Hace algunas semanas, cuando el gobierno de México declaró que iba a revisar el sistema de pensiones se generó incertidumbre sobre el futuro de las Afores. Afortunadamente las medidas que se anunciaron mantienen el modelo de cuentas individuales, las Afores continuarán administrando los recursos y los trabajadores seguirán teniendo la libertad de elegir la Afore que más les convenga.
Se decidió, correctamente, incrementar las aportaciones, las cuales pasarán de 6,5% a 15%, lo que significa aumentar el ahorro durante la vida laboral y por ende mayor será la pensión que recibirá la gente al momento de jubilarse. El gobierno modifica la forma de su contribución, asegurando una pensión mínima garantizada (entre 0,7 y 2,2 salarios mínimos) que estará en función de la edad, salario y semanas cotizadas, con mayor nivel para los salarios más bajos y mucho más pequeña para los de ingresos mayores.
Hay que reconocerle al gobierno su decisión de incrementar las aportaciones a las pensiones, sobre todo en un contexto de recesión como el que vive el país. A pesar de que el incremento de las aportaciones se va a registrar a lo largo de 5 años iniciándose a partir de 2023, finalmente representa un incremento en el costo de la mano de obra y por ende impactará negativamente la contratación de trabajadores y fomentará el mercado informal.
Aunque legalmente el incremento de la aportación le corresponde únicamente al empleador, en la realidad parte del aumento va a recaer en el trabajador vía un menor salario. Los trabajadores con menor poder de negociación salarial, es decir, los de más bajos salarios y donde exista mayor oferta de trabajadores, no podrán evitar que les traspasen parte del incremento de la aportación. Para el caso de la mano de obra calificada que sea más escasa, la proporción que tendrán que absorber del incremento de la aportación será menor, e incluso puede llegar a ser nula.
Debido a la estructura del mercado laboral mexicano, muchas personas no llegan a estar afiliados al IMSS durante toda su vida laboral. Hay personas que inician trabajando en una empresa y posteriormente se independizan o ponen un negocio, o intermitentemente trabajan afiliados o en el sector informal, por lo que no alcanzan a juntar el período de aportaciones necesario para jubilarse. La decisión de reducir el mínimo de semanas para poderse jubilar de 1.250 a 750, va a contribuir con esa población, ampliando el universo de afiliados al IMSS que tendrán derecho a una pensión.
Con estas modificaciones el aumento en el ahorro de largo plazo en el país va a incrementarse, permitiendo financiar proyectos de larga maduración. Por lo tanto, estas reformas también tendrán un impacto en el mercado financiero, donde se tendrán que generar instrumentos de largo plazo para ofrecerle a las Afores. Las reglas de inversión de las Afores tendrán que flexibilizarse para poder encontrar donde invertir los recursos y obtener rendimientos favorables a los trabajadores, a la vez, las comisiones disminuirán y estarán en función de los rendimientos que obtengan.
En conclusión, el fortalecimiento del sistema de pensiones contribuye a resolver el problema de evitar bajas pensiones de los afiliados al IMSS y amplia el universo de personas con derecho a jubilarse. Sin embargo, se mantiene el problema de las pensiones de organismos y universidades públicas y municipios, generando presiones en las finanzas públicas, y los trabajadores no afiliados continuarán desprotegidos. La autoridad no quiso entrar a solucionar estos casos.
Columna de Francisco Padilla Catalán
