La adopción y desarrollo de la normativa de inversión sostenible es un proceso largo e intenso que ha dejado grandes novedades en los últimos seis meses, pero que aún tiene mucho camino por recorrer y necesidad tanto de simplificación de los procesos como de estandarización, señalaron expertos de BNP Paribas AM en un reciente webcast sobre la evolución del reglamento de divulgación en materia de finanzas sostenibles de la UE (SFDR).

Laurence Caron-Habib, directora de asuntos públicos en la gestora, y Pierre Moulin,  responsable global de productos y marketing estratégico, hicieron un repaso del estado de la cuestión y del posicionamiento de la industria y de BNP Paribas AM.

Caron-Habib recordó los principales componentes regulatorios de base en Europa, con el SFDR como elemento central. A su vez, el bloque de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) se aplica a las empresas y junto con la taxonomía de la UE, que crea una lista de actividades económicas que contribuyen a los seis objetivos medioambientales propuestos, facilitará datos al mercado que permitirán “a los gestores de activos reubicar el capital hacia inversiones alineadas con la transición hacia una economía más sostenible, así como proporcionar datos que los gestores de activos utilizarán para cumplir con su propia obligación de informar”, explicó la experta.

Finalmente, el tercer gran bloque se compone de las preferencias sostenibles de los clientes (MiFID II e IDD), que se clasifican según tres categorías: dos positivas sobre un porcentaje mínimo de alineación con la inversión sostenible o con la taxonomía, y la tercera negativa, en el sentido de evitar impactos negativos (principales incidencias adversas o PIAS).

“En resumen, podemos decir que del enfoque se centra en alcanzar el objetivo final del Pacto Verde de la UE, es decir reasignar el capital hacia una economía más sostenible. Y en segundo lugar, para que tenga éxito, es crucial que los clientes finales reciban información clara, sencilla y adecuada, porque de lo contrario no se verán incentivados a expresar preferencias claras y sostenibles y a hacer su propia contribución a esta transición”, destacó Caron-Habib.

Novedades recientes

Aunque se trata de un proceso regulatorio muy largo que se seguirá implementando en los próximos años, los últimos seis meses han estado cargados de novedades. En relación con el SFDR, las autoridades supervisoras europeas publicaron consultas sobre un amplio abanico de temas, desde la lucha contra el greenwashing a las esperadas respuestas de la Comisión Europea a las preguntas planteadas por las autoridades supervisoras sobre la aplicación. El paquete de medidas se compone de varias propuestas, la primera sobre el acto delegado que complementa al reglamento de taxonomía en lo relativo a la identificación de las actividades económicas que contribuyen a objetivos medioambientales. También hay una nueva propuesta legislativa fiscal sobre los proveedores externos de calificación ESG y una serie de documentos de preguntas y respuestas y recomendaciones, así como ejemplos prácticos dirigidos a entidades que quieran canalizar sus inversiones hacia una transición sostenible.

También se produjeron una serie de iniciativas a nivel nacional por parte de los gobiernos para alinearse con el SFDR, pero también para intentar simplificar los procesos y a la vez añadir indicadores adicionales. Ir convergiendo hacia una armonización de las normas es la única manera de lograr una verdadera comparabilidad entre emisores y productos de inversión, dijo Caron-Habib.

A ello se suma el objetivo de aclarar conceptos y dar coherencia a distintas normativas nacionales y europeas pero también de fuera de la UE, así como una armonización con criterios mínimos para los fondos artículo 8, donde existen muchas diferencias entre gestoras.

“Una cuestión clave será si el SFDR seguirá siendo solo un reglamento de divulgación o si se introducen algunos otros componentes como una especie de iniciativas de etiquetado fuera de la UE”, señaló.

En este contexto, desde BNP Paribas AM creen que las orientaciones deberían abordar el tema de cómo gestionar la ausencia de ciertos datos, puesto que lo datos están en el centro de todo cuando se habla de regulación y criterios ESG. Este aspecto se aplica asimismo a los proveedores externos de calificación ESG. “Y de forma más global, consideramos que debe considerarse un tiempo suficiente, y en algunos casos, una aplicación escalonada para el SFDR”, dijo.

