En un contexto en el que los tipos de interés están de vuelta y los bonos vuelven a ser atractivos, especialmente para los inversores conservadores, Flossbach von Storch ha decidido lanzar un nuevo fondo de estilo buy&hold de vencimiento centrado en la solidez y la calidad, el FvS Laufzeitfonds 2027.
Según explica, este vehículo de inversión viene a dar respuesta a aquellos inversores que buscan ciertos rendimientos previsibles tras un 2022 especialmente duro. El gestor del fondo, Patryk Jessen, y su equipo de renta fija construirá una cartera centrada en: bonos corporativos, cédulas hipotecarias y bonos del Estado de emisores considerados de alta calidad crediticia, con objeto de minimizar las posibilidades de impago; bonos emitidos en euro, para minimizar el riesgo de divisa; y bonos cuyo vencimiento coincida con el vencimiento del fondo, a fin de minimizar el riesgo de reinversión.
Desde Flossbach von Storch indican que el objetivo es maximizar la probabilidad de alcanzar la rentabilidad esperada en el momento del lanzamiento del fondo. Según comentan, a la hora de diseñar el fondo, se ha estimado que cuatro años es un periodo óptimo para conjugar una rentabilidad interesante con un riesgo controlado. De hecho, se ha dado prioridad a la seguridad más que a maximizar el rendimiento esperado. “Actualmente prevemos una indicación de rentabilidad después de costes de alrededor del 3% con lo que aspiramos a una distribución anual del 2,75%. El fondo contará con clases de acumulación y de distribución. El objetivo final de rentabilidad se fijará cuando se lance el fondo”, señalan desde la firma.
Además, aunque el fondo tiene un periodo de cuatro años, está previsto un «evento de reembolso» anticipado en interés del cliente. “Habiéndose cumplido los tres primeros años, si se alcanzara la rentabilidad acumulada prevista en el momento del lanzamiento, se produciría un reembolso anticipado al cliente, dando lugar a una rentabilidad anualizada más elevada”, matizan.
Por último, desde la gestora indican que el periodo de suscripción del Flossbach von Storch – Laufzeitfonds 2027 comienza la semana que viene y se extiende hasta finales de abril de 2023. Además, el subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento de divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).
Los países de la Unión Europea tienen que trasponer en su ordenamiento jurídico la Directiva de whistleblowing (Directiva (UE) 2019/1937) relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión. De ahí que recientemente, la Comisión Europea, el pasado 15 de febrero, decidiera llevar a España, junto con otros como República Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia, ante el Tribunal de Justicia por no haber incorporado y notificado las medidas nacionales de transposición de la Directiva. Pero España acaba de mover ficha y el Congreso de los Diputados ha aprobado la la ley que traspone la directiva, y que protege al denunciante de infracciones normativas y lucha contra la corrupción.
Según explica Ana Benítez Lanza, socia de finReg360, esta Directiva debería haber sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico el 17 de diciembre de 2021. “Si bien en España se estaba trabajando desde enero del 2021 en un proyecto de Ley para transponer la Directiva, no ha sido hasta el pasado jueves 16 de febrero de 2023 cuando el Congreso de los Diputados ha aprobado la versión definitiva del Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que transpone la directiva a nuestro país”, indica.
En concreto, esta nueva ley les será de aplicación a las entidades financieras, con independencia del número de trabajadores que tengan en todo lo que no se regule en su normativa específica.
Así, la experta de finReg360 explica, en cuanto al ámbito de aplicación, que el proyecto de ley obliga a las entidades privadas con más de 50 trabajadores a implantar canales y procedimientos internos de denuncia. Si bien, matiza, esta exención no debe aplicarse a las empresas privadas que estén obligadas a establecer canales de denuncias internos en virtud de su normativa sectorial de la UE, como es el caso de las entidades sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, MiFID II, UCITS, AIFMD, MAR, entidades de dinero electrónico, entidades de pagos, etc. De ahí que la norma afecte a todas las entidades financieras españolas.
Las claves del texto
El texto publicado el 21 de febrero de 2023 en el Boletín Oficial del Estado contiene escasas novedades respecto al proyecto de ley aprobado el pasado 23 de septiembre, analizan en finReg 360. Entre las novedades, destacan, en el ámbito de aplicación que el texto incluye dentro del ámbito de aplicación todas las infracciones penales o administrativas graves o muy graves que supongan un quebranto económico a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.
