necesidad de información que sus “fabricantes”, es decir, gestoras y aseguradoras, tendrán que ofrecer a través del KID o documento simplificado, sobre el tipo de producto, sus riesgos (en función de un indicador sintético de riesgo pendiente de determinar), información sobre cómo reclamar, o los costes de los productos, en la mayoría de los casos antes de la firma del contrato con el cliente. Además, en algunos casos deberán incluir una alerta previa advirtiendo de que el cliente está a punto de comprar un producto no simple y que puede ser difícil de entender. Aunque algunos contenidos están pendientes de desarrollar por ESMA o la EBA en el transcurso de los dos años y 20 días en los que tarde en entrar en vigor tras su publicación, considera que es un elemento positivo que marca “un nuevo modelo para la prestación de información a los consumidores”.

Para Mariano Rabadán Fornies, presidente de Inverco, PRIPS viene a reducir la situación de discriminación en cuanto a transparencia en la que se encuentran los fondos y sicav, que ya tienen KID, frente a otros productos que no lo tienen, en la medida en que “nuestro sector es modélico y transparente y otros sectores podían no serlo tanto”. Rabadán, que señala que las IIC han estado bajo la supervisión de la CNMV desde su nacimiento, alabó la temprana normativa que dio el pistoletazo de salida a las IIC en España en el año 1964, hace medio siglo, y que recogió también el modelo anglosajón para los fondos cuando en el continente europeo prevalecían las sicav, de origen francés, dando lugar al desarrollo de ambas fórmulas. “El legislador acertó con la estructura y se adelantó 20 años antes de que llegara la primera normativa UCITS en 1985 con un esquema equivalente, lo que determinó su éxito hasta 2006”, cuando las IIC llegaron a los 280.000 millones en activos. Con la crisis esa cifra mermó pero la industria está inmersa en una rápida recuperación. Los activos en IIC y fondos de pensiones en España suman 370.000 millones, el 36% del PIB, y a nivel mundial se sitúan en 40 billones de euros, 40 veces el PIB español y el 75% del mundial.

Carlos Lavilla Rubira, presidente de Ascri, cerró la mesa redonda hablando de las distintas fases de desarrollo del capital riesgo: tras el nacimiento y expansión desde 1986 a 2008 (y entrando bajo la supervisión de la CNMV en 2005), llegó la recesión pero habla de 2014 como un año de punto de inflexión y con tres retos por delante: lograr que los inversores institucionales españoles apuesten más por el activo, como ocurre en otros países; asegurar que España se consolida como jurisdicción atractiva para los fondos de capital riesgo (aunque la regulación de 2005 lo está logrando); y tratar de impulsar el crecimiento del sector. Esta nueva fase, con el número de entidades estabilizado en el entorno de 200 y los activos en 25.000 millones, tendrá también un hito regulatorio cuando se apruebe la nueva normativa de capital riesgo, que según Luis de Guindos estará lista en las próximas semanas. “La financiación alternativa a la bancaria para las pymes tendrá un papel fundamental”, aseguró el ministro de Economía español.

El ministro acabó su discurso alabando las distintas reformas económicas llevadas a cabo en España en los últimos años y sus logros, como consecuencia de las cuales “España ha ganado atractivo para invertir y eso se refleja en los fondos de inversión”.