“El segundo punto, que es muy importante para nosotros, es la necesidad de simplificación y normalización de costes. La simplificación se aplica especialmente a las plantillas en el marco del SFDR, pero ambas son clave para evitar interpretaciones divergentes y especialmente entre las autoridades nacionales competentes. Y por último, y lo más importante, la simplificación y la normalización también son fundamentales en la lucha contra el greenwashing”.

También añadió que desde la gestora apoyan un “enfoque relativo”, es decir no el uso de umbrales absolutos, sino la remisión a un índice de referencia o al universo de inversión del fondo. “Este enfoque relativo debería aplicarse a diferentes niveles, en las plantillas de información precontractual y de información periódica, pero también a la hora de considerar las directrices de las normas sobre la denominación de los fondos”, dijo.

Y agregó: “Nuestra propuesta es hacer referencia a la proporción de inversión sostenible en comparación con el índice de referencia, con el universo de inversión del fondo y, al mismo tiempo, creemos que también es importante adoptar criterios mínimos y directrices de calibración para mitigar las divergencias que existen entre la metodología utilizada por el gestor de activos”.

Evolución en la industria

Por su parte, Moulin habló acerca de dónde se sitúa la industria en la actualidad, así como la propia gestora y sus estrategias. Entre los 20 principales gestores de activos de fondos abiertos europeos, que representan alrededor del 50% del mercado, el 51% de los activos bajo gestión (ABG) están clasificados como artículos 8 y 9.

A su vez, un 46% de ABG tiene en cuenta las PIAS y un 24% está comprometido con la inversión sostenible. La taxonomía en cambio aún no se ha establecido del todo, porque menos del 2% está comprometido con los objetivos de la taxonomía. “Así que el mensaje es que la adopción está siendo bastante rápida en la industria, con un porcentaje ya significativo de activos clasificados como inversión sostenible entre las 20 principales gestoras”, indicó Moulin.

“En cuanto a BNP Paribas AM, hemos sido muy ambiciosos y tenemos cerca del 90% de nuestros fondos de inversión clasificados como artículo 8 o 9, así  como un porcentaje significativo de un 7% de activos bajo gestión alineados con la taxonomía, vinculado a nuestra importante gama de productos temáticos, que es muy adecuada para asumir compromisos de taxonomía”, señaló.

El experto agregó que para profundizar en las categorías del SFDR han incluido un cuarto tipo de fondos, clasificados como artículos 8+ (con €110.000 millones ABG), que tienen criterios de sostenibilidad más estrictos, una contribución positiva sustancial a los objetivos de sostenibilidad, mitigando al mismo tiempo las externalidades negativas, y una media de 15 puntos porcentuales más de inversiones sostenibles que sus índices de referencia. A ellos se suman las estrategias artículo 8 regular (€112.000 millones ABG), las artículo 6 (€26.000 millones ABG) y 20.000 millones de euros bajo gestión en fondos artículo 9, que exigen aspirar a un 100% de inversión sostenible en la cartera.

En opinión de Moulin, la reasignación de capital debe verse en términos relativos, también como forma de ser menos dependientes del muy discutido tema de lo que es una definición de inversión sostenible. “Con una metodología determinada, si la aplicas a tu índice de referencia y a tu cartera y observas la sobreponderación o infraponderación, eres menos sensible a esos parámetros de calibración y abordas de verdad lo que significa la reasignación de capital”, que en el caso de BNP Paribas AM se sitúa de forma global en más del 15% en comparación con los índices de referencia.

En conclusión, Moulin destacó la importancia del cliente final como centro de los esfuerzos regulatorios, y como tal la necesidad asociada de simplificar algunos de los conceptos. Pero también destacó que la regulación es “un viaje inacabado hacia esa transición sostenible”, por lo que requiere estar abierto al diálogo y actuar con transparencia.