En los canales de denuncias y su procedimiento, el canal de denuncias se considera el cauce preferente para informar de infracciones, con las condiciones de que se pueda tratar de manera efectiva la infracción y de que el denunciante considere que no hay riesgo de represalia. Para documentar las comunicaciones verbales mediante grabación o transcripción, se necesita el consentimiento del informante. El responsable del canal de denuncias desarrollará su actividad sin que pueda recibir órdenes de ningún tipo y con los medios personales y materiales necesarios para ejercitarla. Con respecto al procedimiento de gestión de las informaciones, el plazo máximo de respuesta se fijaba en tres meses desde la entrada de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a los tres meses desde el vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación. En el nuevo texto se prevé que, en caso de excesiva complejidad, podrá ampliarse por otros tres meses adicionales.
Sobre competencias autonómicas del canal externo, la ley matiza que la autoridad facultada para proteger al denunciante podrá ser la Autoridad Independiente de Protección del Informante o las autoridades u órganos competentes de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. También incluye una nueva previsión para las denuncias presentadas por el canal externo en el País Vasco, que deberán regirse por la norma autonómica.
Sobre protección de datos, la ley destaca que, si la información puede ser constitutiva de delito por falta de veracidad de la información facilitada, se prohíbe eliminarla y se guardará el tiempo necesario durante el trámite del procedimiento judicial. El texto final elimina la obligación de contar con un delegado de protección de datos a las entidades que tengan que contar con un canal de denuncias conforme a la ley.
Sobre estrategia contra la corrupción, desde su entrada en vigor, la ley fija un plazo de 18 meses para que el Gobierno diseñe una estrategia contra la corrupción para paliar deficiencias encontradas en ese tiempo.
Las entidades sujetas a esta ley tienen un plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor, día de marzo, para implantar o adaptar su canal de denuncias interno, esto es, hasta el 13 de junio de este año. Como excepción, las entidades del sector privado con menos de 250 trabajadores podrán implantarlo hasta el 1 de diciembre de 2023.
Ámbito de aplicación
La ley protege a las personas físicas que informen, entre otras, sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la UE sobre las siguientes materias: contratación pública; servicios, productos y mercados financieros; prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; protección de los consumidores; protección de la privacidad y de los datos personales; seguridad de las redes y de los sistemas de información; intereses financieros de la UE; mercado interior, en lo relativo a competencia, ayudas estatales e impuesto de sociedades; y seguridad y salud en el trabajo; o “puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social”.
Ámbito de protección
Sobre las personas protegidas, la norma protege a los denunciantes que trabajen en los sectores privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. En cualquier caso, abarca a personas que trabajan por cuenta ajena, incluyendo a las que hayan finalizado la relación laboral o estatutaria, voluntarios, becarios, en períodos de formación, perciban o no una remuneración, y a las que no hayan iniciado la relación laboral si la información sobre infracciones la ha obtenido durante el proceso de selección o de negociación precontractual; funcionarios públicos; autónomos; accionistas, partícipes y miembros del órgano de administración, de la dirección o supervisión de una empresa, incluidos los no ejecutivos; cualquier persona que trabaje bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas y proveedores.
También se aplicarán las medidas de protección a facilitadores, terceros y entidades jurídicas relacionadas con el denunciante.
Medidas de protección
Las medidas de protección previstas en la ley incluyen la prohibición de represalias -por ejemplo, suspensión del trabajo, despido, daños o pérdidas económicas, coacciones, acoso, evaluación negativa, inclusión en listas negras o anulación de licencia o permiso-; medidas de apoyo, como información y asesoramiento integral sobre la protección y derechos del denunciante, asistencia efectiva en su protección y apoyo financiero y psicológico; medidas de protección frente a represalias; medidas de protección para las personas investigadas, y programas de clemencia -por ejemplo, eximir al denunciante (que haya participado en la comisión de la infracción) del cumplimiento de la sanción administrativa que le correspondiera en determinadas circunstancias-.
Canales de denuncia
Sobre sistemas internos de denuncias, la norma exige a las entidades con 50 trabajadores o más que dispongan de canales y procedimientos internos de denuncias y de su seguimiento. Las entidades financieras que ya estuvieran obligadas a disponer de estos sistemas en su organización han de seguir rigiéndose por su regulación específica y, en lo no previsto, atender a lo que determina la nueva ley.
