Los datos financieros siempre serán una guía vital del futuro de las empresas, pero tendrán menos influencia en la asignación del capital a medida que las actitudes de los inversores cambien respecto al medio ambiente, el bienestar social y el gobierno corporativo.
De hecho, las empresas están descubriendo que el daño reputacional puede resultar fatal y tendrán que adoptar estos criterios para atraer clientes e inversores y, en su caso, evitar una intervención pública repentina y costosa.
Cinco de las petroleras más grandes del mundo ya se han visto envueltas desde enero de 2018 en una demanda multimillonaria de la ciudad de Nueva York, que alega que la industria contribuye al calentamiento global. Mientras tanto, se hace más visible el fuerte incremento de las energías renovables y se produce cierta estabilización en las emisiones de CO2.
Por su parte, las tecnológicas están intensificando los controles sobre la privacidad de datos y los fabricantes de alimentos y bebidas están bajo la presión por su elevado contenido calórico. Además, desde algunas esferas de opinión se plantea que las empresas tengan que desempeñar un papel clave en una hipotética renta universal que contribuya a combatir la desigualdad o que haya «impuestos a los robots» para compensar la pérdida de puestos de trabajo debido a la automatización.
De hecho, ya no es cuestión ética, sino de coste del capital. Así, de la misma manera que hace años se discutía si la inversión pasiva tenía sentido y, con el aumento de su popularidad sus activos globales se han multiplicado por diez desde 2005, actualmente la inversión socialmente responsable pasa de ser un tema de discusión a una necesidad a la que hay que adaptarse con un crecimiento del 15,5% anual.
En concreto, esperamos que las consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) se incorporen a más de la mitad de los activos bajo gestión en el mundo para finales de este 2018 y a dos tercios para 2020 (aunque no en todos los casos con la misma profundidad).
Además, los proveedores de índices pueden excluir las empresas menos sostenibles, haciendo mucho más difícil su financiación. Dado el crecimiento de la inversión pasiva, el impacto puede ser mayor. En última instancia las empresas excluidas pueden generar menor rentabilidad, fomentando la salida de inversores.
Mercer estima que esta tendencia puede reducir la rentabilidad del sector del carbón un 1,7% anual, impulsando hasta un 10,1% la de las empresas de energías renovables. A ello se añade que los estudios académicos vinculan atributos positivos ASG a una menor variabilidad de las ventas y mayor rentabilidad y menor volatilidad de las acciones a largo plazo. Por su parte, Standard & Poor’s ya ha citado los riesgos medioambientales como una razón principal de 299 de sus revisiones de calificación crediticia los últimos dos años.
Standard & Poor’s ya ha citado los riesgos medioambientales como una razón principal de 299 de sus revisiones de calificación crediticia los últimos dos años
Ahora bien, los desafíos a esta tendencia incluyen la necesidad de informes rigurosos y estandarizados para las empresas públicas y privadas, que midan con precisión los logros en sostenibilidad. Mientras los gobiernos, con restricciones fiscales y creciente necesidad de gasto social, cada vez más alientan a las empresas e inversores a adoptar estos principios y, con el interés en luchar contra el cambio climático y la contaminación y grandes inversores promoviendo estándares hay potencial para que se convierta en el «nuevo normal».
A medida que estos criterios se hagan modelo de facto los inversores premiarán las empresas «verdes», otorgando mayor valor a sus activos intangibles, a expensas de las menos sostenibles.
Sébastien Eisinger, director general adjunto de Pictet AM
