Las últimas previsiones del Instituto de Actuarios Españoles (IAE) apuntan, en caso de no continuar con las reformas necesarias, a un aumento del gasto público en pensiones debido al incremento de la brecha entre cotizantes y jubilados. Según este organismo, en 2030 la ratio cotizante-pensionista será de 1,5, frente al 1,8 actual. Asimismo, el factor de sostenibilidad se verá estresado por el incremento de la esperanza de vida, que, según los datos del IAE, cada día que pasa aumenta 4,8 horas al nacer y 3,6 horas a los 65 años. Estos datos han sido dados a conocer durante el debate sobre Pensiones Públicas y Privadas organizado por el Instituto de Actuarios Españoles y en el que han participado representantes de los principales partidos políticos: PP, PSOE, IU-UP, Ciudadanos, Podemos y Vox.

Conscientes de la importancia de las pensiones como “piedra angular del estado de bienestar”, en palabras del presidente del IAE, Luis Mª Sáez-de-Jáuregui, y su relevancia como elemento de debate durante la campaña electoral, el IAE organizó esta jornada recientemente en Madrid con el fin de que las fuerzas políticas que concurren a los próximos comicios dieran a conocer las líneas básicas de su programa en esta materia. Asimismo, Sáez-de-Jáuregui recordó que “los actuarios se encuentran muy presentes en los tres pilares de las pensiones: en el primer pilar, público y de reparto; en el segundo pilar, de corte empresarial dentro de la negociación colectiva; y, en el tercer pilar, de ámbito privado e individual».

La mayor parte de los partidos políticos han abogado por la vuelta al consenso y a los principios del Pacto de Toledo para garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Asimismo, ante el escenario de bajada de cotizantes y la preocupación social, todas las fuerzas políticas han coincidido en que la mejor forma de asegurar la viabilidad del sistema es a través de la creación de empleo.

Carmen Álvarez-Arenas, candidata del PP en la lista por Madrid, ha defendido que el sistema de pensiones debe ser público y solidario y ha hablado de la necesidad de dotarlo de mecanismos que lo sostengan, como las reformas del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad puestas en marcha por su partido durante esta legislatura. Además, ha declarado que el PP estaría dispuesto a buscar nuevas vías de financiación siempre a través de impuestos y nunca de cotizaciones.

Isabel López i Chamosa, diputada del PSOE por Barcelona y Portavoz de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, ha señalado que hasta ahora todas las reformas en materia de pensiones se han realizado en el área de gastos y que ha llegado el momento de introducir cambios en la vertiente de los ingresos. En este sentido, su formación propone la creación de un impuesto social solidario similar al sistema francés. Además, ha destacado su disconformidad con las reformas en materia laboral y de pensiones adoptadas por el gobierno del PP durante la pasada legislatura y ha defendido su derogación.

Francisco de la Torre, miembro del equipo económico y candidato número 2 de Ciudadanos por Madrid, ha denunciado que la precariedad laboral complica el pago de las pensiones. En este sentido, ha recordado la advertencia realizada por la Unión Europea al Gobierno sobre el supuesto desfase existente en la previsión de ingresos por cotizaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Además, ha considerado necesario reformar el mercado de trabajo y aprobar políticas que ayuden a incrementar la natalidad. 

Eduardo Gutiérrez, diputado en la Asamblea de Madrid por Podemos, ha destacado la necesidad de volver al espíritu del Pacto de Toledo y llegar al consenso de todos los partidos políticos a la hora de plantear reformas al Sistema Público de Pensiones. Además, considera que actualmente el sistema es insostenible y que el problema estructural está en la reforma laboral planteada por el PP. En cuanto a las reformas fiscales, en su opinión, éstas deben ser selectivas y específicas.

Iván Espinosa de los Monteros, candidato número 2 al Senado por Madrid y secretario general de Vox, ha llamado la atención sobre la inversión de la pirámide poblacional y ha expuesto la necesidad de renunciar al Pacto de Toledo por ser un modelo insostenible. Considera también necesaria la puesta en marcha de medidas para apoyar a las familias, que son las que generan nuevos cotizantes, así como incentivar el empleo e incrementar la natalidad. Además, se ha mostrado partidario de posponer de forma voluntaria la edad de jubilación y compatibilizar la percepción de la pensión con jornadas de trabajo a tiempo parcial.

Sol Sánchez, candidata número 2 por Madrid de UI-UP, ha defendido la necesidad de realizar reformas en el lado de los ingresos, pero nunca en el del gasto y de modificar el mercado laboral para crear trabajos de calidad. Según su opinión, uno de los problemas viene dado porque la salida de esta crisis está siendo por medio de la devaluación de los salarios. Además considera que el Estado debería crear empleo digno y se deberían adoptar medidas como políticas de migración diferentes que ayuden al crecimiento de la población, como instrumentos que contribuyan a asegurar el Sistema Público de Pensiones.

Incentivación de los planes de pensiones de empleo

Todos los partidos políticos consideran positivos los planes de pensiones privados como complemento al sistema público. En este sentido, PSOE y Podemos han abogado por potenciar los planes de empleo, vía la negociación colectiva. El diputado de Podemos se ha mostrado favorable a corregir la regresividad de la fiscalidad, topando las cotizaciones máximas y diferenciando la tributación de los planes colectivos y los individuales.

Gregorio Gil-de-Rozas, vocal de la Junta del Gobierno del IAE y máximo responsable del Comité de Pensiones del Instituto, moderó el debate y quiso llamar la atención de los participantes sobre “la diferencia existente en la actualidad entre el fondo público y los fondos privados. El primero acumula 34.000 millones de euros, mientras los segundos ascienden a 270.000 millones de euros”.

Ciudadanos considera que para fomentar el ahorro a largo plazo es necesario que haya unos incentivos fiscales, diseñados dentro del equilibrio general del sistema para que no se dispare el déficit público. El PP ha destacado los incentivos fiscales recogidos en su programa electoral, como hacer que en el momento del rescate de un plan de pensiones, los rendimientos de las inversiones tributen como rentas del capital, normalmente a un tipo menor que las rentas del trabajo, o aumentar la cantidad con derecho a reducción en el IRPF por aportaciones conjuntas entre trabajador y empresa.

A diferencia del resto de formaciones políticas, IU-UP ha defendido un sistema cien por cien público y se ha mostrado convencida de que los planes de pensiones privados favorecen la especulación en los mercados financieros.

Todas las formaciones políticas se han mostrado de acuerdo en fomentar la transparencia con fórmulas para que los ciudadanos conozcan su contribución individual y la prestación que recibirán en el futuro.

Gil-de-Rozasfue el encargado de clausurar el debate, resaltando en su conclusión que «todos los partidos políticos abogan por seguir con las reformas de la Seguridad Social, si bien parece que ahora están más enfocados a identificar nuevas fuentes de ingresos que a recortar prestaciones. Sí existió unanimidad a la hora de apostar por un segundo pilar complementario fuerte y robusto, que promueva la negociación entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios, y en el que todos se han comprometido a respetar y la mayoría a incentivar».