Los procedimientos de denuncia interna deben cumplir los siguientes requisitos: permitir a todas las personas facultadas por la ley a informar sobre infracciones; mantener la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier otro mencionado en la denuncia; permitir la presentación de comunicaciones verbales, escritas o ambas; integrar los canales internos de comunicación; asegurar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva; ser independientes y aparecer diferenciados respecto de los sistemas internos de información de otras entidades u organismos; contar con un responsable del sistema, que podrá ser un órgano colegiado o la propia función de cumplimiento normativo; definir y publicitar una política que recoja los principios generales del sistema y de los canales internos de información; contar con un procedimiento para tratar las comunicaciones recibidas, que debe recoger un plazo máximo de siete días para notificar la recepción de la denuncia, y determinar las garantías de protección de los denunciantes.
Los canales internos que se implanten han de abarcar la presentación y tratamiento de comunicaciones anónimas, y podrán gestionarlos la propia entidad o un tercero. El órgano de administración o de gobierno de cada entidad (o el organismo encargado, en el sector público) será el responsable de implantarlos. Por último, como se ha dicho, todas las entidades que integran el sector público están obligadas a disponer de un sistema interno de información.
Sobre el canal público externo de denuncias, la ley aborda también la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que tendrá las siguientes funciones: llevar el canal externo de comunicaciones, decidir sobre las medidas de protección al denunciante previstas en la norma, elaborar normas que afecten a su ámbito de competencias, tramitar los procedimientos sancionadores e imponer sanciones, y fomentar y promover la cultura de la información.
“Toda persona física podrá informar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes, a través de su canal externo de comunicaciones, la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, ya sea directamente o previa comunicación a través del correspondiente canal interno”, destacan en finReg360.
Protección de datos
Sobre cobertura de los tratamientos de datos, el texto prevé que los tratamientos en los que se basa el sistema de denuncias, cuando son legalmente obligatorios, están amparados por el artículo 6.1.c) del reglamento general de protección de datos (RGPD), como “cumplimiento de una obligación legal”. Cuando no sean obligatorios, serán lícitos, según el artículo 6.1.e), como “tratamientos realizados en cumplimiento de misión en interés público”. Asimismo el tratamiento de las categorías especiales de datos se podrá realizar conforme a la excepción del artículo 9.2.g) del RGPD (“por razones de un interés público esencial”).
Sobre derechos de protección, a los informantes y a quienes lleven a cabo una revelación pública se les debe informar expresamente de que su identidad será en todo caso reservada y no se comunicará a las personas a las que se refieren los hechos relatados ni a terceros. La identidad del informante solo podrá ser comunicada a las autoridades competentes en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora, informando previamente al interesado sobre dicha revelación, salvo si se puede ver comprometida la investigación o el procedimiento judicial.
La ley limita el ejercicio de los derechos de acceso y oposición por las personas a las que se refieren los hechos, dado que no podrán conocer la identidad de los informantes, y salvo prueba en contrario, se presumirá que existen motivos legítimos imperiosos para tratar sus datos personales.
El acceso a los datos incluidos en el sistema de denuncias se debe restringir a determinadas categorías de usuarios como son el responsable del sistema y de su gestión, el responsable de Recursos Humanos, en caso de las medidas disciplinarias, el responsable de Servicios Jurídicos, en caso de las medidas legales, los encargados de tratamiento designados, y el delegado de protección de datos.
Mutua Madrileña ha lanzado al mercado Plan Ahorro Plus Fidelidad II, un seguro de vida-ahorro con una rentabilidad bruta garantizada del 2,60% durante el primer año (la rentabilidad neta será del 2,10%). Posteriormente, la entidad fijará el tipo de interés de forma trimestral.
Plan Ahorro Plus Fidelidad II puede contratarse con una aportación mínima inicial de 750 euros y permitirá hacer aportaciones adicionales por el mismo importe.
Marta León, directora del área de seguros de vida de Mutua Madrileña, afirma que este nuevo producto es una alternativa de inversión a las Letras del Tesoro o los depósitos bancarios, frente a los cuales cuenta con la característica diferencial de ofrecer cobertura por fallecimiento. “El seguro garantiza el capital invertido y una rentabilidad atractiva e incluye, además, una prestación por fallecimiento del titular, en cuyo caso los beneficiarios recibirán el ahorro existente en el momento, más un capital adicional del 10% (con un máximo de 1.200 euros). Además, está respaldado por la garantía y solvencia de Mutua Madrileña”, comenta León.
