La reforma de pensiones en España está en boca de políticos, sindicatos y agentes sociales. Independientemente de unas u otras valoraciones, los expertos coinciden en que el texto pone sobre la mesa la necesidad de que el ciudadano tome conciencia de la problemática sobre la sostenibilidad del sistema y dé pasos hacia el ahorro privado.

“Todos los ajustes y la aplicación de criterios de sostenibilidad introducen un elemento de mentalización sobre las pensiones públicas futuras y el hecho de que las actuales generaciones no recibirán la misma pensión que la de sus padres”, comenta Ángel Martínez-Aldama, director general de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Y por ello necesitarán completarla con el ahorro privado.

En este sentido, el experto cree también clave el borrador de reglamento, que se publicará antes de finales de este año y entrará en vigor en 2014, que establece que la Seguridad Social remitirá a los trabajadores de más de 50 años un sobre físico con la información estimada de su pensión futura, lo que obligará a los ciudadanos a hacer sus cuentas. “Con la información en la mano, cada uno podrá organizar su economía y los ciudadanos se darán cuenta de que el ahorro futuro no es un tema del Estado, sino de cada uno mismo”, dicen otras fuentes de la industria.

Factor de sostenibilidad

El objetivo de la reforma es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones público en España y ayudar al país a cumplir los objetivos de déficit reclamados por Bruselas. Los cambios diseñados por el Gobierno son algo más suaves que la propuesta inicial del Comité de Expertos, y se basan en dos pilares fundamentales: el factor de sostenibilidad y el factor de revalorización. El factor de sostenibilidad es una especie de ajuste automático de determinados parámetros de las jubilaciones (como los años de cotización, la edad de retiro o el importe inicial de la pensión) que se vincula a la evolución de la esperanza de vida de los ciudadanos. Es un sistema que, con sus propios matices y peculiaridades, ya se aplica en países como Austria, Alemania, Portugal, Grecia y Dinamarca.

Así, en el cálculo inicial de la pensión y una sola vez, se aplicará un coeficiente corrector para calcular las nuevas pensiones que tendrá en cuenta la esperanza de vida en ese momento, y se revisará cada cinco años. Lo que se pretende es que durante la etapa de jubilado el pensionista reciba la misma contribución que ha hecho a la Seguridad Social durante la vida laboral, “para evitar dejar cargas económicas a futuras generaciones ante el aumento de la longevidad”, explica Aldama. Es decir, que a medida que aumente la esperanza de vida, si no se aporta más al sistema, la cantidad que recibirá el pensionista disminuirá. “El factor introduce elementos de objetividad para hacer sostenible el sistema”, dice Aldama. “El sistema de reparto ha de ir ajustándose en función de la población y su envejecimimento. Es lo que pretenden las múltiples reformas que ha habido en España, desde la de 1985 a la actual, pasando por la de 2002, 2011 o el año pasado la reforma para la jubilación parcial”, añade. “El sistema público no puede mantenerse con la actual pirámide de población y la evolución de la población activa. Es un tema de necesidad”, dicen otros expertos.

Este cambio se aplicará a partir del año 2019.  “Bruselas pidió a España que acelerara la indexación de las pensiones: la reforma de 2011 establecía la introducción de estos cambios en 2027 pero ahora se adelantarán a 2019”, explica el experto. Otros cambios paramétricos ya contemplados en la reforma de 2011 y que podrían acelerarse ahora son el aumento de los años de cotización necesarios para recibir la totalidad de la pensión pública (desde 35 a 37), el aumento de la edad de jubilación a los 67 años -de forma progresiva hasta el año 2027-, o la dilatación del periodo de cómputo de la pensión futura, desde los actuales 16 años hasta los 25 años -también de forma progresiva hasta llegar a 25 años en el año 2022, y sin descartar mayores aumentos en el futuro, según Aldama-.

El peso de las cuentas del Estado

El segundo pilar sobre el que se asienta la reforma es el factor de revalorización, que pretende desvincular la revisión anual de las jubilaciones de la evolución del IPC: ahora, la inflación será una referencia más pero también se tendrá en cuenta la evolución de la economía, del déficit público y los ingresos y gastos de la Seguridad Social. El Gobierno español consideraría un periodo de 11 años (los seis inmediatamente anteriores y los cinco posteriores) a la hora de aplicar estos criterios, en lugar de tomar como referencia un único ejercicio.

El Gobierno propone establecer un suelo mínimo de revalorización anual de entorno al 0,25%, con lo que, las pensiones nunca bajarían nominalmente y tampoco se verían congeladas pero si su revalorización es inferior a la inflación de ese año se produciría una pérdida de poder adquisitivo del pensionista. También habría un techo de subida,  del IPC más un 0,25%.