Solo en Europa, el número de votos con una postura activa sobre el clima se han más que triplicado en las últimas dos temporadas de Juntas Generales de Accionistas (JGA), solicitando a los accionistas que den su visto bueno a los planes climáticos de las empresas. Se espera que continúe esta tendencia, al haber cada vez más compañías que buscan el desarrollo de planes con los que atajar el cambio climático. Pero ¿es meramente por cumplir, o incluso ‘greenwashing’? ¿Cómo deberían valorar los inversores tales propuestas?

Julia Wittenburg, responsable de Active Ownership en J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management (SAM), explica que ya van varios años en los que se remiten a las JGA propuestas relacionadas con el clima, siendo la mayoría solicitudes para la gestión de emisiones por parte de accionistas de compañías intensivas en carbono. “Lo que hemos visto en los últimos dos años es diferente, porque el incremento de las peticiones está procediendo de propuestas del equipo directivo que están pidiendo a los accionistas que den apoyo a la estrategia climática de la compañía”, lo que en el mundo anglosajón se conoce como “say-on-climate”.

Wittenburg constata un incremento de la divulgación obligatoria de información financiera relacionada con el clima en muchos mercados, a menudo bajo la introducción del marco de información TCFD (Grupo de Trabajo para la Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima, por sus siglas en inglés), como ha sido el caso por ejemplo en Suiza. La experta también recuerda que han aparecido organizaciones como la iniciativa Net Zero Asset Management (NZAM), de la que es miembro J. Safra Sarasin, que también han puesto la preocupación por el cambio climático al frente de las agendas ESG de los inversores. “Las empresas han respondido a los inversores, pero también a las crecientes demandas de transparencia de otras partes interesadas, presentando voluntariamente su enfoque sobre el clima como una votación no vinculante en su Junta General de Accionistas”, añade.

Tal ha sido el caso, por ejemplo, de los proxy advisors. La experta de J. Safra Sarasin SAM explica que los dos más influyentes son Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis, pero que presentan aproximaciones diferentes: mientras que el primero apoyó cerca del 95% de las votaciones referentes al clima que se presentaron en Europa en 2022, el segundo recomendó oponerse o abstenerse en el 40% de los casos. Wittenburg indica que un elemento diferenciador clave en el asesoramiento que presentan ambos es “la creencia de que los comités ejecutivos deberían retener la responsabilidad última sobre la estrategia climática de la compañía, en vez de delegar la última palabra a los accionistas”.

En cualquier caso, la responsable de Active Ownership constata que la tendencia para ambos proxy advisors es “volverse más críticos con los votos sobre cuestiones climáticas, indicando la complejidad que se requiere para analizar estas propuestas, ya sea en términos de divulgación transparente de emisiones de carbono, compromiso en el largo plazo o establecimiento de objetivos creíbles”. La experta asevera que “el say-on-climate todavía está en pañales, y las opiniones en torno a ello están divididas”, en referencia a que algunos actores del mercado creen que ayudará a mejorar la divulgación sobre las emisiones de carbono, mientras que otros lo ven con mayor escepticismo, como ha sido el caso de la gestora Vanguard, que la experta pone como ejemplo por haber expresado su preocupación por “las potenciales implicaciones y consecuencias inesperadas sobre el buen gobierno y la responsabilidad”.

Dicho esto, la representante de J. Safra Sarasin SAM prefiere quedarse con los aspectos positivos de este creciente activismo climático, ya que considera que ayuda a “elevar la concienciación sobre el clima en las juntas de accionistas, al dar a los accionistas la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el plan de transición que ofrezca la compañía”. Wittenburg explica que, desde el punto de vista corporativo, esto es un hecho “significativo”, dado que “la empresa busca voluntariamente la aprobación de los accionistas sobre cómo establecer y aplicar su estrategia climática, aunque este voto no sea jurídicamente vinculante”. En el caso europeo, añade que esta clase de acciones ayudan a llevar la “E” de ESG al contexto de las JGA, algo que también valora positivamente.

¿Se puede confundir la acción de voto con ‘greenwashing’?

Se entiende por greenwashing las acciones que realiza una compañía para dar la imagen de estar comprometida con la sostenibilidad, pero que tienen más de estética que de práctica. Al preguntar a la experta si la extensión de esta clase de consultas no vinculantes en el seno de la JGA puede llegar a ser un lavado de cara, esta aclara que “el voto es solo asesoramiento en naturaleza, y a veces la propuesta no tiene claridad o ambición” y, por tanto, admite que es necesario estar atentos a este riesgo.

Además, actualmente no existe ningún marco legal que establezca consecuencias para las compañías que no logren apoyo mayoritario para una propuesta climática, y además constata que en casos en que esto ha sucedido tampoco se ha visto que las empresas hayan vuelto a plantear propuestas similares para someter a votación en los años siguientes. “Es más, se percibe el riesgo de que la empresa traslade a los accionistas la responsabilidad de las estrategias de transición climática”, advierte.

¿Cómo evitar, entonces, el greenwashing? Wittenburg da pautas claras: “Creando concienciación sobre el clima, estableciendo una estrategia, dando a los accionistas voz e incrementando la transparencia en términos generales”. Sin embargo, matiza que “con frecuencia, el demonio está en los detalles”; se refiere a que es tan importante el desarrollo de una estrategia climática como “la ejecución exitosa de la misma en el largo plazo”, por lo que recomienda establecer hitos y objetivos reales a corto y medio plazo. “Queremos ver más que un objetivo de reducción de emisiones de carbono”, resume.

La postura de J. Safra Sarasin SAM

Wittemburg explica que la manera que tienen en la firma de evaluar las propuestas say-on-climate es mediante un análisis pormenorizado caso por caso, cuyo punto de partida consiste en alentar a los equipos directivos a ser transparentes en la publicación de sus estrategias de acción climática a través de múltiples canales. “Aplicamos nuestra política de voto climático a las empresas con mayores emisiones de nuestro universo de inversión y colaboramos con ellas en cuestiones climáticas, por ejemplo, a través de la campaña anual de divulgación del Carbon Disclosure Project (CDP)”, concluye.