Producto de bajo riesgo
El nuevo seguro de ahorro de Mutua Madrileña, que comercializa su agente de seguros exclusivo Mutuactivos AV, surge para cubrir la elevada demanda de productos de bajo riesgo por parte de los clientes. “Las subidas de tipos de interés nos brindan una oportunidad para ofrecer un seguro de ahorro con capital e interés garantizados, características que solicitan un buen número de ahorradores en estos momentos. En los últimos meses ha crecido la demanda de inversores de perfil conservador que buscan alternativas sin riesgo con las que maximizar su capital”, señala. El producto presenta un nivel de riesgo 1, en una escala que va de 1 a 6.
“En Mutua Madrileña estamos siempre atentos a las oportunidades que puedan abrirse en el mercado para lanzar nuevos productos acordes con las necesidades de nuestros clientes”, concluye Marta León.
Fiscalidad
El nuevo seguro de vida-ahorro comercializado por Mutuactivos AV tributa exclusivamente cuando se realiza un reembolso parcial o total por los rendimientos generados, que tienen la consideración de rendimiento de capital mobiliario. La prestación por fallecimiento tributa por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Plan Ahorro Plus Fidelidad II aplica una comisión sobre la provisión matemática del 0,50%, que ya está descontada en la rentabilidad neta del 2,1% garantizada para el primer año y, adicionalmente, una prima por cobertura de fallecimiento, cuyo importe se calcula según la edad del asegurado.
Sobre Mutuactivos
La cartera de este seguro está gestionada por Mutuactivos SGIIC, la entidad de gestión de activos de Mutua Madrileña. Es la primera gestora independiente de grupos bancarios por volumen de ahorro gestionado en fondos de inversión, según datos de Inverco a cierre de enero de 2023. En la actualidad, gestiona un patrimonio superior a los 9.000 millones de euros en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro.
Foto cedidaEl director de Desarrollo Sostenible de BCC-Grupo Cajamar, Roberto García Torrente, recogiendo el premio en París
El director de Desarrollo Sostenible de BCC-Grupo Cajamar, Roberto García Torrente, recogió en París el premio otorgado por CDP a la banca cooperativa Cajamar, con calificación ‘A’, por su transparencia corporativa y desempeño en materia de cambio climático, siendo una de las pocas empresas que ha obtenido esta valoración entre más de 15.000 empresas puntuadas.
García Torrente, en su intervención durante la ceremonia de entrega de los galardones CDP Europe Awards, ha puesto en valor la implicación de las empresas en la transición hacia una economía verde: “La sostenibilidad no debe ser un factor de competencia entre empresas sino de colaboración, y en este sentido ha destacado la importancia de conseguir la colaboración de todos los agentes que participan en la cadena de valor, desde la producción a la comercialización y distribución y los clientes finales”, ha señalado.
CDP, organización no gubernamental, referente mundial en procesos y metodología de información en relación al cambio climático y las empresas, ha valorado el compromiso del Grupo Cooperativo Cajamar con la transición hacia una economía verde que mitigue el impacto del cambio climático en la actividad de sus socios y clientes, así como en el conjunto de la sociedad. Así como la puesta en marcha de iniciativas financieras sostenibles para la medición y gestión de los riesgos derivados del cambio climático, su impacto en la cartera crediticia, así como otras orientadas a la transparencia y gestión de la huella de carbono, en respuesta a las nuevas exigencias tanto metodológicas de calificación como de divulgación.
Este mes de febrero se ha abierto el período de recepción de los trabajos de este año con vistas a la puesta en marcha de la VIII Edición de los Premios Rafael Termes Carreró, promovidos por la Delegación catalana del Instituto Español de Analistas.
Los premios se otorgan en memoria del fundador, Rafael Termes, con el objetivo de estimular y reconocer el trabajo de investigación y estudio en el ámbito de la actuación profesional del analista financiero, valorándose especialmente la combinación del rigor en el análisis con la sencillez en la exposición y el carácter aplicado del estudio a la práctica profesional del analista financiero.
La participación está abierta a una o varias personas físicas, y la fecha límite de recepción de los trabajos será el 14 de septiembre de 2023.
Para más información, las bases de los premios de esta VIII edición y los trabajos premiados en ediciones anteriores, están disponibles en su página web, a la que puede acceder aquí.
Bankinter Investment SGEIC, la nueva gestora de fondos de inversión alternativa, lanza su primer fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa I FCR.
Este fondo permitirá que los inversores, delegando la gestión de su inversión en la nueva gestora, accedan a un amplio universo de inversiones alternativas, hasta ahora restringidas a inversores de altos patrimonios o institucionales dado su elevado importe.
Con la constitución de la nueva gestora y al amparo del nuevo marco regulatorio establecido en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, los clientes de Bankinter podrán acceder a través de este nuevo fondo, con importes de entrada a partir de los 10.000 euros, a oportunidades de inversión en la economía real seleccionadas por la propia gestora junto a sus socios expertos sectoriales.
La nueva gestora permitirá también mantener la exclusividad de los clientes de banca patrimonial del banco, que podrán seguir realizando inversiones directas en los distintos vehículos de inversión que se vayan lanzando, al mismo tiempo que podrán invertir en este nuevo formato de gestión delegada.
Este primer fondo podrá invertir en activos de sectores tan variados como las energías renovables, las infraestructuras, la logística, las residencias de estudiantes, los hoteles, las superficies comerciales, la tecnología o el capital riesgo, entre otros.
El fondo tendrá como vocación la diversificación de sus inversiones, así como la búsqueda de activos que permitan ofrecer a los inversores una retribución estable, periódica, con protección frente a la inflación y sin renunciar en sus objetivos a lograr un potencial de revalorización del capital a largo plazo.
Esta tipología de inversiones, a cambio de un plazo más largo y una mayor iliquidez, se caracteriza por tener una menor correlación con los mercados financieros y los ciclos económicos, al mismo tiempo que busca una optimización del binomio rentabilidad riesgo, contribuyendo a una adecuada diversificación y equilibrio del ahorro de las familias.
Conviene destacar también el alto impacto que estas inversiones tienen creando valor y riqueza para la sociedad a través del ahorro de las familias y contribuyendo a la creación de empleo y desarrollo económico de múltiples sectores.
La nueva gestora mantendrá el modelo seguido hasta ahora por Bankinter Investment en su actividad de inversión alternativa: búsqueda de activos con generaciones de ingresos estables y predecibles en el largo plazo, selección de socios especializados para cada tipo de inversión, monitorización rigurosa de todos las inversiones y la coinversión de Bankinter Investment S.A.U. y sus socios expertos sectoriales, lo que supone una clara alineación de intereses con el resto de inversores.
Una trayectoria con 20 vehículos de inversión
Desde 2016, Bankinter Investment ha lanzado con éxito 20 vehículos de inversión alternativa con un capital comprometido por inversores superior a los 4.000 millones de euros que, incluyendo la financiación asociada, supone actualmente una cartera de activos bajo gestión superior a los 7.000 millones de euros y que se acercará a los 10.000 millones de euros una vez estén todos los vehículos invertidos al 100%. Las distribuciones (dividendos y desinversiones) realizadas a inversores a la fecha actual alcanzan los 810 millones de euros, incluyendo la desinversión del primer vehículo de inversión en renovables que se lanzó en 2017 (Helia I) donde los inversores más que duplicaron el valor de su inversión en un plazo de 4,5 años. Las inversiones de los últimos siete años se han centrado en sectores tan diversos como las energías renovables, residencias de estudiantes, hotelero, sector inmologístico, infraestructuras, tecnología, edificios de oficinas, superficies comerciales y capital riesgo.
Novedades en la banca privada de Santander. Según ha podido saber Funds Society, Francisco Javier García es ahora el nuevo director adjunto del negocio en España, liderado por Adela Martín.
Durante más de siete años, Francisco Javier García ha sido director comercial de Santander Private Banking España, puesto al que se incorporó en 2015. Anteriormente, durante casi 14 años, trabajó en Bankinter, en distintos puestos como director comercial de Banca Privada, director comercial de Finanzas Personales o Private Wealth Manager (dentro del equipo de sicavs), entre otras posiciones. También ha trabajado en entidades como Andbank.
García es licenciado en Económicas por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con varios MBA por el IE Business School. También cuenta con un programa de liderazgo empresarial por el HEC París, según su perfil de LinkedIn.
Para converger con el modelo global, Adela Martín incorporaba recientemente a sus responsabilidades de Banca Privada y Gestión de Activos el negocio de Seguros y el área pasaba a llamarse Wealth Management & Insurance. Martín, que forma parte del Comité de Dirección de Santander España, reporta directamente al CEO de la entidad. También mantiene su reporte a Víctor Matarranz, como responsable global de este negocio.
La gestión discrecional de carteras y el asesoramiento financiero siguen creciendo como vía para distribuir fondos de inversión en nuestro país. Según los últimos datos de Inverco, casi dos tercios de las IICs en España se han distribuido mediante gestión discrecional o asesoramiento (190.093 millones de euros), y el resto vía comercialización (34,6%), con datos a diciembre de 2022.
Así, a final de año, la proporción de IICs distribuidas mediante asesoramiento y gestión discrecional asciende hasta el 65,3% de diciembre 2022. En concreto, el porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 28,1% del total. Por otra parte, la distribución de IICs a través de asesoramiento alcanza el 37,2% del total. De este modo, el asesoramiento ya es el canal mayoritario de distribución de fondos y sicavs en España.
Inverco obtiene estos datos a partir de una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IICs en España, y que incluye información de entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros.
Ligera caída en la distribución de IICs en GDC
Las cifras muestran también el crecimiento del negocio de gestión discrecional en España. De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IICs, que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 108.000 millones de euros a finales de diciembre de 2022 (dato obtenido a partir de los 104.412 millones para las gestoras que facilitan la información).
Durante 2022, el valor de la distribución de IICs a través de gestión discrecional de carteras experimentó un descenso de apenas el 2%, a pesar de la notable corrección experimentada por los mercados financieros durante el año.
El número estimado de contratos superaría el millón (en concreto, 1.063.806 para las entidades que remiten información a Inverco), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.
Mientras que el mercado inmobiliario directo continuará probablemente en una fase de descubrimiento de precios en 2023, el sector inmobiliario cotizado sigue un paso por delante. ¿Puede continuar la mejora de los resultados del sector? En Janus Henderson Investors creen que sí. Desde la firma mantienen que «unos flujos de ingresos fiables, junto con una estructuración de la deuda muy mejorada en los años posteriores a la crisis financiera mundial y unas valoraciones poco exigentes, pueden posicionar a la renta variable inmobiliaria como una solución favorable para la cartera en un periodo de debilidad cíclica.
La firma ha organizado un webcast en torno a esta temática que se celebrará el 8 de marzo a las 14:00 GMT/15:00 CET/9:00 EST. En él participarán Guy Barnard, codirector de Renta Variable Inmobiliaria Global, y a Matthew Bullock, director de Construcción y Estrategia de Carteras para EME. Ambos proporcionarán su análisis sobre los atributos de esta clase de activos y darán perspectivas sobre los subsectores que consideran que están mejor posicionados para seguir generando beneficios y crecimiento de los dividendos, incluso cuando las economías se ralenticen.
Puede registrarse gratuitamente para atender a este webcast a través de este enlace.
Pixabay CC0 Public DomainWolf von Rotberg, estratega de renta variable de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management
Tras un 2022 desafiante, los inversores en renta variable no podrán bajar la guardia en 2023: “El año seguirá siendo difícil. En primer lugar, el crecimiento en EE.UU. se ralentizará, por lo que en la parte de los beneficios empresariales veremos una revisión a la baja desde los niveles actuales. En cambio, el mercado está poniendo en precio un resultado más optimista” explica Wolf von Rotberg, estratega de renta variable de J. Safra Sarasin Sustainable AM (JSS SAM).
De hecho, el estratega afirma que las expectativas para la renta variable son todavía más optimistas que las que ya se están descontando en la renta fija, e interpreta que “parece que mucho de lo puesto en precio está respaldado por la esperanza de que la Fed vuelva a recortar los tipos de interés”. Pero, para que se cumpliera este escenario, “se requeriría que la inflación cayera de forma bastante agresiva en los próximos meses”, y esto debería impactar especialmente a la inflación de servicios, que está más alta y es más persistente que otros componentes de la inflación.
La previsión de JSS SAM es que la Fed alcance su tipo terminal del ciclo de subidas este año, pero también creen que “no será capaz de revertirlo rápidamente y empezar a recortar los tipos otra vez, porque las presiones inflacionarias persistirán”. La implicación para la renta variable es que “las valoraciones deberían estar cerca del rango alto de la horquilla en estos momentos, dado que básicamente ya se ha puesto en precio una Fed más acomodaticia”. No obstante, el experto anticipa que “de cara al final de año debería producirse una recuperación, una vez que la inflación deje de ser un problema y la Fed tenga más margen para empezar a recortar los tipos”.
La visión que aplica el estratega para invertir en renta variable es predominantemente top down: “Analizamos el momento en el que se encuentra el ciclo mediante el estudio de datos como los PMI, que pensamos que son muy relevantes”, indica. El objetivo es identificar cambios en el momento que supongan puntos de inflexión dentro del ciclo, para poder adelantarse e invertir en oportunidades que surjan en el mercado. El marco de análisis que manejan en JSS SAM también incluye el monitoreo de otros factores que consideran relevantes, como los cruces de divisas o los tipos de interés, así como factores específicos de cada mercado; por ejemplo, Rotberg explica que si analizan el sector automovilístico europeo también estudian la demanda en China, porque es un mercado muy relevante para los fabricantes.
Cabe destacar que una de las características que distinguen a JSS SAM es la aplicación de criterios ESG en todos y cada uno de los pasos de su proceso de inversión. Como explica Daniel Wild, director de sostenibilidad de la firma, “esto comienza con la exclusión de compañías que se dedican a ciertas actividades controvertidas, continúa con la identificación de poderosas tendencias ESG a largo plazo reflejadas en nuestra asignación de activos y, finalmente, con la selección de los líderes de cada sector con perfiles ESG superiores”. “Una vez integrados estos criterios ESG, nuestras carteras no sólo se supervisan en busca de riesgos potenciales, sino que vamos más allá y también nos implicamos activamente para mejorar el perfil ESG de las empresas en las que invertimos”, añade.
¿Dónde están las oportunidades?
Rotberg indica que ahora mismo el segmento que encuentra más interesante es el de renta variable emergente, en particular por la radical reapertura de China: “China está muy, muy comprometida con lograr una recuperación cíclica de su economía, que estará impulsada principalmente por el consumidor, a diferencia de recuperaciones previas, que estuvieron impulsadas por los estímulos por la vía del crédito y la construcción”, contextualiza el experto de JSS SAM. Rotberg aclara que la manera de invertir de la compañía en la historia de recuperación cíclica del crecimiento de China “es más táctica, de cara a los próximos doce meses”, aunque insiste en que encuentra muy atractiva la región.
El experto también llama la atención sobre las oportunidades en otros países asiáticos, como Taiwán o Corea, que se benefician de la reapertura del gigante asiático y del retroceso del dólar después de la fortaleza exhibida por el “billete verde” el año pasado. “El dólar debería debilitarse básicamente por dos razones, que están ligadas entre sí. El centro del crecimiento se está desplazando a nivel global, desde EE.UU. hacia Asia. Como resultado, deberíamos ver una convergencia de los rendimientos entre EE.UU. y otras regiones”, explica.
De cara al largo plazo, Rotberg insiste en que “lo más importante para la rentabilidad va a ser el crecimiento de los beneficios”. Muestra su convicción de que “todavía hay compañías growth y tecnológicas produciendo el mayor crecimiento de beneficios del mercado”, por lo que recomienda mantener “una exposición significativa a este sector, en particular a nombres estadounidenses, porque su capacidad para innovar y capturar nuevos mercados es extraordinaria”.
Otro sector que gusta en la firma es la banca: “Nos gustan los bancos en Europa. También los de EE.UU., incluso aunque la Fed bajara los tipos de interés en el corto plazo, se mantendrían en niveles más elevados durante más tiempo. De hecho, es muy improbable que los tipos regresen a los niveles donde estaban cuando el Covid”, aclara Rotberg.
La previsión del estratega es que el bono estadounidense a diez años se mueva entre el 3% y el 3,5%, lo que implica que “para la banca, está regresando la madera tradicional de hacer negocio, van a actuar más como prestamistas que como bancos de inversión”.
En el caso europeo, el estratega destaca también la labor de provisionamiento que ha hecho la banca en los últimos años, que ahora está mucho más saneada y lista para beneficiarse de las subidas de tipos del BCE. Rotberg pone el acento en los bancos de mercados periféricos, como por ejemplo Italia, donde las entidades se están beneficiando enormemente del regreso del modelo tradicional de hacer negocios.
Rotberg finaliza con un último sector que gusta en JSS SAM, el de las compañías de pequeña capitalización europeas, particularmente las suizas. El experto destaca que este segmento no ha seguido con la misma fuerza la tendencia del resto del mercado, por lo que considera que “todavía presentan valoraciones muy atractivas”.
